La Causa Caspalá permanece bajo jurisdicción federal tras el rechazo del exhorto provincial que buscaba transferir la investigación. La Jueza Federal Nº 2 de Jujuy, Carina Inés Gregoraschuk, confirmó la competencia federal en un caso que involucra la presunta defraudación de 43 millones de pesos destinados a construir una escuela secundaria en Caspalá.
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Imputación de funcionarios por defraudación en la construcción de una escuela en Caspalá
La decisión judicial, adoptada el 8 de julio de 2025, mantiene la investigación en el fuero federal para esclarecer el destino de los fondos nacionales y las irregularidades cometidas durante la fallida construcción del establecimiento educativo. El caso también abarca la destrucción de patrimonio arqueológico y la expropiación irregular de un terreno privado.
Rechazo del exhorto provincial
La magistrada federal Carina Inés Gregoraschuk rechazó categóricamente el exhorto presentado por el juez provincial Rodolfo Fernández, quien intentó arrogarse la competencia de manera unilateral. La jueza federal «rechazó el exhorto que manda el doctor Fernández, juez provincial abocándose él arbitrariamente y de manera unilateral a la competencia de la carpeta judicial 9787/23».
La abogada Silvana Llanes, representante de la comunidad Colla de Caspalá, destacó las irregularidades en la actuación del magistrado provincial. «No yo por la competencia me arrogo. O sea y que y el la misma OGJ en la oficina de Judicial dijo ‘Sí ¿por qué le jue la materia?’ No error acá tienen que sortear», afirmó Llanes, señalando que el juez Fernández violó el Código Procesal Penal provincial al no realizar el sorteo correspondiente.
La competencia federal ya había sido confirmada en diciembre de 2023, sin que el Poder Judicial provincial presentara objeciones ante la Corte Suprema de Justicia. Esto significa que «la competencia estaba firme y consentida», según estableció la defensa de la comunidad.
Investigación por defraudación a la administración pública
La Justicia Federal investiga el manejo irregular de 43 millones de pesos enviados por el Estado nacional para construir una escuela secundaria en Caspalá. Los fondos, cuyo destino actual se desconoce, fueron destinados a un proyecto que nunca se completó, generando graves perjuicios a la comunidad local.
Seis funcionarios provinciales, entre actuales y exfuncionarios de la gestión de Gerardo Morales, enfrentan imputaciones por defraudación a la administración pública. Los acusados son:
- María Teresa Bovi (exministra de Educación)
- José Torrejón (actual funcionario de Infraestructura Educativa)
- María Cecilia Rotondo (asesora legal del Ministerio de Educación)
- María Victoria Martínez Fascio (secretaria de Infraestructura del Ministerio de Educación)
- Diego Ignacio Montenovi (funcionario de la Fiscalía de Estado)
- Natividad Apaza (excomisionado y actual vocal de la Comisión Municipal de Caspalá)
La abogada Llanes enfatizó que «está probado que los fondos destinados para la construcción de la escuela de Caspalá fueron netamente del Estado nacional, no eran discrecionales de la provincia, o sea que no podían disponer de ellos sin supervisión del Estado nacional». Además, «La Fiscalía mostró los documentos públicos falsos que presentaron, que sustentan la acusación».
Destrucción de patrimonio arqueológico y expropiación irregular
La fallida construcción de la escuela secundaria implicó consecuencias devastadoras para la comunidad de Caspalá. El proyecto destruyó un «espacio comunitario y expropió de manera irregular un terreno privado donde se destruyó de manera irreversible patrimonio arqueológico».
La expropiación ilegal afectó la finca de Pablo Cruz Moyoja, donde «se destruyó un antigal» durante las obras. Esta acción generó un daño irreparable al patrimonio cultural de la región, protegido por normativas nacionales e internacionales.
Las comunidades originarias, como el pueblo Colla de Caspalá, «se encuentran protegidas, no solamente por normativa nacional, por la Constitución nacional, sino por normas supranacionales». La representante legal calificó la actuación de la justicia provincial como una «falta de respeto a la comunidad originaria», señalando que «se sintieron totalmente revictimizadas».
Anulación de la expropiación y plan de reparación
La Legislatura Provincial anuló la expropiación irregular sobre la propiedad de Cruz Moyoja durante el mes pasado, reconociendo la ilegalidad de la medida. Esta decisión forma parte de un proceso de reparación más amplio para restituir los derechos vulnerados.
Existe un «convenio de reparación integral» donde la provincia reconoce el daño causado y la no construcción de la escuela. Se espera la firma de un nuevo convenio con un «plan de remediación» destinado a restituir la cancha comunitaria y el terreno de Cruz Moyoja a su estado original.
Protección de derechos de comunidades originarias
La confirmación de la competencia federal representa un paso fundamental para la protección de los derechos de las comunidades originarias en Jujuy. El pueblo Colla de Caspalá cuenta con garantías constitucionales y protección internacional que requieren el resguardo del Estado nacional.
La actuación irregular del juez provincial y los intentos de trasladar la causa al fuero ordinario fueron interpretados como una maniobra para evadir responsabilidades. La comunidad Colla presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal contra el magistrado Fernández por irregularidades que «rozan el delito de prevaricato».
Implicaciones para la transparencia en la gestión pública
El caso Caspalá expone graves fallas en la transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública provincial. La presunta utilización de documentos públicos falsos y el desvío de fondos nacionales evidencian la necesidad de mayor control y supervisión en el manejo de recursos del Estado.
La Fiscalía Federal ha demostrado que los funcionarios imputados presentaron documentación fraudulenta para justificar el incumplimiento en los avances de obra. Estos elementos probatorios sustentan las acusaciones por defraudación a la administración pública.
Próximos pasos en la investigación
La ratificación de la competencia federal permite el avance de la investigación sobre múltiples aspectos del caso. Los próximos pasos incluyen:
La continuación de la investigación sobre el destino final de los 43 millones de pesos enviados por el Estado nacional. La Justicia Federal deberá determinar cómo se utilizaron estos recursos y quiénes son los responsables del desvío.
La implementación efectiva del plan de remediación integral para reparar los daños causados a la cancha comunitaria y al terreno de Pablo Cruz Moyoja. Este proceso incluye la restitución del patrimonio arqueológico destruido y la reparación de los espacios comunitarios afectados.
El seguimiento de los procesos judiciales contra los seis funcionarios imputados por defraudación a la administración pública. La Fiscalía Federal deberá presentar las pruebas correspondientes y avanzar en el procesamiento de los acusados.
Impacto en las relaciones intergubernamentales
La Causa Caspalá refleja las tensiones existentes entre el gobierno nacional y las administraciones provinciales en el manejo de fondos públicos. La intervención del fuero federal subraya la importancia de la supervisión nacional sobre recursos transferidos a las provincias.
El caso también evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización en la ejecución de obras públicas financiadas con fondos nacionales. La falta de supervisión adecuada permitió que se desviaran recursos destinados a la educación de la comunidad de Caspalá.
Precedente para la Protección de Comunidades Originarias
La decisión de mantener la competencia federal establece un precedente importante para la protección de las comunidades originarias en Argentina. La Justicia Federal se consolida como garante de los derechos constitucionales de estos pueblos frente a posibles vulneraciones por parte de autoridades provinciales.
El pueblo Colla de Caspalá ha logrado que su caso permanezca en la jurisdicción federal, asegurando una investigación imparcial y la protección de sus derechos ancestrales. Esta decisión fortalece la protección de las comunidades originarias en todo el territorio nacional.
Conclusiones
La Causa Caspalá representa un caso emblemático de las fallas en la gestión pública provincial y la importancia de la supervisión federal en casos que involucran fondos nacionales y derechos de comunidades originarias. La confirmación de la competencia federal garantiza una investigación transparente sobre la presunta defraudación de 43 millones de pesos y las irregularidades cometidas en el proceso.
La anulación de la expropiación irregular y el compromiso de implementar un plan de remediación integral muestran el reconocimiento provincial del daño causado. Sin embargo, la investigación judicial debe continuar para determinar las responsabilidades individuales y garantizar que se haga justicia.
El caso subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de fondos públicos, especialmente cuando se trata de recursos destinados a comunidades vulnerables. La protección de los derechos de las comunidades originarias debe ser una prioridad del Estado nacional y las administraciones provinciales.
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