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Sarapura: «Es imperativa la aprobación de la prórroga de la Ley 26160»

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La ministra Natalia Sarapura subrayó la importancia para el Estado Provincial la aprobación de la prórroga de la Ley 26160 que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias.

La titular del Ministerio de Desarrollo Humano, Natalia Sarapura, detalló que la Ley 26160 declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. La misma, fue sancionada a fines del 2006 por un plazo de vigencia de cuatro años, con el objetivo de responder a la situación de emergencia territorial de las comunidades indígenas del país, en conformidad con el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional y el artículo 14 inc. 2 del Convenio 169 de la OIT. La última prórroga de la ley se realizó en 2017 cuando se extendió su vigencia hasta noviembre de 2021.

La Ley 26160 (a través de su decreto reglamentario) habilita la modalidad de co-ejecución a efectos de lograr relevamiento de las tierras que las comunidades aborígenes ocupan tradicionalmente, por lo que a partir de un convenio entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Provincia de Jujuy, creada en 2015, ejecutan el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas que lleva a cabo el relevamiento técnico, jurídico y catastral del territorio de las comunidades indígenas que habitan en nuestra provincia.

En ese sentido, la ministra Natalia Sarapura afirmó que «la ley es un acto de reparación histórica con los pueblos indígenas y en el marco jurídico implica un reconocimiento para comunidades y pueblos indígenas; la ley que se busca prorrogar habla de la necesidad de avanzar con miras a regularizar la propiedad comunitaria de las tierras a nivel nacional, lo que implica un avance atendiendo la emergencia y la situación que viven las comunidades aborígenes de los pueblos pre-existentes».

Profundizando lo dicho anteriormente, la funcionaria explicó que de fondo «lo que necesita Argentina es una ley de propiedad comunitaria de la tierra, por eso la Ley 26160 es un acto de reparación y abordaje inmediato que a nosotros/as como Estado Provincial nos ha permitido avanzar y tener conocimiento de: por un lado, las comunidades que se encuentran enmarcadas en la Ley 26160, y por otro, relevar su composición además de la cantidad de tierras con una perspectiva desde un abordaje integral; lo que nos ha permitido identificar acciones que puedan potenciar el acompañamiento y presencia del Estado ante la situación de las comunidades; por ello resulta imperativa su aprobación».

Continuando, Sarapura detalló que a nivel general que la situación de las comunidades aborígenes en cuanto a la tierra es variada: hay comunidades de pueblos indígenas que están en posesión ancestral de sus tierras y no tienen conflictos; también comunidades que están en posesión ancestral de sus tierras y tienen conflicto con privados que tienen títulos de tierra; además hay comunidades que no están en la posesión ancestral de sus tierras o comunidades que están en la posesión y no tienen conflicto pero no tienen títulos comunitarios de tierra.

«Para todos estos aspectos es necesario identificar y avanzar en el conocimiento acabado de la situación de las comunidades y tener una herramienta técnica que ayude a buscar posibles soluciones, muchas veces judiciales, ante el choque derechos; la ley ha sido una oportunidad para reconocer con una carpeta técnica la ocupación ancestral de las tierras, y es una herramienta que sirve como una invitación al diálogo, a la concertación y a la búsqueda de soluciones», puntualizó Sarapura.

Respecto a la importancia de apoyar la prórroga de la Ley 26160, Sarapura expresó que «como Estado Provincial somos garantes de los derechos de los pueblos indígenas y para poder cumplir ese mandato se necesitan más herramientas, más dispositivos, ya que con los pueblos indígenas hay una deuda histórica, que es sistemática y que ha puesto a las comunidades en esta situación de falta de garantía de sus derechos» y agregó: «para poder cumplir con este mandato institucional -pero también con una sociedad que sea respetuosa de los derechos de todas y todos- es necesario que la institucionalidad del Estado se fortalezca y que las herramientas que tenga el Estado siempre sean suficientes; como en este caso que el relevamiento es una herramienta técnica que sirve para dilucidar y encontrar soluciones para la situación que viven las comunidades y para la seguridad jurídica también en toda la provincia».

En contraste con la situación general en el resto de las provincias, actualmente en Jujuy se encuentra vigente el mencionado convenio, por lo que desde la Secretaría de Pueblos Indígenas en coordinación con las y los representantes del Consejo de Participación Indígena, se continúa trabajando en las diferentes instancias que contempla la ley, a fin de garantizar la aplicación de los Derechos Humanos para los Pueblos Indígenas. Sólo durante el presente año en lo que respecta al trabajo de relevamiento, ese trabajo realizado por el Equipo Técnico Operativo de la provincia, permitió la entrega de veintiún carpetas técnicas a comunidades aborígenes de Jujuy.

Finalizando, la ministra Sarapura ponderó el trabajo realizado por el Gobierno Provincial en cumplimiento con la Ley 26160 y expresó: «siempre hemos sido una provincia que ha tenido la decisión política y la vocación de avanzar en la situación de la tierra de los pueblos indígenas y somos una de las pocas provincias que ha logrado avanzar, por eso es importante poner en valor esta experiencia e invitar siempre a que hay que romper los paradigmas que las comunidades son un problema a atender, las comunidades son sujetos de derechos, siempre respetan y honran el diálogo».


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