El 12 de noviembre de 2026, el largamente anunciado debate oral por las presuntas maniobras delictivas en el Juzgado Contravencional Jujuy quedó formalmente suspendido minutos después de la apertura de la sesión.
Contenido de la Noticia
El Tribunal en función de juicio —integrado por las juezas María del Rosario Hinojo como presidente de trámite, Felicia Barrios y Pilar Medina en reemplazo imprevisto de Mario Puig— resolvió por unanimidad frenar las audiencias en la sede judicial de la calle San Martín.
La causa inmediata del parón procesal radicó en la maniobra del defensor oficial Esteban Salinas Saguir, representante del Ministerio Público de la Defensa, quien presentó pactos procesales de último momento antes de que se iniciara la primera lectura formal de la acusación.
Salinas Saguir sorprendió al estrado al formalizar un juicio abreviado para Benjamín Taritolay (imputado por asociación ilícita) y la suspensión del juicio a prueba (probation) para Kevin Rodríguez (procesado por asociación ilícita, fraude a la administración pública y lavado de activos). La salida relámpago de ambos acusados provocó la reacción en bloque de las defensas técnicas restantes.
Los abogados Marcelo Choque y Rosario Cejas (representantes de Matías Daniel Yebara), Raúl Domínguez (defensor de Sandra Aguayo), e Hugo Ramos junto a Leonela Lara (patrocinantes de Alejandra Ramos) exigieron paralizar el debate para readecuar la plataforma fáctica de la acusación impulsada por el fiscal Diego Funes, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Administración Pública.
El cuerpo de magistradas fundamentó la suspensión unánime argumentando la necesidad imperiosa de resguardar el derecho de defensa en juicio, ante la necesidad de suprimir las conductas imputadas a los acusados salientes. Las audiencias por el sistema de recaudación clandestina dentro del Juzgado Contravencional Jujuy permanecerán diferidas hasta que las resoluciones procesales de Taritolay y Rodríguez adquieran firmeza judicial. Recién cumplida esa instancia formal, la Oficina de Gestión Judicial fijará un nuevo cronograma, el cual podrá ser consultado a través del canal oficial del Poder Judicial de Jujuy.
La «caja negra» del Juzgado Contravencional Jujuy y el desvío de 500 millones
La investigación judicial que se inició formalmente en septiembre de 2024 y que terminó por profundizarse a mediados de 2025 mediante la extracción forense de datos de un teléfono celular secuestrado, dejó al descubierto el engranaje de una supuesta recaudación paralela dentro del Juzgado Contravencional Jujuy.
La pesquisa instruida por la Unidad Fiscal Especializada a cargo del fiscal Diego Funes determinó que la red criminal operó al menos entre enero y agosto de 2024, apoderándose sistemáticamente de montos que debían ingresar a la Dirección General de Administración (DGA) del Ministerio de Seguridad o directamente a las arcas del Tesoro provincial.
Las maniobras ilícitas detectadas abarcaban el cobro directo de multas por infracciones viales —con especial énfasis en actas por alcoholemia positiva y falta de documentación automotor— mediante el estampado de sellos falsos en los expedientes físicos. De forma simultánea, los sospechosos desviaban el dinero abonado por los contraventores hacia billeteras virtuales y cuentas bancarias personales de los imputados o allegados cómplices. El engranaje se completaba con la subasta irregular y el remate clandestino de más de 200 motocicletas secuestradas y 150 animales incautados, cerrando la maniobra mediante el ocultamiento, «cajoneo» o destrucción deliberada de los expedientes para evadir las auditorías.
La estimación global del desfalco supera holgadamente los 500 millones de pesos. El modus operandi fue expuesto crudeza por las declaraciones del policía retirado Cristian Vargas: “tenés una multa de 800 mil pesos pero vos ibas al juzgado contravencional y arreglabas por 500 mil pesos y te liberaban el vehículo”. Vargas advirtió que el mecanismo alteraba las multas sin dejar registros contables sobre los fondos del denominado Fondo Especial de Seguridad (FES).
Asimismo, las denuncias incorporadas al expediente indican que parte del flujo de efectivo extrainstitucional se habría canalizado hacia donaciones no declaradas para unos 40 centros vecinales de la provincia. La controversia provocó la rápida reacción de centrales sindicales como la CTA y ATE. El dirigente gremial Fernando Acosta fustigó con severidad la estructura montada: “El juzgado fue utilizado para castigar, perseguir, recaudar… Y de paso, financiar campañas. Una caja enorme a disposición del Ejecutivo provincial”.
En idéntica sintonía, el abogado constitucionalista René Vicente Casas recordó que, al tratarse de juzgados insertos en la órbita administrativa del Ministerio de Seguridad encabezado por el secretario Juan Manuel Pulleiro, la cadena de mando incluye a las máximas autoridades políticas de la provincia. La magnitud nacional del caso fue documentada en reportajes de Clarín.
Denuncias de la celda: Yebara, torturas y salpicaduras a la cúpula política
La suspensión del debate reactivó los cuestionamientos sobre las condiciones de encierro de Matías Daniel Yebara, el único imputado que llega al proceso en prisión preventiva dentro del Penal N° 4 de Alto Comedero. Yebara —quien cumple una condena firme por causas anteriores de estafas— es acusado por la fiscalía como supuesto jefe de la asociación ilícita, fraude y lavado de activos. Sin embargo, días antes de la fecha pautada para el debate oral, el detenido rompió el silencio mediante un audio donde denunció agresiones físicas, vejaciones y un estado de «indefensión absoluta».
Desde el penal, Yebara afirmó haber sido trasladado a un sector sin cámaras de seguridad donde sufrió torturas tras intentar comunicarse telefónicamente con una periodista local. Hizo responsables directos por su integridad al gobernador Carlos Sadir, al ministro de Seguridad Carlos Ariel Gil Urquiola y al jefe del Servicio Penitenciario, Félix Armando Guevara. Al mismo tiempo, rechazó de plano su imputación como cabecilla de la trama en el Juzgado Contravencional Jujuy: “¿Cómo voy a poder ser el jefe de una asociación ilícita donde involucra una institución del gobierno? Si yo nunca pertenecí a esa institución, yo nunca fui funcionario del Juzgado Contravencional”.
El detenido reveló que prestó declaración bajo la figura de «imputado colaborador» (arrepentido) ante el exprocurador general Sergio Lello Sánchez, el fiscal Diego Funes y la funcionaria Serrano Antar. Según su descargo, aportó números de expedientillos, fotografías y detalles sobre cómo se restituían carnets de conducir mediante decretos firmados por la autoridad del juzgado con el guiño del Ministerio de Seguridad. Yebara acusó a Lello Sánchez de romper unilateralmente el pacto de arrepentido y archivar sus denuncias a los tres días para configurar un «encubrimiento institucional».
En sus señalamientos, salpicó directamente al exgobernador Gerardo Morales, al exministro de Seguridad Guillermo Corro, a la exministra de Ambiente Inés Zigarán —a quien acusó de labrar infracciones sin potestad legal para generar caja recaudadora—, al juez contravencional Rodolfo Fernández y al diputado provincial Adriano Morone. Sobre este último, afirmó poseer pruebas documentales que lo vinculan con la firma de expedientes para el retiro de donaciones destinadas a campañas. Las graves denuncias vertidas desde el Penal N° 4 de Alto Comedero fueron reportadas por El Submarino Jujuy.
De 8 imputados a solo 3 en el banquillo: El rol del exjuez Ustárez Carrillo
De la nómina original de ocho procesados que acumulaba la causa en 2024, las homologaciones previas y las dos salidas alternativas gestionadas al inicio de la audiencia redujeron el listado de juzgados a solo tres personas. Los imputados que deberán someterse al juicio oral pendiente en la causa del Juzgado Contravencional Jujuy son:
- Matías Daniel Yebara: Señalado como presunto jefe de la asociación ilícita, fraude a la administración pública y lavado de activos (en prisión preventiva).
- Sandra Aguayo: Acusada de asociación ilícita, fraude a la administración pública y lavado de activos en calidad de funcionaria (en libertad).
- Alejandra Ramos: Imputada por asociación ilícita, fraude a la administración pública y lavado de activos en su condición de funcionaria (en libertad).
El proceso penal mantiene un expediente conexo centrado en la responsabilidad institucional del exjuez José Matías Ustárez Carrillo, quien estuvo al frente del Juzgado Contravencional Jujuy N° 1 durante el período de las anomalías. Imputado por el fiscal Diego Funes bajo el cargo de «incumplimiento de los deberes de funcionario público», Ustárez Carrillo presentó su renuncia al cargo, la cual fue aceptada formalmente por el Poder Ejecutivo con efecto a partir del 31 de julio de 2025, designándose de inmediato a la exlegisladora y funcionaria oficialista Gabriela Albornoz como jueza subrogante.
La hermana del único detenido, Roxana Yebara, encabezó protestas públicas en los accesos a la Casa de Gobierno para denunciar la evidente asimetría de las medidas cautelares aplicadas por los juzgados locales. Cuestionó que la Justicia mantenga encarcelado a su hermano mientras el exjuez Ustárez Carrillo —quien ejercía la firma de las resoluciones, archivaba las actas y autorizaba la devolución de vehículos— transita la investigación penal en absoluta libertad. El seguimiento detallado sobre las apelaciones procesales y el freno de las audiencias fue consignado por el periódico Jujuy al Momento.
El Código Contravencional de Jujuy: ¿Herramienta de control o caja de recaudación?
La génesis del fuero contravencional se remonta a la sanción del Código Contravencional bajo la gestión de Eduardo Fellner y su posterior puesta en aplicación el 1 de enero de 2016 durante el mandato de Gerardo Morales. Dicha norma transfirió los juzgados contravencionales a la órbita directa del Ministerio de Seguridad, creando un mecanismo de juzgamiento express que alteró la vida cotidiana jujeña. Mientras docentes como Gabriela Cabezas (ADEP) denunciaban el armado de actas falsas con datos usurparos para imponer multas de $300 millones reductibles a $150 mil bajo presión de pago, y cientos de ciudadanos eran sancionados tras las protestas del «Jujeñazo» en 2023, la burocracia estatal operaba con una velocidad pasmosa para castigar la vía pública.
Sin embargo, cuando la lupa judicial apunta a los despachos del Juzgado Contravencional Jujuy, el celo punitivo se diluye en prórrogas, subrogaciones amigables y expedientes guardados. Durante casi una década, las recaudaciones millonarias del Fondo Especial de Seguridad (FES) transitaron al margen de las auditorías consolidadas del Tribunal de Cuentas y de la Auditoría General de la Provincia, consolidando una caja opaca cuyos desvíos hoy se intentan saldar juzgando a los eslabones más débiles de la cadena administrativa.
Colabora con JUJUYGRÁFICO

Descubre más desde JUJUYGRÁFICO
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

