Un grave escándalo de corrupción ha sacudido las instituciones judiciales y eclesiásticas de Jujuy tras la revelación de conversaciones que exponen una presunta trama de encubrimiento para silenciar a la víctima de múltiples abusos sexuales cometidos por un sacerdote católico. La filtración de mensajes del teléfono celular del cura Luis Atilio Bruno ha puesto al descubierto la participación de la jueza del Superior Tribunal de Justicia, Laura Lamas González, y del obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, en un intento de soborno por 10.000 dólares para garantizar la impunidad del religioso acusado.
El origen del caso: Las acusaciones contra el sacerdote
El caso se originó en abril de 2025 cuando una mujer de nacionalidad chilena, en situación de extrema vulnerabilidad, denunció al sacerdote Luis Atilio Bruno por abusos sexuales reiterados. El religioso, quien prestaba servicios en la Parroquia del Barrio Ciudad de Nieva, había ofrecido refugio y contención a la denunciante.
Bruno fue imputado formalmente por los delitos de «abuso sexual simple agravado por su rol como miembro de un culto religioso» (un hecho) y «abuso sexual con acceso carnal agravado por la misma condición» (cuatro hechos). Los ataques habrían ocurrido en la casa parroquial durante 2023.
El 11 de abril de 2025, el Juzgado Especializado en Violencia de Género N.º 2 ordenó su detención, siendo inicialmente alojado en el penal de Alto Comedero. Sin embargo, la jueza Laura Lamas le concedió la prisión domiciliaria en menos de 24 horas desde la presentación del pedido, un proceso que normalmente tarda varios meses. Actualmente cumple esta medida en su residencia en la localidad de Lozano.
La trama de encubrimiento revelada
El 18 de septiembre de 2025, el programa de investigación «Telenueve Denuncia» difundió el contenido de los chats del teléfono celular del cura Bruno, secuestrado durante un allanamiento judicial. Estas conversaciones constituyen la prueba central de la presunta conspiración para comprar el silencio de la víctima a través de un tráfico de influencias que involucra a las más altas esferas del poder provincial.
La negociación del soborno
Los mensajes filtrados revelan con detalle cómo se desarrolló la negociación para silenciar a la denunciante. En las conversaciones, el sacerdote Bruno informa a la jueza Lamas sobre la disponibilidad del dinero: «Hay 10 mil dólares ya». Se especifica que el pago debe ser en efectivo: «Tiene que aceptar 10 mil dólares en mano, no transferencia».
La jueza Lamas interviene para negociar el monto: «eran 6 mil dólares según monseñor, ahora 10 mil dólares, ¿que pasó en el medio?». Los chats revelan que el obispo Fernández debía aportar 3.300 dólares para completar el soborno.
El papel de la jueza en el encubrimiento
La participación de Laura Lamas González, magistrada del Superior Tribunal de Justicia, trasciende la simple connivencia para convertirse en asesoramiento directo al acusado. La jueza se ofrece a presionar al abogado de la víctima, Andrés Puig, a través de su padre, el juez Mario Ramón Puig.
«Estoy esperando que me contesten… el mismo Mario que fue mi compañero y me debe muchos favores», afirma Lamas en los mensajes, agregando que la elección de ese abogado es una «garantía para cerrar el caso».
Además, la jueza asesora a Bruno sobre cómo proteger su patrimonio ante un posible embargo, sugiriéndole declarar su casa como «bien de familia» y ofreciéndose a «activar el trámite». En una muestra del desprecio hacia la víctima, Lamas se refiere a la denunciante como «una loca así», afirmando que «no va a ser fácil para cualquier abogado representar» a alguien como ella.
La participación del obispo
César Daniel Fernández, obispo de la Diócesis de Jujuy y figura con cargos de relevancia nacional e internacional en la Iglesia Católica, aparece como un intermediario activo en la gestión del soborno. Los chats lo posicionan no solo como conocedor de la negociación, sino como participante directo en la misma.
El sacerdote Bruno utiliza el término despectivo italiano «stronza» (zorra, perra, imbécil) para referirse a la víctima, ante lo cual la jueza Lamas responde que «monseñor va saber qué decir y hacer» en la reunión que tendría con la denunciante.
La reacción social y el silencio institucional
La revelación del caso ha generado una profunda indignación pública que contrasta notoriamente con el silencio cómplice de las principales instituciones judiciales y políticas de Jujuy.
Indignación comunitaria
Los vecinos de Lozano han manifestado públicamente su temor e indignación por tener que convivir con un acusado de violación en prisión domiciliaria. Denuncian que la custodia es esporádica o inexistente y han presentado una nota judicial pidiendo su traslado a un penal.
La Red de Mujeres Políticas calificó el hecho como una «alevosía del poder» y denunció la constante revictimización de la denunciante. Organizaciones feministas y de derechos humanos han exigido celeridad judicial y protección para la víctima.
Críticas del sector legal
La abogada Silvana Llanes calificó el hecho como «horroroso y vergonzoso», denunciando una «mafia judicial» que atenta contra la democracia y la división de poderes. Por su parte, la abogada Alicia Chalabe, de la Asociación de Abogados de Jujuy, expresó que «un pedido de favores de una jueza, es causal de un juicio político«.
Silencio institucional
Diversas fuentes periodísticas han denunciado un «silencio cómplice» de las principales instituciones de la provincia. No ha habido pronunciamientos oficiales del Superior Tribunal de Justicia, la Legislatura provincial ni el Poder Ejecutivo sobre el contenido de la denuncia. Tampoco se han manifestado el Colegio de Magistrados ni el Colegio de Abogados de Jujuy.
Los principales medios de comunicación locales, especialmente aquellos vinculados al gobierno, no se han hecho eco de la denuncia, en contraste con la repercusión a nivel nacional. Un informe menciona que el obispo Fernández habría instruido personalmente a dueños de medios para silenciar el caso.
La respuesta del Obispado y la investigación de la filtración
Deslinde de responsabilidades
El obispo Daniel Fernández emitió un comunicado intentando deslindar responsabilidades. En él afirma que procedió según el Derecho Canónico apartando al sacerdote de sus tareas pastorales e informando al Vaticano, que mantuvo contacto con la denunciante «en un clima de cordialidad y colaboración», y que tiene «tranquilidad de conciencia« respecto a su proceder.
Investigación de la filtración
En una controvertida decisión, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy informó el inicio de una investigación penal (legajo P-24901/2025), no por los hechos de corrupción expuestos, sino para determinar el origen de la filtración del expediente a la prensa.
El MPA calificó el hecho como «entorpecimiento o turbación de actos funcionales« y señaló que solo el Ministerio Público de la Defensa, los abogados particulares y personal de la Oficina de Gestión Judicial tenían acceso al legajo. Esta medida ha sido criticada por enfocarse en «el cartero y no en los verdaderos responsables» del intento de soborno.
Contexto institucional y antecedentes
Crisis del Poder Judicial
La jueza Laura Lamas ya había enfrentado dos pedidos de juicio político en 2022 y 2024, los cuales no prosperaron. Informes señalan que el 86% de los jueces jujeños estarían vinculados al poder político, existiendo fuertes internas partidarias por el control de las vacantes en la Corte Suprema provincial.
La doble cara de la Iglesia Católica
La presunta participación del obispo Fernández en la trama de encubrimiento contradice frontalmente los comunicados públicos del Obispado, que tras la detención de Bruno manifestó su «rotundo rechazo» a la violencia sexual y se puso «a disposición de las autoridades judiciales».
La dignidad de la víctima: Rechazó el soborno
Un aspecto fundamental del caso es que la mujer denunciante nunca aceptó recibir el soborno de 10.000 dólares. A pesar de su extrema vulnerabilidad como extranjera en situación precaria, y de la enorme presión ejercida por una jueza del máximo tribunal y el máximo líder de la Iglesia local, la víctima mantuvo su búsqueda de justicia.
Su dignidad inquebrantable se contrapone directamente a la degradación moral de quienes intentaron comprarla, exponiendo que «no todo se compra» y que existen valores que trascienden las ofertas corruptas del poder.
Impacto institucional y social
Crisis de credibilidad
El escándalo ha generado una crisis de credibilidad sin precedentes en las instituciones jujeñas. La ciudadanía, según testimonios recogidos, «descree totalmente en la justicia» tras conocer los detalles del caso.
Revictimización
La difusión de los chats ha resultado en la revictimización de la denunciante, quien fue tratada con términos despectivos por sus presuntos protectores institucionales. El lenguaje utilizado – «stronza» por parte del sacerdote y «loca» por parte de la jueza – revela una mentalidad de profundo desprecio hacia la víctima.
Demandas de destitución
Se esperan pedidos formales de destitución tanto de la jueza Lamas como del obispo Fernández. El caso ha motivado llamados urgentes a realizar los informes correspondientes para que ambas figuras sean apartadas de sus funciones debido a la gravedad de los hechos.
Consecuencias legales y políticas
El escándalo ha puesto en marcha diversos mecanismos de control institucional. Se prevé el ingreso a la Legislatura de un pedido de jury de enjuiciamiento contra la jueza Lamas con solicitud de destitución inmediata.
La abogada Alicia Chalabe enfatizó que las víctimas quedan en el desamparo debido a la corrupción de los miembros del Poder Judicial que «sin perspectiva de género trafican influencias y deshumanizan».
Tráfico de influencias, colusión y abuso de poderes y catolicismo
Este escándalo de corrupción trasciende un caso individual para convertirse en una radiografía del tráfico de influencias y la colusión entre poderes en Jujuy. La evidencia expuesta revela cómo las estructuras diseñadas para impartir justicia y ofrecer amparo pueden ser instrumentalizadas para garantizar impunidad.
La connivencia entre el poder judicial y el poder eclesiástico para encubrir delitos sexuales representa una perversión de las funciones institucionales que ha generado una crisis de confianza pública de enormes dimensiones.
El caso del sacerdote Bruno no es solo la historia de un crimen atroz, sino la exposición de un sistema donde los pilares diseñados para proteger a los más vulnerables se convierten en sus cómplices, planteando interrogantes fundamentales sobre la integridad institucional y los mecanismos de control democrático.
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