Un escándalo de corrupción sin precedentes sacude a la provincia de Jujuy tras el descubrimiento de un presunto desvío de más de 500 millones de pesos provenientes de multas y actas contravencionales que debieron ingresar al erario público provincial. La investigación, que se centra en el Juzgado Contravencional N°1, ha derivado en la imputación del juez Matías Ustarez Carrillo por incumplimiento de los deberes de funcionario público y ha puesto en tela de juicio la legitimidad institucional del sistema contravencional creado durante la gestión del exgobernador Gerardo Morales.
El caso, que comenzó de manera fortuita en septiembre de 2024, ha expuesto lo que los críticos denominan un sistema recaudatorio y extorsivo que habría funcionado como una «caja negra» al servicio del poder político, carente de transparencia y rendición de cuentas. La investigación ha revelado la existencia de una banda delictiva que operaba dentro del juzgado, cobrando ilegalmente multas a los infractores y desviando los fondos sin ingresarlos al Estado.
El descubrimiento fortuito que destapó el escándalo
La investigación judicial comenzó de manera casi accidental cuando, durante una investigación policial por una causa ajena, la apertura de un teléfono celular reveló mensajes comprometedores que evidenciaban un sistema organizado de coimas, manipulación de expedientes y desvío de fondos. Este hallazgo fortuito puso en marcha una investigación sin precedentes que ha sacudido los cimientos del sistema judicial provincial.
El fiscal Diego Funes, a cargo de la investigación, ha logrado reunir elementos de prueba suficientes para solicitar el requerimiento de elevación a juicio. La causa se ha dado por concluida en su fase instructoria, revelando un entramado de corrupción que involucra tanto a funcionarios públicos como a personas externas al sistema judicial.
Imputaciones y estructura delictiva
El Juez Matías Ustarez Carrillo
El juez Matías Ustarez Carrillo, titular del Juzgado Contravencional N°1, ha sido formalmente imputado por el delito de «incumplimiento de los deberes de funcionario público». La Fiscalía sostiene que Ustarez Carrillo no ejerció el control debido sobre los procesos de su juzgado, permitiendo por acción u omisión el funcionamiento de prácticas delictivas.
Aunque inicialmente no está imputado por pertenecer a la organización delictiva, no se descarta que su participación sea mayor. El juez solicitó y obtuvo una licencia de carácter particular desde el 14 al 31 de julio, autorizada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, en medio de la investigación que lo involucra.
La red delictiva paralela
La investigación ha identificado una banda delictiva integrada por una secretaria y varios empleados del juzgado que cobraban ilegalmente multas y se llevaban el dinero sin ingresarlo al Estado. Los empleados del juzgado y personas externas involucradas han sido imputadas por delitos más graves, incluyendo:
- Asociación ilícita
- Estorbo al acto funcional
- Defraudación mediante sustitución, ocultamiento o destrucción de documentación oficial
- Cohecho pasivo
- Omisión de deberes al oficio
Una persona se encuentra detenida en relación con esta causa, aunque no es empleada pública, evidenciando la participación de actores externos en el esquema de corrupción.
La falta de transparencia y control de fondos
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la falta total de trazabilidad de los más de 500 millones de pesos recaudados. No existen registros confiables sobre qué porcentaje de estas recaudaciones fue depositado en cuentas públicas ni auditorías externas que respalden el uso de los fondos.
La abogada Alejandra Cejas, defensora de uno de los involucrados, ha denunciado que los juzgados contravencionales se han convertido en una «fuente de recaudación paralela» con escasa o nula rendición de cuentas. «Los millones recaudados no se ven impactados en rentas generales ni en el presupuesto», afirma Cejas, quien ha realizado un pedido de informe a través de «Gobierno Abierto» para conocer el destino del dinero recaudado por los tres juzgados contravencionales desde 2016.
El origen y desvirtuación de los Juzgados Contravencionales
Creación y propósito original
Los juzgados contravencionales fueron creados en 2016 durante la primera gestión del gobernador Gerardo Morales, con el objetivo de atender conflictos menores y aplicar sanciones administrativas ágiles. Su propósito original era regular la convivencia ciudadana y descongestionar el sistema judicial tradicional.
Transformación en «justicia recaudatoria»
Sin embargo, según testimonios y denuncias, estos juzgados se convirtieron en lo que los críticos denominan una «justicia recaudatoria» y «extorsiva». La abogada Cejas sostiene que fueron utilizados por el gobierno provincial, en complicidad con la policía, para iniciar causas arbitrarias y aplicar sanciones económicas desproporcionadas contra manifestantes y opositores políticos.
Santiago Zamora, dirigente social, calificó el sistema como «extorsivo», citando casos como el de la madre de Iara Rueda, a quien le dejaban contravenciones «en el piso» por movilizarse tras la muerte de su hija. Zamora mismo fue imputado por 2 millones de pesos en multas en 2023 por los disturbios en la Legislatura, monto que su abogada logró paralizar por considerarlo ilegal.
Impacto en los ciudadanos y derechos vulnerados
Represión económica disfrazada
El caso ha expuesto lo que los abogados defensores denominan una «represión económica disfrazada de justicia administrativa». Los juzgados contravencionales, especialmente durante los conflictos sociales de 2023 y la reforma constitucional, habrían sido utilizados para criminalizar la protesta social.
Ciudadanos, incluyendo trabajadores estatales y personas de avanzada edad, se vieron obligados a pagar multas elevadas por infracciones inexistentes o de las que no tenían conocimiento. Muchos trabajadores estatales no pudieron acceder a pases a planta permanente debido a contravenciones de las que no sabían que las tenían, viéndose forzados a pagar en su desesperación.
Causas «armadas» y criminalización
La investigación ha revelado la existencia de «causas armadas» o «truchas» contra dirigentes sociales y referentes de protestas. El Ministerio Público de la Acusación (MPA) es señalado como el «instrumento predilecto» del gobierno de Morales para criminalizar la protesta social, con más de 45 referentes sociales imputados.
Las defensas alegan que estas causas carecen de sustento jurídico y constituyen un «mamarracho jurídico» destinado a la criminalización y «escarmiento» de los manifestantes.
Falta de división de poderes y control institucional
Dependencia del ejecutivo
Un aspecto crítico del caso es que los juzgados contravencionales dependen directamente del Ministerio de Seguridad y del Gobernador, y no del Poder Judicial. Esta configuración ha sido criticada por evidenciar la falta de una división de poderes efectiva en la provincia.
Los «jueces» contravencionales son descritos como «empleados administrativos» nombrados por la policía, sin el poder jurisdiccional de un juez judicial. Esta situación, sumada a la eliminación de controles con la reforma constitucional, habría creado las condiciones propicias para los hechos de corrupción.
Silencio oficial y complicidad
La Legislatura provincial ha sido criticada por su silencio y falta de acción ante el escándalo. Se percibe una complicidad oficial y una preferencia por «no arriesgarse a esclarecer y resolver» la situación. Los críticos hablan de una «democracia delegativa» donde los gobernantes actúan con discrecionalidad e impunidad.
Denuncias adicionales y casos relacionados
Cuestionamiento al Fiscal
La abogada Alejandra Cejas ha denunciado también al fiscal Diego Funes, a cargo de la investigación, por presuntas irregularidades y un aparente encubrimiento a funcionarios del gobierno. Cejas sostiene que la corrupción parece tener «el problema arriba», señalando que «Ustárez no alcanza porque debe ser un engranaje en todo esto».
Casos paralelos
Se hace referencia a otros casos que evidencian un patrón de obstrucción a la justicia y encubrimiento:
- Caso Caspalá: Donde funcionarios del gobierno de Morales están imputados y se busca que la causa federal pase a la provincia
- Caso CEDEMS: Con un desfalco de 450 millones de pesos sin avance judicial debido a la protección a «punteros radicales»
Perspectivas y desafíos
Crisis de legitimidad institucional
El escándalo ha generado una profunda crisis de legitimidad en el sistema judicial provincial. La abogada Cejas advierte que «el Poder Judicial no está en condiciones de seguir así, estamos todos en riesgo en esta provincia». Se percibe una justicia que «no está para ayudar a que haya un servicio de justicia», sino para «hacer lo que les mandan a hacer».
Exigencia de transparencia
La ciudadanía exige una «política que actúe, que pase del silencio a la acción, que deje el miedo y la complicidad» y que los recursos públicos sean «respetados, rendidos y utilizados para realmente mejorar nuestro destino común».
Responsabilidad del exgobernador
Se sugiere que el exgobernador Gerardo Morales podría ser el «artífice» o «jefe de la banda de funcionarios», trabajándose para que sea «traído a proceso» basándose en la jurisprudencia que establece la responsabilidad objetiva de los ejecutivos por los hechos de sus funcionarios.
Vulneración de garantías procesales
Falta de debido proceso
Se ha denunciado que en los juzgados contravencionales no se respetan las garantías de un debido proceso. Los abogados encuentran «muy difícil litigar en Jujuy» debido a la falta de respeto a las garantías de defensa, con presiones no solo a los clientes sino también a los propios letrados.
Acciones crueles y arbitrarias
También se reportan acciones crueles, como el despojo de personas de sus casas sin orden judicial y la imposición de multas desproporcionadas sin el respeto a las garantías constitucionales.
Conclusiones y reflexiones
El escándalo de corrupción en el Juzgado Contravencional N°1 de Jujuy representa mucho más que un caso aislado de malversación de fondos. Expone un sistema multifacético de recaudación ilegal y extorsión económica, disfrazado de justicia administrativa y utilizado como herramienta de represión política.
La falta de transparencia, control y rendición de cuentas ha permitido que este sistema opere bajo la complicidad o inacción de diversos niveles del poder provincial. El caso pone en evidencia la erosión de la legitimidad institucional y la vulneración sistemática de los derechos ciudadanos.
La investigación judicial en curso representa una oportunidad para que la justicia demuestre su independencia y compromiso con la transparencia. Sin embargo, los desafíos son enormes, especialmente considerando las denuncias de encubrimiento y obstrucción que involucran a funcionarios de alto nivel.
Para la ciudadanía jujeña, este caso representa una deuda pendiente en términos de justicia, honestidad y transparencia. La verdadera patria, como señala la abogada Cejas, «se construye con justicia, con honestidad, con transparencia», valores que parecen haber sido sistemáticamente violados en este esquema de corrupción.
El futuro de la integridad institucional en Jujuy dependerá de la capacidad del sistema judicial para esclarecer completamente este caso y restaurar la confianza ciudadana en las instituciones públicas. La sociedad civil y los medios de comunicación juegan un papel fundamental en mantener la presión para que se haga justicia y se implementen los controles necesarios para evitar que situaciones similares se repitan.
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