La salida de Gastón Morales de la presidencia de Cannabis Avatara Sociedad del Estado (Cannava SE) en agosto de 2025 marcó el cierre de un ciclo fundacional de siete años para la primera empresa pública de cannabis medicinal de Argentina. Lo que comenzó en 2018 como un proyecto pionero de la provincia de Jujuy llegó a su fin en medio de una paradoja: por un lado, una valuación récord de 98 millones de dólares y contratos de exportación con mercados internacionales exigentes; por otro, serias denuncias sobre falta de transparencia, pérdidas operativas millonarias y el inminente proceso de privatización de un activo construido con fondos públicos.
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La historia de Cannava sintetiza las tensiones de un modelo donde el Estado asumió el riesgo inicial de desarrollar una industria biotecnológica de vanguardia, pero falló en garantizar la rendición de cuentas y la claridad sobre el destino de los recursos públicos invertidos.
El legado oficial: Un activo estratégico de alto valor de humo
Cuando Gastón Morales, hijo del exgobernador Gerardo Morales, dejó formalmente el cargo en agosto de 2025, presentó un balance que destacaba logros comerciales y técnicos significativos. Según la auditoría internacional de la firma BDO, la empresa alcanzó una valuación de mercado de 98 millones de dólares, una cifra que casi triplica la inversión pública inicial realizada por la provincia a lo largo de siete años.
Este valor no es arbitrario. Cannava logró posicionarse como el único establecimiento farmacéutico del país autorizado por la ANMAT para elaborar y exportar cannabis de grado farmacéutico, una certificación de élite que la distingue de cualquier otro productor agrícola y la eleva a la categoría de proveedor de ingredientes farmacéuticos activos (IFA), un segmento de alto valor en el mercado biotecnológico global.
Cannabis Medicinal: Cannava CBD10 Obtén Autorización de la ANMAT para Venta Nacional
Entre 2023 y 2025, la empresa multiplicó por 16 sus exportaciones, pasando de volúmenes marginales a envíos superiores a los 1.300 kilogramos anuales. Los contratos de exportación vigentes por cinco años con mercados tan exigentes como Alemania, Portugal, Australia y Brasil confirman la consolidación comercial del proyecto.
Cannava: El Auge del cannabis medicinal de grado farmacéutico de Jujuy al mundo
El hito más destacado fue el ingreso de Argentina en los reportes del Ministerio de Salud de Alemania como proveedor oficial de cannabis medicinal. Los envíos a ese país pasaron de 55 kilogramos en 2024 a 275 kilogramos en el primer trimestre de 2025, con un volumen comprometido de 1.300 kilogramos para fin de año, lo que representa un incremento del 2.355%.
Las proyecciones de ingresos también eran prometedoras: más de 2.300 millones de pesos para la campaña 2025 y una estimación de 4.000 millones de pesos para marzo de 2026. La capacidad productiva instalada permitiría generar, una vez alcanzado el punto de equilibrio financiero (3.500 kilogramos anuales), un superávit de libre disponibilidad para la provincia de entre 3.500 y 8.000 millones de pesos anuales.
Morales defendió su partida como el cierre natural de un «ciclo fundacional» exitoso, destacando la construcción de infraestructura, la obtención de permisos y certificaciones nacionales e internacionales, la consolidación de un equipo especializado y la apertura de mercados internacionales.
La otra cara: Pérdidas, opacidad y fondos públicos sin justificar
Sin embargo, el éxito comercial y técnico que Cannava proyectó hacia el exterior contrasta fuertemente con una realidad interna marcada por irregularidades financieras, falta de transparencia y una dependencia crónica del erario público.
El informe de la Auditoría General de la Provincia (AGP) sobre el ejercicio 2022 reveló una pérdida de 87.438.636 pesos, con egresos que superaron los 2.268 millones de pesos. Lejos de ser autosuficiente, la empresa operó a pérdida y se sostuvo sobre un flujo constante de financiamiento estatal.
La transferencia más reciente, oficializada en diciembre de 2024 mediante el Decreto Nº 2302-HF/2024, fue un aporte irrevocable de capital de 2.610 millones de pesos. Estas inyecciones de fondos públicos generaron críticas de la oposición, que cuestionó que una empresa presentada como exitosa requiriera semejante traspaso de dinero.
Más allá de las pérdidas operativas, la AGP detectó irregularidades graves en la gestión administrativa y contable de Cannava:
- Falta de documentación societaria obligatoria: La empresa no presentó libros esenciales como el Libro Diario, el Libro de Registro de Acciones y los Libros de Actas de Asamblea y de Directorio.
- Fondos públicos sin justificación: Se observaron transferencias de la Tesorería de la Provincia por 27.766.750 pesos (equivalentes a 253.000 dólares) que carecían de cualquier contrato de mutuo o documentación que justificara su causa.
- Saldos bancarios no validados: No se suministraron resúmenes de varias cuentas bancarias, impidiendo la validación de los saldos declarados.
- Rendiciones incompletas: Las rendiciones de cuentas de los ejercicios 2020 y 2021 fueron aprobadas solo «parcialmente» y con observaciones. La rendición de 2022 estaba en trámite, la de 2023 se presentó recientemente y la de 2024 figuraba vencida a noviembre de 2025.
A pesar de las afirmaciones de Morales de que los balances estaban al día y que su gestión tuvo un «nivel de transparencia total», los registros oficiales de la AGP cuentan otra historia.
Dudas sobre la gestión financiera según Ustarez
Susana Ustarez, secretaria general de la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), ha manifestado dudas significativas respecto al control financiero de Cannava S.E., especialmente tras la salida de Gastón Morales y su reciente rendición de cuentas en los medios. Ustarez señala que podría haber deficiencias en la presentación de los estados financieros, lo que contrasta con las afirmaciones de transparencia realizadas por Morales.
Además, Ustarez enfatiza la falta de información en las últimas cuentas de inversión de empresas estatales, incluidas las de Cannava, así como el hecho de que, siendo una entidad pública, debería regirse por criterios estatales y no solo comerciales. Critica el desempeño de la Auditoría General del Estado (AGE), que carece de capacidad para aprobar cuentas y arrastra deficiencias internas, afectando la supervisión y aumentando los riesgos de gobernanza, particularmente en la gestión de la deuda y los beneficios económicos para Jujuy.
El reclamo de la oposición: «Puesta en escena» en lugar de interpelación
La salida de Morales se produjo sin ningún anuncio oficial por parte del gobierno provincial, confirmándose en medio de la polémica. Cuando finalmente el expresidente apareció en medios locales para presentar su balance, la oposición calificó el evento como una «puesta en escena» destinada a encubrir la falta de transparencia.
El diputado izquierdista Gastón Remy fue uno de los más críticos: «Si hubiese realmente un compromiso con la transparencia y la información, aún luego de siete años de no mostrar un solo número, lo que correspondiese sería una conferencia de prensa y una interpelación en la Legislatura y abierta, transmitida en vivo, y que todo el mundo, más allá de los diputados, la puedan ver, preguntar, porque insisto, acá son millones de pesos que se han destinado del Estado Provincial a una empresa particular y nunca hubo una sola rendición de cuenta».
La oposición también señaló que, a pesar de los siete años de funcionamiento, nunca se presentó un balance de Cannava en la Legislatura, lo que consideraron una violación del derecho ciudadano a conocer el destino de los fondos públicos.
El conflicto por la Finca El Pongo: Tierra sagrada en disputa
La instalación de Cannava en la Finca El Pongo añadió una dimensión social y ética al conflicto. Estas 2.500 hectáreas no son tierras fiscales comunes: fueron donadas en 1965 por el Dr. Plinio Zabala a la provincia con la condición expresa de que sus beneficios se destinaran a la comunidad y a la construcción de un hospital en Perico.
La concesión de entre 70 y 100 hectáreas de este legado para un emprendimiento empresarial estatal, sin que los beneficios se destinaran claramente al hospital, generó una profunda controversia. La concejal electa de Perico por LLA, Mónica Alaniz enfatizó: «Se podrá vender Cannava pero no las tierras de Finca El Pongo […] Ninguna hectárea de la finca al pongo se puede vender. No se puede vender, o sea, se venderá Cannava… como empresa. Tampoco es una empresa privada, sino que depende del Estado, así que tendrán que rendir muchas cuentas para hacer ese movimiento».
El conflicto se agravó con el destino del hospital construido en 2020 en la finca, destinado principalmente a los trabajadores de Cannava, que fue cerrado en 2023 debido a problemas financieros y de gestión por parte de la provincia. Para las comunidades locales, este cierre simboliza el fracaso del Estado en cumplir con el propósito original del legado.
Abogados y referentes sociales cuestionaron si Cannava pagó un canon por el uso del suelo o si se le concedió en comodato gratuito, lo cual consideraron grave para una empresa con ánimo de lucro que exporta a mercados internacionales.
Nepotismo y acusaciones de «Narco Estado»
La gestión de Cannava también estuvo marcada por acusaciones de nepotismo, centradas en la figura de su presidente. Gastón Morales, quien lideró la compañía durante siete años, es hijo de Gerardo Morales, gobernador de Jujuy durante la creación y desarrollo de la empresa.
Un relevamiento de la organización RUIDO identificó al menos 25 parientes del gobernador en distintos cargos del Estado provincial y nacional, incluyendo a su hijo Gastón. Para los críticos, su cargo y la empresa fueron descritos como un «curro» o un «negocio ruinoso» para la provincia.
Más allá del nepotismo, abogados y exdiputados como Juan Giusti y Alejandra Cejas plantearon cuestionamientos éticos sobre el enfoque de la empresa. Argumentaron que Cannava estaba exportando marihuana sin procesar a granel («cogollo») y no solo derivados medicinales, lo que consideraron un desvío del objetivo original de producir para la salud pública.
Juan Giusti y la controversia del «narco estado» del cannabis medicinal en Jujuy
La asociación con la compañía Amber Metrics, subsidiaria de un grupo dedicado al mercado recreativo en Estados Unidos, reforzó la acusación de que Jujuy se convertiría en un «narco Estado», priorizando el negocio exportador sobre el beneficio social y el acceso local a medicamentos cannábicos.
La privatización: Un desenlace anunciado
Tras la salida de Morales, el Estado provincial anunció su intención de vender parcial o totalmente Cannava, argumentando la determinación estatal de «no continuar con la inversión directa en el emprendimiento» y priorizando la entrada de capitales privados para sostener su crecimiento.
La decisión se enmarca en la Ley 6.468, sancionada por la Legislatura provincial en 2025, que delega facultades al Poder Ejecutivo para privatizar o vender las sociedades del Estado, aunque el listado de empresas como Cannava no fue presentado en esa sesión.
El interés del mercado global confirma el valor estratégico del activo. Ya hay ocho compañías internacionales de los sectores farmacéutico y biotecnológico que han manifestado su interés en invertir o participar en el paquete accionario. De ellas, tres empresas (de origen alemán, brasileño y chino) han presentado cartas de intención formales.
La nueva conducción interina de Cannava fue asumida por el Lic. Marcelo Guastella, quien se desempeñaba como gerente general desde los inicios del proyecto. Su función principal es «continuar con las operaciones» y cumplir los compromisos comerciales asumidos durante la transición hacia la privatización.
El contexto nacional: La creación y muerte de ARICCAME
La historia de Cannava se desarrolla en paralelo a la formalización de la industria del cannabis a nivel nacional. En enero de 2023, el gobierno nacional creó la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) mediante el Decreto 30/2023, en el marco de la Ley 27.669.
La agencia busca desarrollar una cadena productiva federal, garantizar productos certificados, asegurar el acceso universal y administrar las autorizaciones para toda la cadena, desde el cultivo hasta la comercialización, importación y exportación.
La creación de ARICCAME fue celebrada por líderes de la industria como un paso fundamental y largamente esperado. Gabriel Gimenez, director de la agencia, destacó el objetivo de «construir una industria federal que tenga a las economías regionales en el centro […] apuntalada en la sinergia entre estado y privados».
Sin embargo, representantes de organizaciones sociales, cámaras y productores expresaron preocupaciones sobre la necesidad de una reglamentación clara y rápida que contemple a las personas y organizaciones que han trabajado en el sector durante años, muchas veces en la clandestinidad.
Valeria Salech, presidente de Mamá Cultiva Argentina, enfatizó: «Ahora este anuncio debería traducirse cuanto antes en avances para el acceso a estas terapias […] y en puesta en valor del trabajo de todos los sectores, fundamentalmente organizaciones cooperativas y pequeños productores que seguimos trabajando en la clandestinidad».
Por su parte, Benjamin Enrici, presidente de Agrogenética Riojana, destacó la necesidad de que la agencia dé «previsibilidad»: «Necesitamos que se arme rápidamente una línea de tiempo y un programa de trabajo que explique cuándo va a haber un circuito administrativo para que los inversores obtengan una licencia».
La disolución y nueva regulación del cannabis medicinal
El 8 de julio de 2025, el Decreto 462/2025 anunció la disolución de ARICCAME, trasladando sus funciones a la ANMAT y al Ministerio de Economía. Esta medida responde a la necesidad de optimizar la regulación de los productos derivados del cannabis, que ahora estarán supervisados por entes más integrados en la estructura gubernamental. La ANMAT se encargará de la regulación del cannabis medicinal, mientras que el Ministerio de Economía asumirá responsabilidades relacionadas con el cáñamo industrial.
Con este cambio, ANMAT tendrá la autoridad para establecer normas sobre la importación, exportación, y comercialización de productos medicinales. Además, será responsable de garantizar que se cumplan los estándares sanitarios y la calidad farmacéutica. Se establecerán un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, así como controles sobre licencias y tasas de fiscalización, buscando así fortalecer tanto la producción como la distribución de estos productos en el país.
La articulación de las narrativas: Éxito a pesar de la opacidad
La paradoja de Cannava reside en cómo la alta inversión pública opaca fue el medio necesario para alcanzar la validación técnica y el valor de mercado que se celebra. La excelencia técnica y el cumplimiento de estándares internacionales, como las Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), que son la base de la valuación de 98 millones de dólares y el acceso a mercados como Alemania, requirieron una etapa inicial de inversión intensiva.
Los críticos argumentan que esta inversión fue cubierta por transferencias millonarias sin la debida transparencia, mientras que la gerencia argumenta que se multiplicó el valor de la inversión. Esta dualidad entre la «excelencia técnica» y la «deficiencia administrativa» genera una divergencia crítica.
A pesar del valor de mercado y los contratos internacionales, las fallas en la transparencia y el cumplimiento contable representan un alto riesgo de gobernanza. Esta falta de claridad puede complicar o encarecer el proceso de debida diligencia (due diligence) necesario para concretar las inversiones o la venta de participación accionaria a las empresas internacionales interesadas.
El éxito comercial futuro depende de subsanar las observaciones de la Auditoría y recuperar la confianza en la gestión de los fondos públicos. Sin embargo, la decisión política de privatizar la empresa antes de resolver estas cuestiones plantea interrogantes sobre la prioridad del Estado provincial: ¿recuperar la inversión pública o garantizar la transparencia y el beneficio social?
Gastón Morales y los rumores sobre la Corte Suprema
En medio de la polémica por su salida de Cannava, circularon rumores en redes sociales sobre una posible postulación de Gastón Morales para integrar la Corte Suprema de Justicia de Jujuy. La periodista Rosario Agostini descartó categóricamente esta posibilidad: «He hablado con infinidad de gente del radicalismo cercana al radicalismo, del gobierno, gerardistas, eh sadiristas, carlistas, no sé cómo llamarlos, todos me dicen, no hay ninguna posibilidad de que Gastón Morales sea postulante a juez de la corte. No estuvo en carpeta, no va a estar […] Nunca estuvo en carpeta la posibilidad de que Gastón Morales vaya a la Corte Suprema de Justicia».
La negativa contundente de las fuentes consultadas sugiere que, al menos por ahora, el futuro político de Morales no pasará por el Poder Judicial provincial.
El punto de equilibrio: El desafío pendiente
Uno de los datos más reveladores sobre la situación financiera de Cannava es que, a pesar de los ingresos por exportación, la empresa aún no alcanza su punto de equilibrio financiero (PEF), estimado en ventas anuales de 3.500 kilogramos de inflorescencias para cubrir el 100% de sus costos operativos y lograr la autosuficiencia financiera.
El volumen de exportación de 1.300 kilogramos en 2025 es inferior al PEF, lo que implica que la empresa sigue dependiendo de inyecciones de capital para cerrar la brecha productiva y operativa. Desde una perspectiva de política industrial, estas pérdidas no son necesariamente un fracaso, sino una consecuencia previsible de la estrategia.
Operar en rojo es típico de una empresa biotecnológica en su fase de inversión intensiva en capital (CAPEX), necesaria para obtener las costosas certificaciones internacionales que hoy sustentan su valor. En este sentido, las pérdidas representan el costo que el Estado asumió para absorber el riesgo inicial del proyecto y construir un activo valioso.
Sin embargo, la pregunta crítica es si el Estado continuará asumiendo este riesgo hasta que la empresa alcance la autosuficiencia, o si la privatización implica transferir un activo aún en desarrollo a capitales privados que cosecharán los beneficios una vez superado el punto de equilibrio.
Las proyecciones de empleo y desarrollo regional
Cannava fue concebida como un proyecto de diversificación productiva para Jujuy, buscando superar la dependencia de la producción primaria tradicional. El proyecto generó 145 trabajadores directos en un momento, con planes de crecer a 1.000 nuevos puestos de trabajo que emplearían principalmente a técnicos y operarios.
La empresa también desarrolló y fabrica el aceite de CBD de grado farmacéutico conocido como CBD10, el cual está registrado ante la ANMAT y se comercializa en todo el país, habiendo ganado licitaciones y realizado ventas a ministerios de salud provinciales.
Sin embargo, los críticos apuntan a que el objetivo original de la empresa —producir derivados medicinales para la salud pública— fue desviado hacia la venta de «flores de cannabis de grado farmacéutico» a granel para exportación, mientras que el producto local (CBD10) y su beneficio a los pacientes quedan marginados. Se critica que el foco en la exportación (y la subsiguiente posible venta a privados) prioriza el negocio sobre el beneficio social.
Un legado de supuesto éxito y dudas
La historia de Cannava es un fascinante caso de estudio sobre la capacidad del Estado para crear desde cero una industria biotecnológica de vanguardia, compitiendo en los mercados más exigentes del mundo. La empresa logró certificaciones de calidad premium, contratos de exportación firmes por cinco años y una valuación de mercado que casi triplica la inversión pública inicial.
Sin embargo, este éxito técnico y comercial se ve empañado por una gestión marcada por la opacidad administrativa, irregularidades contables, acusaciones de nepotismo y un conflicto social por el uso de tierras con un profundo significado comunitario.
La inminente privatización de Cannava plantea interrogantes fundamentales sobre el modelo de desarrollo industrial impulsado por el Estado argentino: ¿fue este proyecto una herramienta de transformación productiva para Jujuy o una incubadora de lujo financiada con dinero público para el mercado global?
El futuro de Cannava, y en gran medida el de la industria del cannabis en Argentina, dependerá de la capacidad de conciliar su valor estratégico y potencial biotecnológico con los riesgos de gobernanza y la necesidad de un marco regulatorio nacional claro, previsible e inclusivo que garantice tanto el éxito comercial como el beneficio social.
Frente a un activo tan valioso como polémico, la pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿para quién se construyó realmente Cannava?
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