En el marco del Día de la Minería, la provincia de Jujuy reafirmó este mayo de 2026 su posición como la jurisdicción minera más estratégica de la Argentina, con cifras récord de producción de litio, proyecciones de inversión que superan los USD 2.400 millones bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y un modelo de desarrollo que integra a las comunidades originarias de la Puna en la cadena de valor industrial. Lejos de ser un dato menor, el protagonismo jujeño es hoy decisivo para los objetivos globales de descarbonización energética.
Según datos difundidos esta semana por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) —recogidos por Infobae— la actividad minera representa el 80,6% de las exportaciones totales de Jujuy, ubicándola entre las provincias con mayor dependencia positiva del sector en todo el país. A nivel nacional, las exportaciones mineras argentinas podrían alcanzar los USD 9.000 millones en 2026, impulsadas por la suba internacional del oro y el litio, lo que implicaría un crecimiento cercano al 49% respecto de 2025, cuando el sector cerró con USD 6.056 millones.
Jujuy, corazón productor del litio nacional

El peso de Jujuy en el mapa minero no admite discusión. El 60% del litio exportado por Argentina proviene de la provincia, con una proyección oficial de alcanzar las 80.000 toneladas anuales hacia finales de 2026. Los proyectos Olaroz y Cauchari-Olaroz, ubicados en la Puna, son los pilares de este liderazgo. En 2025, la producción nacional de litio alcanzó aproximadamente 116.000 toneladas de carbonato equivalente, registrando un crecimiento del 56% respecto a 2024, con Jujuy como el principal polo productivo del país.
El ministro de Minería provincial, José Gómez, subrayó el significado de estos números: «Jujuy se ha consolidado como un actor estratégico en el desarrollo minero argentino, no solo por la calidad de sus recursos, sino por una política sostenida que combina producción, sostenibilidad ambiental y generación de oportunidades para nuestra gente.»
La actividad minera representa, en este contexto, el 78% de las exportaciones provinciales totales, marcando el fin de una etapa de dependencia de subsidios estatales para dar lugar a una economía regional con creciente autonomía financiera.
USD 2.400 millones en el horizonte: el RIGI como imán de capitales

El escenario de inversiones para el período 2026-2028 es extraordinariamente ambicioso. Jujuy proyecta inversiones por USD 1.600 millones para ese período, cifra que asciende a USD 2.400 millones al considerar los proyectos presentados bajo el régimen RIGI, consolidando a la provincia como uno de los principales destinos de inversión minera del país.
Este instrumento legal —impulsado por el gobierno nacional de Javier Milei— garantiza estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años, condición que los inversores extranjeros valoran como diferencial competitivo frente a otras jurisdicciones de la región. La seguridad jurídica que ofrece el RIGI es la que ha permitido destrabar decisiones de capital de largo plazo, según coinciden analistas del sector.
Si los siete proyectos ya aprobados bajo el RIGI avanzan plenamente, podrían generar USD 22.000 millones adicionales en exportaciones hacia 2035, principalmente en cobre y litio. Jujuy se perfila como uno de los territorios más beneficiados de ese horizonte.
Diversificación productiva: cobre, zinc y plata como próxima frontera

La provincia no apuesta al monocultivo minero. El gobernador Carlos Sadir ha definido una estrategia de diversificación de la matriz extractiva que suma al litio otros minerales críticos como el cobre, la plata y el zinc, todos ellos fundamentales para la fabricación de infraestructura eléctrica, baterías y tecnología verde. El cobre, en particular, es considerado el «nervio» de las redes eléctricas del futuro, lo que convierte su desarrollo en una prioridad geopolítica global.
El gobernador sintetizó esta visión: «Hoy vemos cómo han crecido los proveedores de la zona y cómo se fortalecen otras actividades como la producción de lana, la papa andina y el turismo, lo que demuestra un desarrollo integral.»
Más de 10.000 empleos y 300 pymes: el impacto en la Puna

El modelo jujeño se diferencia de los esquemas extractivistas tradicionales por el énfasis puesto en el desarrollo territorial. A través del fondo FEDES, se canalizaron USD 2,3 millones hacia las localidades de Rinconada y Pirquita, con más del 70% de los recursos ya adjudicados a líneas de crédito para ganadería camélida, papa andina, artesanías, turismo e infraestructura.
La industria sostiene actualmente más de 10.000 puestos de trabajos directos e indirectos y ha consolidado una red de más de 300 pymes proveedoras locales, muchas de ellas pertenecientes a comunidades originarias del área de influencia minera. Este dato es clave: no se trata de empleos importados, sino de inserción laboral genuina con arraigo territorial.
A nivel nacional, según la CAEM citada por BAE Negocios, la minería genera más de 100.000 empleos directos en todo el país, con una tasa de informalidad del 1,3% y salarios que superan en 2,5 veces el promedio nacional, con un entramado de unas 800 empresas proveedoras en proyectos en desarrollo.
Monitoreo participativo: sostenibilidad como ventaja competitiva

La legitimidad social del proceso extractivo descansa en un sistema de control ambiental que involucra directamente a las comunidades. El modelo implementado en Jujuy cuenta con 175 monitoreos participativos que abarcan más de 1.900 puntos de control sobre agua y suelo. Este esquema no solo reduce el riesgo de conflictos sociales, sino que otorga a Jujuy un diferencial ante inversores internacionales que exigen estándares ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) cada vez más rigurosos.
Una provincia que redefine su rol global

El Día de la Minería 2026 encontró a Jujuy en un momento bisagra: con récords de producción, proyecciones de inversión históricas y un modelo de desarrollo que —al menos en sus indicadores formales— combina crecimiento económico con inclusión social y cuidado ambiental. Las advertencias del sector no faltan: bajo las condiciones actuales del RIGI, hasta el 80% de los bienes y servicios podrían ser importados, lo que resultaría contraproducente para el desarrollo local, advirtió la CAEM. El desafío que se abre, entonces, no es solo producir más, sino asegurar que la riqueza de la Puna se quede, también, en la Puna.

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