La crisis del sistema eléctrico en Jujuy ha alcanzado un punto de inflexión tras la imposición de sanciones millonarias por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) a la Empresa Jujeña de Energía S.A. (EJESA), mientras los usuarios enfrentan facturas cada vez más elevadas sin ver mejoras en la calidad del servicio.
Según informó el vocal primero del directorio de la SUSEPU, Hugo Leopoldo Montaño, el organismo de control aplicó multas por más de $1.800 millones a EJESA entre 2024 y 2025, según reportó Vía Jujuy. Las sanciones responden a una «ola de reclamos» de los usuarios por deficiencias en el suministro eléctrico, cortes constantes y variaciones de tensión que provocaron daños en artefactos domésticos.
«En respuesta a la ola de reclamos ciudadanos, el organismo confirmó que en el último año y medio las sanciones económicas contra la distribuidora superaron los 1.838 millones de pesos», detalló Jujuy al día.
Desglose de las sanciones aplicadas
Las multas impuestas por la SUSEPU se dividen en tres categorías principales. Mediante las Resoluciones 440 y 458, se aplicaron sanciones de $602 millones y $649,5 millones respectivamente, correspondientes al rubro Producto Técnico, debido a variaciones de tensión que afectaron los electrodomésticos de los usuarios.
Además, a través de la Resolución 391, se impuso una multa adicional de $585,6 millones en el rubro Servicio Técnico por deficiencias en los tiempos de respuesta ante la falta de suministro, confirmó El Submarino Jujuy.
Sin embargo, para los usuarios afectados que sufrieron la quema de electrodomésticos o padecieron noches enteras sin electricidad, estas sanciones resultan invisibles. No existe un alivio económico directo ni descuentos proporcionales en las facturas que compensen los daños causados por el mal servicio.
La paradoja del Parque Solar Cauchari
El Parque Solar Cauchari, presentado como la gran promesa de autonomía energética y abaratamiento de las tarifas, ha resultado en una paradoja brutal para los jujeños. A pesar de que la provincia genera energía limpia para abastecer al país, los ciudadanos enfrentan facturas cada vez más caras sin ningún beneficio directo.
La provincia mantiene una deuda millonaria en dólares por la construcción del complejo fotovoltaico. Según información judicial revelada por el abogado Juan Giusti y publicada por Jujuy Dice, «la provincia de Jujuy perderá la suma de 176.032.185,00 dólares» una vez descontados los costos de producción, gerenciamiento, devolución de créditos y pago de intereses.
El financiamiento del proyecto, que alcanzó los 610 millones de dólares, provino de múltiples fuentes: $331,5 millones del crédito con el Eximbank de China, $210 millones del Bono Verde emitido en Wall Street con una tasa del 8,625% anual, $50 millones en la Estación Transformadora del Altiplano, y $10 millones aportados directamente por la provincia para infraestructura, según detalló Infobae.
Tarifas infladas por impuestos y trabas regulatorias
Uno de los aspectos más cuestionados del sistema tarifario jujeño es la composición de las facturas. En muchos hogares, la carga impositiva y los cargos adicionales superan el costo real de la electricidad consumida.
El Secretario de Energía provincial, Mario Pizarro, llevó a la Justicia una acción contra la Resolución Federal 267/2024, que buscaba eliminar las tasas municipales y provinciales de las facturas de servicios básicos. Esta normativa pretendía que los usuarios pagaran únicamente por su consumo real, según reportaron medios locales.
La oposición judicial de Pizarro impide que este alivio se aplique en Jujuy, generando un escenario donde el organismo regulador que debería proteger al usuario es el que litiga para mantener la estructura de cobro actual, confirmó Jujuy al Momento.
Incumplimiento de inversiones y responsabilidades difusas
Las organizaciones de defensa del consumidor han denunciado que EJESA dejó más del 30% de su plan de inversiones acordado sin ejecutar. A pesar de haber obtenido autorizaciones para incrementos tarifarios a cambio de obras de mejora, la empresa distribuidora no cumplió con los compromisos contractuales.
Cuando ocurren fallas en el sistema, EJESA suele responsabilizar a la transportista de alta tensión Transnoa por los colapsos. Sin embargo, desde las asociaciones de consumidores recalcan que EJESA es el único ente con el cual los usuarios mantienen un contrato directo, siendo responsable legal de la continuidad del servicio.
La SUSEPU, mediante la Resolución 108/2025, intimó a EJESA a ejecutar obras adicionales por un presupuesto de $1.212 millones, que incluyen el reemplazo de cableado subterráneo en el anillo céntrico de la capital y la ampliación de estaciones transformadoras en zonas con déficit crítico de potencia, informó Vía Jujuy.
Conflictos de interés y judicialización
La situación se complica aún más por el conflicto de intereses denunciado por organizaciones de consumidores. El Secretario de Energía Mario Pizarro cumple funciones como regulador del sistema y, simultáneamente, representa al Gobierno en el directorio de EJESA, donde la provincia posee el 10% de las acciones.
La abogada Claudia González, representante de PROCONSUMER, ha sido demandada judicialmente por Pizarro por «daño moral» y «afectación al honor» tras sus críticas públicas al funcionario, escalando el conflicto a instancias judiciales mientras los usuarios continúan reclamando explicaciones.
Adicionalmente, existe un litigio pendiente sobre el 10% del paquete accionario que pertenece a los ex empleados de la antigua Dirección de Energía. Pese a existir cuatro fallos judiciales a favor de los trabajadores, el control de esas acciones permanece en disputa.
Destino de las multas: entre la opacidad y la promesa
Un aspecto fundamental aclarado por la SUSEPU es el destino de los fondos provenientes de las sanciones. Según declaró Hugo Montaño, «las multas aplicadas a EJESA vuelven íntegramente a todos los usuarios afectados», y estos montos «no son retenidos por el Gobierno Provincial y no engrosan el Fondo Compensador Tarifario», publicó Jujuy al día.
Sin embargo, persiste la falta de transparencia sobre los mecanismos concretos mediante los cuales estos recursos retornan a los usuarios, generando desconfianza en la población que no percibe beneficios directos de estas sanciones millonarias.
Exigencias de transparencia y futuro incierto
El legislador provincial Luis Federico Canedi, quien juró como diputado en diciembre de 2025 por La Libertad Avanza según informó Somos Jujuy, ha sido uno de los referentes políticos que cuestionaron la falta de claridad en la gestión energética provincial.
La transformación energética de Jujuy no puede sostenerse como pretexto para el endeudamiento infinito y la opacidad regulatoria. Los ciudadanos exigen saber quién debe pagar realmente el costo de esta «revolución solar» y por qué, a pesar de generar energía limpia para el país, continúan sufriendo cortes frecuentes, servicio deficiente y facturas impagables.
El círculo vicioso es evidente: se autorizan tarifazos a cambio de obras que no se concretan, se culpa a terceros por la fragilidad de la red y el ciudadano termina pagando por una mejora que solo existe en los comunicados oficiales.
La demanda en Jujuy ha dejado de ser una simple queja por el monto de la factura para transformarse en una exigencia de transparencia mínima y respeto por los derechos de los consumidores. Mientras la SUSEPU mantenga su silencio sobre el destino real de las multas y los funcionarios actúen de ambos lados del mostrador, la luz seguirá siendo un servicio cuestionado que pocos pueden comprender.
El futuro energético de la provincia depende de que el sol brille para todos, no solo para quienes administran las deudas, las multas y los contratos. La transparencia no es una opción técnica, es una obligación moral que el bolsillo de los jujeños ya no puede esperar.
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