La provincia que alberga el parque solar más grande de la Argentina (hasta hace unos días) enfrenta una crisis tarifaria sin precedentes: las boletas de luz aumentaron hasta un 3.000% en menos de tres años mientras la deuda contraída por el complejo fotovoltaico de la Puna aplasta las finanzas provinciales por las próximas tres décadas.
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Entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el precio de la energía en Jujuy aumentó entre un 2.500% y un 3.000%. El abogado de la asociación de defensa del consumidor CODECUC, Alejandro Mur, reveló que el aumento drástico no responde únicamente a la quita de subsidios nacionales, sino a decisiones políticas y cargos técnicos exclusivos de la provincia. El precio del kilovatio (kWh) se multiplicó por 25 veces respecto al mismo periodo del año 2024.
La paradoja estructural es brutal: Jujuy genera con Cauchari el grueso de la energía que consume, pero sus ciudadanos figuran entre los que pagan la electricidad más cara del país. Según el diputado nacional Alejandro Vilca, la provincia tiene tarifas de luz que son las terceras más caras del país, pese a contar con el Parque Solar Cauchari que produce el 75% de toda la energía consumida en la provincia.
Un proyecto diseñado para el endeudamiento
La arquitectura financiera de Cauchari I, II y III es el núcleo del problema. El complejo fue financiado mediante dos instrumentos de deuda en moneda dura: un crédito del Eximbank de China y la emisión de Bonos Verdes en los mercados de Estados Unidos. La deuda total acumulada —incluyendo intereses y comisiones— asciende a USD 740 millones, desglosada en aproximadamente USD 350 millones con el banco chino y hasta USD 230 millones vía bonos, con el resto compuesto por intereses acumulados.
El diputado provincial Kevin Ballesty (La Libertad Avanza) ha sido uno de los críticos más contundentes del esquema. «Cauchari es un negocio que nunca se diseñó para bajar la tarifa energética a los jujeños… es un negocio manejado por 2 o 3 políticos pero financiado con deuda que van a pagar todos los jujeños por los próximos 30 años», advirtió el legislador. Ballesty también denunció que la provincia «sigue pagando las consecuencias de decisiones que nunca fueron explicadas con claridad», mencionando expresamente a Cauchari entre los antecedentes de gestión opaca.
El modelo de negocio es claro: JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado) vende la electricidad generada a CAMMESA, el administrador del mercado mayorista eléctrico nacional, a un precio que apenas alcanza para cubrir el servicio de la deuda. Con una ganancia anual real de apenas USD 25 millones —muy lejos de los USD 60 millones prometidos en los estudios de factibilidad originales— la provincia necesitará 30 años solo para devolver el capital prestado, sin generar excedentes para reinversión social.
«Cauchari es un negocio de una empresa estatal con CAMMESA. En esa ecuación no se beneficia al sector productivo, ni al sector público ni a los hogares jujeños. Lo que gana Cauchari, sólo es para Cauchari», remarcó Ballesty.
La comparación que expone el sobrecoste
La inauguración reciente del parque solar «El Quemado» en Mendoza por parte de YPF Luz abrió una comparación que incomoda al oficialismo provincial. El parque mendocino posee una potencia instalada de 305 MW —prácticamente idéntica a los 300 MW de Cauchari— y fue ejecutado en 18 meses con una inversión de 211 millones de dólares.
Cauchari, con menor potencia, demandó oficialmente USD 390 millones y sufrió demoras que generaron penalidades por incumplimiento contractual. Con el correr de los años, Cauchari ha demostrado un grado de ineficiencia al no cumplir con las proyecciones sobre la generación de energía, además de transparentar el costo elevado y una prolongación de la obra que encareció aún más el proyecto.
El contraste en el costo por megawatt instalado es demoledor: mientras el promedio regional ronda el USD 0,69 millón por MW —según lo evidencia El Quemado—, Cauchari trepó a entre USD 1,3 y USD 2,5 millones por MW dependiendo de si se toma el costo oficial o el total denunciado con intereses. La diferencia sugiere una sobrefacturación de hasta el 150% respecto a los estándares de mercado vigentes.
La boleta que aplasta a jubilados, pymes y familias
En las calles, el malestar se traduce en movilización creciente. En Palpalá, vecinos y el sindicato municipal SEOM llevan adelante una campaña de recolección de firmas contra los tarifazos, con facturas residenciales que oscilan entre $70.000 y $400.000 mensuales según relevamientos propios. Jubilados y pensionados son los más golpeados por los costos energéticos. La ola de protesta se extendió previamente desde San Pedro, Libertador General San Martín, Yuto y Fraile Pintado.
Esteban León, jubilado de Palpalá, lo resumió con su boleta en la mano: «Esto es algo inadmisible. A la clase de jubilados y pensionados nos han hecho pomada; uno gana la mínima y no alcanza para nada», según consignó Jujuy al Momento. El mismo vecino vinculó el problema con el pasivo de Cauchari: «Nos prometieron que íbamos a beneficiarnos y la provincia quedó endeudada».
La organización CODECUC fue más allá de los reclamos y acudió a la justicia. La justicia federal declaró competente al Consejo Defensor del Usuario Contribuyente y Consumidor de Jujuy para representar a usuarios en el recurso que exige eliminar la «percepción contribución única 6%» incorporada de forma compulsiva en la facturación de EJESA. Mur identificó además el denominado «cargo por uso de red» como una doble facturación encubierta sobre activos que son propiedad de la empresa distribuidora y no del usuario.
El referente de CODECUC fue contundente respecto al rol del Estado: «Me animo a decir que la empresa es una protegida del gobierno, e inclusive de ciertas municipalidades. Porque utilizan a la empresa para cobrar estas tasas, estos impuestos». Añadió que cuando su organización accionó judicialmente contra EJESA, el gobierno provincial salió a defender a la empresa distribuidora en lugar de proteger a los usuarios.
SUSEPU, el organismo que mira para otro lado
La SUSEPU (Superintendencia de Servicios Públicos) es el blanco de las críticas institucionales. El organismo regulador, que debería actuar como árbitro entre la empresa y los usuarios, es percibido por múltiples actores como una entidad capturada por el poder político. Aprueba incrementos tarifarios periódicos sin exigir contrapartidas de calidad del servicio, en una provincia donde los cortes de luz ante contingencias climáticas menores son frecuentes.
La contradicción es señalada desde distintos sectores: «Es una contradicción flagrante que Jujuy sea una gran productora de energía solar a través de Cauchari, capaz de abastecer casi todo el requerimiento local, pero que los vecinos sigan sometidos a los vaivenes de la empresa y a los aumentos que autoriza la SUSEPU como si fuera una oficina más de la prestataria», planteó un legislador provincial al anunciar un proyecto para rescindir el contrato de concesión de EJESA.
Cauchari IV y V: ¿solución o nueva deuda?
La respuesta oficial a la crisis tarifaria apunta a las futuras etapas del complejo solar. El vocero del gobierno provincial, Alberto Siufi, anticipó que «con Cauchari IV y V podríamos bajarle la tarifa de electricidad a la gente», aunque reconoció que la relación futura entre Cauchari como generadora y EJESA como compradora de esos kilovatios aún no tiene contratos rubricados y los acuerdos están lejos de concretarse.
El principal obstáculo declarado por el gobierno provincial es la demora del Ministerio de Economía de la Nación en autorizar el nuevo endeudamiento, pese a que —según el oficialismo— la garantía soberana ya estaría firmada. La oposición, sin embargo, cuestiona la lógica del planteo: si las etapas I, II y III resultaron en una deuda impagable en 30 años con tarifas que asfixian a la población, ampliar el mismo esquema financiero no resuelve el problema estructural sino que lo profundiza.
El diputado Ballesty denunció que el gobierno no explica con claridad cómo se compone la deuda pública consolidada de la provincia, cuánto resta pagar en capital e intereses, ni cuál es el plazo pendiente de cancelación de los pasivos vinculados al complejo solar.
La pregunta que recorre los hogares jujeños, desde la Puna hasta los valles, no es técnica sino política: ¿cómo es posible que la provincia con más sol de la Argentina sea también la que más caro paga la luz?
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