El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy cuenta con nuevas autoridades desde el 6 de octubre de 2025. El abogado Alejandro Atilio Bossatti asumió como Procurador General, mientras que Gonzalo César de La Colina tomó posesión como Procurador General Adjunto, en un acto encabezado por el gobernador Carlos Sadir en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno provincial.
La designación de ambos funcionarios se produjo en una doble jornada legislativa donde la Legislatura de Jujuy otorgó el acuerdo por unanimidad, apenas cuatro días después de que sus antecesores, Sergio Lello Sánchez e Ignacio Pasquini, presentaran sus renuncias «indeclinables» en medio de un estallido institucional sin precedentes en la provincia.
Trayectoria y experiencia de las nuevas autoridades
La diputada Gisel Bravo, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, fundamentó la designación señalando que ambos postulantes cumplían con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente. «Son abogados reconocidos que demostraron conocimiento y experiencia durante el proceso de evaluación», expresó la legisladora ante el plenario.
Por su parte, el diputado Adriano Morone destacó la importancia de los nombramientos para «normalizar la situación del Ministerio Público de la Acusación« y subrayó que Bossatti «conoce bien el organismo» por su pasado como fiscal, lo que —según los legisladores— lo convence de que desarrollará su función con responsabilidad.
Durante la toma de posesión, el gobernador Sadir expresó sus «mejores deseos» a las nuevas autoridades y manifestó su confianza en sus «grandes capacidades para afrontar cualquier desafío» que les depare todo lo que viene por delante en un organismo que cumple una función crucial en el sistema judicial provincial.
Un nombramiento acelerado en medio de la crisis
La celeridad del proceso de reemplazo —ejecutado en apenas cuatro días desde las renuncias hasta la asunción de los nuevos funcionarios— ha sido interpretada por analistas políticos como un esfuerzo gubernamental por normalizar rápidamente la situación institucional y bajarle el tono a una crisis que sacudió los cimientos del poder judicial jujeño.
La Comisión de Asuntos Institucionales evaluó los pliegos y emitió un despacho favorable de forma unánime en tiempo récord, permitiendo que la Legislatura sesionara en dos jornadas especiales dedicadas exclusivamente a la designación de las nuevas autoridades del MPA.
Esta rapidez contrasta notablemente con los tiempos habituales del sistema judicial argentino y sugiere, según voces críticas, una decisión política consolidada para cerrar rápidamente un capítulo especialmente comprometedor para la dirigencia provincial.
El desafío de restaurar la credibilidad institucional
Alejandro Bossatti y Gonzalo de La Colina asumen la conducción de un organismo profundamente cuestionado y sumido en una crisis de legitimidad sin precedentes. El MPA de Jujuy, creado en 2015 durante la gestión del exgobernador Gerardo Morales, enfrentó durante años acusaciones de funcionar como una herramienta de persecución política y disciplinamiento social.
Las nuevas autoridades tienen por delante el monumental desafío de restaurar la confianza pública en una institución que, según múltiples denuncias, fue percibida durante una década como un instrumento subordinado a intereses políticos antes que como un órgano independiente de justicia.
La gran incógnita que se abre es si este nombramiento representa una oportunidad genuina para una depuración profunda y una profesionalización del organismo, o si se limitará a ser un recambio de figuras funcionales a la nueva configuración del poder político provincial.
Los acontecimientos que precipitaron el cambio de autoridades
Para comprender la magnitud del recambio en el MPA, es necesario revisar la vertiginosa secuencia de hechos que derivó en la renuncia de Sergio Lello Sánchez, quien había ocupado el cargo de Procurador General desde la creación del organismo en 2015.
El 2 de octubre de 2025, durante la 9ª sesión ordinaria de la Legislatura provincial, ingresó de manera sorpresiva un pedido de juicio político contra Lello Sánchez y su adjunto, Ignacio Pasquini. La denuncia fue impulsada por un grupo de exfiscales y exfuncionarios del propio MPA, entre ellos Walter Hugo Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Carlos Ariel Gil Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos.
Renuncia del Procurador General de Jujuy: El final de una gestión marcada por la controversia
Con una celeridad sin precedentes en el sistema judicial jujeño, el oficialismo y la oposición acordaron la conformación inmediata de una «Comisión Investigadora». Esta comisión, integrada por los diputados Santiago Jubert, Gisel Bravo, Adriano Morone (oficialismo), Facundo Figueroa Caballero y Daniela Vélez (oposición), se reunió de inmediato y en cuestión de horas emitió la Resolución N° 01-25.
Esta resolución dispuso la suspensión preventiva de ambos funcionarios y solicitó a un juez la autorización para allanar las oficinas del MPA, un galpón en el barrio Chijra y los domicilios particulares de los acusados.
Operativo policial y renuncias forzadas
Durante la tarde y noche del 2 de octubre se ejecutaron múltiples allanamientos con una fuerte presencia de la Infantería y otras dependencias policiales. La operación de toma institucional fue total: se secuestraron equipos informáticos, teléfonos y documentación, y se implementó la requisa de cada empleado al finalizar su jornada para impedir la sustracción de expedientes.
La imagen más simbólica de la jornada fue la de Sergio Lello Sánchez, vestido con ropa deportiva, intentando sin éxito ingresar a la que fuera su oficina, impedido por la policía. «Soy un ciudadano común», declaró a los medios presentes en el lugar.
Acorralados por la situación, Lello Sánchez y Pasquini presentaron esa misma noche sus renuncias «indeclinables», lo que según el reglamento legislativo frenó automáticamente el proceso de juicio político en su contra.
Al día siguiente, el 3 de octubre, el gobernador Carlos Sadir se pronunció públicamente sobre el escándalo con una declaración que minimizó la gravedad de los hechos: «Los funcionarios públicos, así como son designados, también pueden tomar la decisión de irse, de renunciar», expresó, tratando de reducir el acontecimiento a un mero trámite administrativo.
Un catálogo extenso de acusaciones graves
Las denuncias presentadas contra Sergio Lello Sánchez e Ignacio Pasquini son de una gravedad y amplitud excepcionales. Según medios locales, las acusaciones abarcan presuntamente «medio Código Penal», revelando una profunda descomposición institucional.
En materia de malversación de fondos públicos, la denuncia detalla un presunto manejo irregular de recursos del Estado que incluye la apropiación de intereses generados por dinero secuestrado depositado en plazos fijos, la retención de fondos que debían ser transferidos a la Policía Federal por pericias en causas de narcomenudeo, y la realización de subastas irregulares de bienes decomisados sin la debida intervención del Ministerio de Hacienda.
Uno de los ejes más graves de la denuncia se refiere a violencia institucional, que abarca violencia laboral, de género e intrafamiliar. Se acusa a Lello Sánchez de hostigamiento sistemático, incluyendo la creación de una «Unidad Fiscal de Análisis» que operaba como lugar de castigo para fiscales «caídos en desgracia».
El caso de la prosecretaria María Eugenia Río es paradigmático: en 2021 denunció penalmente cinco años de humillaciones misóginas, afirmando que Lello Sánchez se refería a ella con epítetos denigrantes delante de otros fiscales. Las consecuencias en su salud fueron devastadoras, incluyendo «ataques de pánico, autoflagelaciones, pérdida de peso y cabello», requiriendo tratamiento psiquiátrico.
Del mismo modo, Agustina Aramayo, una de las firmantes del juicio político, lo había acusado previamente de persecución y represalias que derivaron en la pérdida de un embarazo tras participar en una marcha «Ni una Menos» en 2019.
Encubrimiento y persecución política
La denuncia también imputa a la cúpula del MPA la paralización deliberada de investigaciones penales que afectaban a figuras del poder político, como las denuncias por violencia de género contra el senador Ezequiel Atauche en 2024, quien además enfrentaba acusaciones de contratación de un sicario y agresión a policías.
Asimismo, se señala el presunto abuso de autoridad mediante la vulneración de garantías constitucionales y detenciones irregulares en causas de alto impacto, como la conocida como «Residencial Ranys».
Un aspecto particularmente controvertido de la gestión de Lello Sánchez fue el uso del MPA como herramienta de persecución política. Las cientos de causas armadas durante las protestas contra la reforma constitucional de 2023 son un ejemplo citado reiteradamente por los denunciantes.
El caso de Alí Peralta, dirigente social procesado por participar en dichas protestas, ilustra la presunta arbitrariedad del sistema: pudo demostrar fehacientemente que en la fecha señalada se encontraba en Buenos Aires acompañando a su padre internado, pero a pesar de las pruebas presentadas, el MPA continuó con la acusación.
El vínculo con el poder político de Gerardo Morales
La figura de Sergio Lello Sánchez estuvo íntimamente vinculada al poder del exgobernador Gerardo Morales en la provincia. Lello Sánchez fue designado en el cargo de Procurador General en 2015, al inicio del gobierno de Morales, y según múltiples fuentes se desenvolvió durante una década «ejecutando órdenes del exgobernador».
El MPA, creado en 2015, fue señalado por críticos como una maniobra para colonizar el Poder Judicial. Bajo la tutela de Morales, el organismo se constituyó como una herramienta de disciplinamiento social, aplicando el Código Contravencional contra opositores políticos, sindicales y sociales.
Lello Sánchez fue calificado como el «ariete de Gerardo Morales contra Milagro Sala«, y su gestión fue vista como el brazo ejecutor de la persecución contra quienes se manifestaban en contra del régimen radical. Su protagonismo en las causas de alto perfil político contra Sala alimentó las críticas sobre la politización de su gestión.
El poder de Lello Sánchez se consolidó aún más con la Reforma Constitucional de 2023, impulsada por Morales, que otorgó rango constitucional al MPA y convirtió el cargo de Procurador General en vitalicio, blindándolo teóricamente de cualquier remoción. El abogado constitucionalista Vicente Casas criticó duramente esta reforma, calificándola como «nefasta» y señalando que otorgó «tantas atribuciones a determinados funcionarios públicos que prácticamente no han tenido control de ninguna naturaleza».
La «decisión política» de la caída
Diversas fuentes periodísticas y políticas sostienen que la caída de Lello Sánchez fue una decisión política de la misma estructura de poder que lo sostuvo durante una década. Candidatos de Fuerza Patria expresaron que «A Lello Sánchez le soltaron la mano por decisión política de Gerardo Morales«.
Según algunas fuentes, el proceso culminó con una «sentencia extrajudicial» firmada en una cumbre con figuras señeras de la política vernácula, donde se le comunicó a Lello: «Hasta acá llegamos». Se sugirió que el Procurador había acumulado un «exceso de poder» que parecía «incontrolable» y que pasó de ser acusador a firmar su propia dimisión.
Un factor detonante que podría haber precipitado la acción política en su contra fue la filtración de chats que revelaron un nivel preocupante de corrupción judicial y tráfico de influencias entre sectores de poder como la justicia —específicamente una jueza de la Corte Suprema provincial, Laura Lamas González— y la Iglesia Católica, donde se planeaban maniobras para silenciar a víctimas de abuso sexual.
Con 10.000 dólares la jueza y obispo de Jujuy intentaron sobornar víctima de abuso sexual
Circuló además el rumor de que Lello Sánchez, entre sus papeles, «tenía una denuncia contra el exgobernador», lo que habría acelerado la decisión de desplazarlo del cargo antes de que pudiera utilizar esa información.
Antecedentes de una gestión controvertida
La caída de Lello Sánchez es la culminación de una década de poder acumulado y controversias. Su gestión estuvo marcada por múltiples denuncias y conflictos que se acumularon durante años sin consecuencias aparentes.
En 2019, Lello Sánchez fue expulsado del Consejo Federal de Procuradores y Fiscales y declarado «inepto éticamente» por haber mentido e invocado al Consejo con «argumentos falsos» durante un juicio político contra otro fiscal. Sin embargo, esta expulsión no tuvo consecuencias en su gestión provincial.
En junio de 2025, protagonizó un grave conflicto de competencia con la justicia federal en el «Caso La Quiaca», al no notificar sobre el secuestro de casi 500 kilogramos de cocaína, un delito que correspondía al fuero federal.
El MPA, bajo su gestión, fue reiteradamente acusado de fabricar causas con pruebas endebles que luego se desmoronaban en los juicios. Un ejemplo notorio fue un juicio contra Milagro Sala donde un testigo declaró haber sido extorsionado por el propio Lello Sánchez, llevando a la nulidad del proceso.
Abogados que habían denunciado con anterioridad a Lello Sánchez terminaban contradenunciados o sus hechos «encajonados», creando un clima de temor e impunidad que permitió la continuidad de su gestión a pesar de las múltiples señales de alarma.
Reacciones políticas y demandas de transparencia
La crisis desató un abanico de reacciones que reflejan las tensiones políticas de la provincia. Mientras el gobernador Sadir minimizó el escándalo y evitó pronunciamientos contundentes sobre las acusaciones, la oposición exigió que se profundicen las investigaciones.
El bloque del PTS-FITU, a través de los diputados Gastón Remy y Natalia Morales, denunció la «opacidad» del proceso y exigió que la investigación continúe a pesar de las renuncias para que no quede «un manto de impunidad». La oposición propone la creación de una comisión investigadora independiente para garantizar que se sepa la verdad sobre los hechos denunciados.
La renuncia de Lello Sánchez y Pasquini ha sido vista por diversos sectores como una «confesión tácita de culpabilidad» y una retirada estratégica para evitar el escarnio público y frenar el proceso de investigación. Sin embargo, su dimisión frena automáticamente el juicio político según el reglamento legislativo, generando preocupación sobre un posible «pacto de impunidad».
Implicaciones para el futuro institucional de Jujuy
La renuncia de Sergio Lello Sánchez no es un mero cambio de personal en la cúpula de un organismo judicial, sino un evento con profundas repercusiones para el equilibrio de poder, la independencia judicial y la confianza pública en las instituciones de Jujuy.
El constitucionalista Vicente Casas calificó la situación como «la crónica de una muerte anunciada», vinculándola directamente con la «nefasta reforma de la Constitución del 2023». Este ciclo de construcción y destrucción de una figura clave a merced de los vaivenes políticos demuestra la instrumentalización del poder judicial para fines políticos.
Las nuevas autoridades, Alejandro Bossatti y Gonzalo de La Colina, enfrentan el desafío monumental de restaurar la confianza pública y profesionalizar una institución percibida como una herramienta de persecución. La gran incógnita es si su nombramiento representa una oportunidad para una depuración real y profunda o si se limitará a ser un recambio de figuras funcionales a la nueva configuración del poder.
La sociedad jujeña y las instituciones de la República se enfrentan a una pregunta fundamental que definirá el futuro de su sistema judicial: ¿será este escándalo el catalizador para una reforma genuina que fortalezca la independencia, la transparencia y el control ciudadano sobre el poder judicial, o se limitará a ser un reacomodo faccional dentro de un sistema que permanece fundamentalmente inalterado?
La respuesta a esta pregunta determinará si la provincia avanza hacia una justicia más robusta o si perpetúa un ciclo de dependencia política y desconfianza institucional que ha caracterizado la última década del poder judicial jujeño.
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