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Contaminación con plomo en Jujuy: 457 vecinos revelan 20 años de desidia judicial

Revela el impacto de la contaminación con plomo en Abra Pampa: 457 vecinos aguardan justicia tras 20 años de desidia estatal y judicial.

El 26 de octubre de 2026, una comitiva de vecinos de Abra Pampa se movilizó hasta los tribunales de San Salvador de Jujuy para exigir una audiencia urgente con Federico Otaola, presidente del Superior Tribunal de Justicia. Los manifestantes reclaman la firma inmediata de la sentencia definitiva en la demanda por daños y perjuicios por la contaminación con plomo generada por la exfundidora Metal Huasi.

La demanda fue encabezada en 2005 por la vecina Pascuala Maizares y formalizada procesalmente en 2015. De los 600 pobladores que iniciaron el reclamo judicial, hoy sobreviven 457 demandantes. Los litigantes exigen que el máximo tribunal provincial ponga fin a un letargo de siete años sin sentencia firme, tras el fallo dictado en mayo de 2019 por la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial, que condenó al Municipio por la contaminación con plomo derivada de la omisión sistemática de sus deberes de control y salubridad.

Según revelaron los abogados patrocinantes Lorena Mendoza y Riad Quintar, dos magistrados ya emitieron sus votos favorables a las víctimas. Sin embargo, la resolución continúa paralizada en la vocalía de Otaola, quien solicitó un plazo de 20 días para estudiar el expediente argumentando «desconocimiento del caso».

La ironía de alegar desconocimiento sobre un expediente que acumula siete años durmiendo en su propio despacho expone la distancia entre el discurso institucional y la urgencia de una comunidad devastada por la contaminación con plomo, tal como detalló la cobertura del portal Página|12.

El impacto sanitario de la contaminación con plomo en la niñez

La evidencia científica sobre la contaminación con plomo en la Puna jujeña es irrefutable. En 2006, un estudio del Grupo de Investigación de Química Aplicada (INQA) de la Universidad Nacional de Jujuy reveló que el 81% de los 234 niños evaluados (de entre 6 y 12 años) presentaba concentraciones del metal en sangre superiores a los 5 microgramos por decilitro (µg/dL), umbral a partir del cual se desencadenan daños neurológicos irreversibles.

El plomo es una neurotoxina persistente que mimetiza al calcio, fijándose en la corriente sanguínea, los órganos blandos y la estructura ósea. En la infancia, la exposición continua deteriora el desarrollo cognitivo, altera la conducta y genera pérdidas permanentes en la capacidad de aprendizaje y locomoción.

Esta tragedia sanitaria no era una novedad para las autoridades. En 1986, una investigación de la UNJu y el gobierno provincial determinó que el 80% de los niños examinados superaba los 10 µg/dL, registrándose casos extremos por encima de los 45 µg/dL. Tras dos décadas de absoluta inacción estatal ante la contaminación con plomo, sobrevino una paradoja tecnológica desoladora: mediante el programa nacional GeaMin, el Estado adquirió un Espectrofotómetro de Absorción Atómica (AAS) de 500.000 dólares para medir metales pesados en Abra Pampa, pero el instrumental terminó instalado en la capital provincial.

Así, los afectados quedaron sin herramientas de diagnóstico local, mientras la respuesta sanitaria oficial se redujo a entregas simbólicas de un kilo de leche en polvo al mes.

Los testimonios de los damnificados exponen el costo humano de esta negligencia. Verónica Mendoza, habitante del lugar, afirmó: «El plomo sigue matando… Sigue contaminado; tengo casos concretos de chicos que se enferman, se hacen análisis de sangre y sale positivo».

Por su parte, la abogada y querellante Lorena Mendoza relató el trasfondo personal que motivó su carrera jurídica: «Mi padre falleció con cáncer debido a esto, y mis hermanos sufren secuelas». Las declaraciones de las víctimas fueron documentadas en el informe especial emitido por eltrece.

La herencia de Metal Huasi: 60.000 toneladas de residuos a cielo abierto

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La crisis por la contaminación con plomo se enmarca en un contexto de profunda vulnerabilidad social. Abra Pampa cuenta con una población de entre 12.000 y 13.000 habitantes —en su gran mayoría pertenecientes al pueblo indígena Kolla— y registra una tasa de desempleo del 70%.

El origen del pasivo ambiental se remonta a 1955, cuando la fundidora Metal Huasi se instaló a solo tres cuadras de la plaza central. La planta paralizó sus actividades entre 1986 y 1990, abandonando montículos tóxicos en el corazón del pueblo. Investigaciones de la UNJu identificaron 7.000 toneladas de escoria pura de plomo, mientras que la Secretaría de Minería de la Nación estimó que los pasivos ambientales totales —sumando suelo contaminado y desechos metalúrgicos— alcanzan las 60.000 toneladas.

En un acto de irresponsabilidad administrativa, el municipio adjudicó en los años 2000 y 2004 terrenos residenciales en el Barrio 12 de Octubre directamente sobre y al lado de los depósitos tóxicos.

Estudios independientes dirigidos por el Dr. Fernando Díaz Barriga detectaron concentraciones de plomo en suelo de hasta 20.750 mg/kg en el predio industrial, pulverizando el límite internacional de referencia de 400 mg/kg para zonas habitadas.

A esta severa exposición se suma la geografía de la Puna: los vientos áridos dispersan diariamente el polvo de óxido de plomo —conocido como «humos blancos»— hacia las viviendas, mientras las lluvias estacionales lavan la escoria hacia los lechos de agua potable, perpetuando la contaminación con plomo en la vida cotidiana.

Remediación a medias y el misterio del préstamo del BID

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Frente al reclamo social, el Estado nacional suscribió en 2007 un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 40 millones de dólares, destinando 13,7 millones al Subprograma II para la administración ambiental en áreas mineras degradadas, con prioridad en Abra Pampa. Sin embargo, jamás se desembolsaron fondos internacionales para ejecutar la primera fase del saneamiento contra la contaminación con plomo.

Ante la falta de transferencia de los créditos multilaterales, la remoción inicial se financió mediante un esquema privado a cargo de la Cámara Minera de Jujuy y ejecutado junto a la empresa Minera Aguilar. El operativo trasladó 10.000 toneladas de escoria hacia una fosa impermeabilizada en terrenos de dicha compañía.

El procedimiento estuvo plagado de severas fallas operativas: en el Arroyo Tabladitas se denunció la rotura de bolsas de almacenaje que esparcieron humos blancos, los traslados se realizaron durante jornadas de intensas ráfagas de viento sin cerramientos herméticos y los camiones dispersaron polvillo tóxico a lo largo de su trayecto. Para colmo, el cerramiento de alambre instalado en el Barrio 12 de Octubre resultó inútil, siendo cruzado diariamente por niños que juegan al fútbol sobre el terreno contaminado.

A estas negligencias se sumó la manipulación de los controles ambientales. El Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) posicionó las estaciones de monitoreo de aire en ubicaciones alejadas de las viviendas y en dirección opuesta a los vientos dominantes. Con ese esquema defectuoso, el organismo concluyó públicamente que la calidad del aire era «segura» y carecía de contaminación con plomo, mientras los niños jugaban sobre campos cubiertos por polvo blanco.

Como señala la cobertura de Economía Sustentable, estas irregularidades motivaron la Resolución 215/2011 de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que exigió a las autoridades provinciales y nacionales la ejecución inmediata de un verdadero plan integral de sanidad y remediación ambiental.

Bloqueo político, abandono municipal y el Artículo 41 de la Constitución

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El escenario institucional local ha mostrado una hostilidad constante hacia los afectados por la contaminación con plomo. Los vecinos denuncian la falta de acompañamiento del intendente Ariel Machaca y señalan que desde la administración municipal se han emitido advertencias amedrentadoras, sugiriendo que la Comuna tendría que vender sus propios camiones y maquinarias para pagar las indemnizaciones judiciales en lugar de defender los derechos de su población.

La persistencia de la contaminación con plomo vulnera de manera flagrante el Artículo 41 de la Constitución Nacional y el Artículo 22 de la Constitución de Jujuy, normativas que garantizan el derecho a un ambiente sano y la obligación expresa de recomponer el daño ambiental.

Asimismo, la desidia estatal transgrede el Convenio 169 de la OIT, que exige la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas originarias ante proyectos e intervenciones que afecten sus territorios y salubridad.

A lo largo de dos décadas de peregrinar judicial, decenas de los 600 demandantes originales han fallecido sin presenciar la sentencia firme del máximo tribunal ni acceder a una reparación económica equitativa. En tanto, la respuesta del sistema público de salud continúa estancada en la entrega insuficiente de bolsas de leche, sin aplicar tratamientos de quelación ni garantizar asistencia médica integral para erradicar la contaminación con plomo de los organismos de las víctimas.

El caso de Abra Pampa trasciende la escala local para consolidarse como un emblema de impunidad ambiental, donde la desidia estatal y la demora judicial continúan postergando el derecho a la vida digna en la Puna jujeña.

 
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