El PAMI atraviesa este viernes 22 de mayo de 2026 una crisis sin precedentes que golpea directamente a los afiliados jujeños: la obra social estatal de los jubilados expuso de manera abierta en internet historias clínicas, diagnósticos y documentos de identidad de sus afiliados en Jujuy, mientras el Gobierno Nacional reconoció la «crítica situación financiera» del organismo y aprobó un aporte extraordinario de $580.270 millones para evitar el colapso de las prestaciones.
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En simultáneo, la justicia penal federal mantiene reabierta la investigación por el devastador hackeo del grupo Rhysida en 2023. Tres frentes críticos que impactan de forma directa en los derechos más elementales de miles de adultos mayores de la provincia.
Jujuy, epicentro de la filtración de datos sensibles
Una investigación de Chequeado reveló que el PAMI publica en el buscador de compras de sus Unidades de Gestión Local (UGL) expedientes con información privada de sus afiliados, accesibles para cualquier usuario con conexión a internet. El análisis de las compulsas abreviadas de los primeros dos meses de 2026 detectó al menos 40 casos en los que se expone información de los pacientes, siendo los más graves los registrados en la UGL de Jujuy.
Los casos detectados en la provincia son alarmantes. Una afiliada jujeña solicitó una trombectomía y el PAMI subió al sistema todos sus datos personales, incluido su domicilio, y su historia clínica completa, con detalles de su cuadro clínico e informes pormenorizados de los estudios realizados. En otro expediente de la misma UGL, se cargó a la web el estudio de sangre y orina completo de una paciente que había solicitado un catéter urinario.
Entre los datos sensibles expuestos figuran también certificados de discapacidad, imágenes médicas de alta resolución, resultados de colonoscopias y, en varios casos, fotocopias de DNI con el número de trámite visible: información suficiente para cometer suplantación de identidad y fraudes financieros.
Desde el organismo reconocieron que se trata de una «anomalía grave y absolutamente contraria a los protocolos y estándares de protección de datos vigentes», según informó Chequeado. Las medidas adoptadas incluyeron la baja inmediata de los archivos y la apertura de sumarios administrativos. Sin embargo, para los afiliados afectados, el reconocimiento del error llega tarde: su información ya circuló abiertamente en la red.
La difusión de estos datos constituye una violación directa de la Ley de Protección de Datos Personales (N° 25.326), que cataloga la información de salud como dato sensible y prohíbe su tratamiento sin consentimiento expreso, y de la Ley de Derechos del Paciente (N° 26.529), que garantiza la confidencialidad de la documentación clínica.
$580.000 millones para tapar un agujero financiero
Este mismo viernes, el Gobierno Nacional oficializó mediante la Resolución Conjunta 26/2026 —firmada por los secretarios de Finanzas, Federico Furiase, y de Hacienda, Carlos Guberman— un rescate financiero de magnitud. El aporte financiero reintegrable supera los $580.000 millones para el PAMI, con el objetivo de garantizar la continuidad de las prestaciones y servicios para jubilados y pensionados, en medio de una reconocida «crítica situación financiera».
El dinero será destinado a atender obligaciones asumidas con prestadores y proveedores. La emisión de deuda se ejecutará mediante la ampliación de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos (LECAP), con vencimientos al 31 de julio, 31 de agosto y 30 de septiembre de 2026.
La inyección de fondos llega bajo una presión creciente de gobernadores que denuncian deudas millonarias acumuladas. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, fue contundente: «Jamás vamos a dejar a un abuelo sin atender porque la Nación no nos paga», en referencia a una deuda de $50.000 millones que reclama su provincia. Su par cordobés, Martín Llaryora, exigió que el organismo «ponga la cara y los recursos». La decisión llega después de una caída real del 10,5% en las transferencias del Tesoro al PAMI durante el primer cuatrimestre de 2026, lo que derivó en atrasos con clínicas, sanatorios y proveedores del sistema de salud.
El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, intentó matizar la gravedad de la situación al señalar, según consignó Infobae, que el organismo «no está desfinanciado» sino que «está ordenando un sistema que durante años acumuló desvíos, falta de trazabilidad y enorme presión financiera producto de la falta de controles».
La sombra del hackeo de Rhysida y la causa penal reabierta
La crisis de seguridad informática en la UGL Jujuy no surge de la nada. El 2 de agosto de 2023, el grupo internacional de ransomware Rhysida atacó los sistemas del PAMI, paralizando las operaciones a nivel nacional. Se trata de 1,6 millones de archivos filtrados con un peso total de 831 GB. La información robada incluye historias clínicas, estudios y otros datos muy sensibles. El organismo no pagó el rescate de aproximadamente USD 650.000 exigido por los atacantes, que publicaron el botín completo.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal puso fin a una controversia de más de un año al ordenar reabrir la causa que había sido cerrada en dos oportunidades por «imposibilidad de proceder». El PAMI, como querellante, insistió en que se desoyeron pruebas clave y que se abandonó prematuramente la posibilidad de avanzar en la investigación.
La pista que desbloqueó la causa proviene de Córdoba. El Juzgado Federal N° 1 de esa provincia imputó a Tiziano Palacios Arriondo, quien a través de un canal de Telegram habría adquirido con ánimo de lucro una o varias bases de datos robadas al PAMI, información que utilizó para ingresar ilegalmente al sistema de recetas electrónicas.
Desde el PAMI, bajo la conducción de Esteban Leguizamo, se insiste además en la necesidad de investigar posibles cómplices internos durante la gestión anterior liderada por Luana Volnovich. Con la causa nuevamente en curso, las autoridades judiciales buscan profundizar la investigación no solo sobre la red de recetas falsificadas, sino también sobre los vínculos de Palacios Arriondo con los verdaderos autores del hackeo masivo.
El riesgo concreto para el jubilado jujeño
Expertos en ciberseguridad advierten que la combinación de la filtración de 2026 y el hackeo de 2023 convierte a los afiliados de la provincia en blancos ideales para estafas virtuales, robo de identidad y fraudes con recetas electrónicas. Luciano Monchiero, especialista en cibercrimen, señala la urgencia de implementar auditorías de seguridad anuales obligatorias y estándares de seudonimización de datos para mitigar el impacto de futuras fugas de información.
La paradoja es brutal: mientras el Estado moviliza más de medio billón de pesos para saldar deudas contables, la privacidad digital de los jubilados más vulnerables continúa siendo tratada como un residuo administrativo. Para los afiliados de la UGL Jujuy, la pregunta urgente es cuánto de su información íntima ya está en manos del cibercrimen organizado, y qué medidas concretas adoptará el organismo para reparar un daño que ninguna Letra del Tesoro puede borrar de internet.
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