Una ampliación de denuncia presentada en los tribunales federales ha desatado uno de los mayores escándalos judiciales de la historia reciente de Jujuy. El exprocurador general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, y el senador nacional Ezequiel Atauche enfrentan graves acusaciones de haber orquestado el armado de causas judiciales contra el empresario Facundo Pederiva, quien permaneció detenido durante más de cinco meses en lo que su defensa califica como una privación ilegítima de la libertad.
La prueba que desató el escándalo
El núcleo de la denuncia presentada por los abogados Julián Martín Palmieri y Daniel Hugo Llermanos consiste en más de 50 páginas de conversaciones de WhatsApp y SMS entre Lello Sánchez y Atauche, certificadas ante escribano público. Estos mensajes, según la defensa, revelan con detalle cómo los acusados coordinaban acciones para manipular el sistema judicial, elegir fiscales a conveniencia y fabricar causas penales.
«Son más de 40 hojas completas de mensajes de texto de WhatsApp donde se ve cómo estos dos sujetos articulaban para el armado de causas, para la detención de personas, cómo ponían y sacaban fiscales, jueces. Es una locura, de una gravedad absoluta nunca antes vista», declaró el abogado Julián Martín Palmieri a medios locales.
Los chats presuntamente contienen evidencia directa de la coordinación criminal entre ambos funcionarios. En uno de los mensajes más contundentes, Lello Sánchez habría escrito sobre Pederiva: «a este personaje lo vamos a pasar baraja», según consta en la documentación presentada ante la justicia.
El origen del conflicto: Una disputa personal
La denuncia original contra Pederiva fue presentada por el propio senador Atauche en medio de su proceso de divorcio. La exesposa de Atauche, María José Siufi, había iniciado una relación sentimental con Pederiva, lo que, según la defensa, habría desencadenado una venganza personal utilizando el aparato judicial del Estado.
«Toda sospecha en esta causa nace del despecho, muchas veces hay denuncias por odio, malicia, venganza o celos. Este expediente está cargado de este tipo de cosas», explicó el abogado Daniel Hugo Llermanos, codefensor de Pederiva.
La acusación contra Pederiva por presunto grooming y corrupción de menores fue procesada con una velocidad inusitada. En apenas 24 horas se formalizó la denuncia, se completaron pericias telefónicas que normalmente demoran semanas y se ordenó su captura. Un domingo por la tarde, Pederiva fue detenido y permaneció en prisión preventiva durante más de cinco meses.
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Manipulación del sistema judicial
Las pruebas presentadas por la defensa describen un sistema de «justicia a la carta» donde los acusados presuntamente controlaban cada aspecto del proceso judicial:
Control de fiscales y jueces: Los mensajes revelarían cómo «ponían y sacaban» funcionarios judiciales según su conveniencia para asegurar resultados favorables a sus intereses.
Recusación estratégica: La denuncia menciona explícitamente la recusación del juez Gastón Mercau cuando este «no resultaba conveniente para los intereses de los acusados».
Conocimiento anticipado de resoluciones: Según la defensa, los chats demuestran que los acusados conocían el resultado de audiencias clave, como la prórroga de la prisión preventiva de Pederiva, incluso antes de que se llevaran a cabo.
Intento de fabricar nuevas causas: Los mensajes supuestamente evidencian planes para armar una causa adicional por narcomenudeo contra Pederiva.
«En 24 horas lo denunciaron, hicieron pericias telefónicas que normalmente demoran semanas y ese mismo día lo detuvieron. Estuvo más de cinco meses preso. Sorteaban jueces y cuando no les servía, como el doctor Gastón Mercau, lo recusaban. Una impunidad nunca vista», declaró Palmieri.
Las acciones legales solicitadas
Basándose en la contundencia de las pruebas presentadas, la defensa ha realizado dos peticiones formales al fiscal Diego Funes, quien investiga el caso en los tribunales federales de Comodoro Py:
Detención inmediata de Sergio Lello Sánchez: Se argumenta la existencia de un claro peligro procesal, tanto por riesgo de fuga como por la posibilidad de entorpecimiento de la investigación, dada la influencia que Lello Sánchez aún podría tener sobre empleados del MPA.
Solicitud de desafuero para Ezequiel Atauche: Se pide que, una vez imputado, se eleve el pedido al Senado de la Nación para retirarle la inmunidad parlamentaria y que pueda ser sometido a proceso.
El abogado Palmieri afirmó que las pruebas apuntan a «un sin número de delitos» y que a los acusados «les va a caber el código penal». Entre los delitos mencionados se encuentran: asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos, peculado, privación ilegítima de la libertad, prevaricato del funcionario público y desobediencia judicial.
La conexión con casos anteriores
Este escándalo no es un hecho aislado en la provincia de Jujuy. Diversas fuentes establecen un paralelismo directo con el caso de los «tuiteros» Nahuel Morandini y Roque Villegas, quienes estuvieron presos más de 50 días por realizar publicaciones en redes sociales que aludían a la vida privada del entonces gobernador Gerardo Morales y su familia.
Ambos casos comparten patrones preocupantes: una «rapidez operativa» inusual en las detenciones y pericias, y la «utilización de recursos institucionales» del Estado contra individuos específicos. Estas similitudes sugieren la existencia de un «modelo de poder» en Jujuy, donde el aparato judicial pudo haber sido utilizado sistemáticamente como un «brazo ejecutor» para llevar a cabo persecuciones personales o políticas.
«Es una impunidad absoluta. Una inseguridad jurídica total. Esto le pudo haber pasado a cualquiera de nosotros como ciudadanos comunes», advirtió uno de los letrados defensores.
El testimonio del padre de la víctima
Héctor Pederiva, padre del empresario detenido, relató la traumática experiencia de la detención de su hijo y denunció haber recibido presiones desde dentro del MPA para que despidiera a su abogado.
«Yo como padre lo que pido es que como hicieron la detención de mi hijo que fue un domingo […] Pido la misma celeridad para ahora. Creo que hay muchas más pruebas en la denuncia que se hizo hoy que la que tenía mi hijo», declaró Héctor Pederiva a medios locales.
El padre también reveló que recibió llamados presionándolo para cambiar de abogado: «Me dijeron ‘sacalo a Julián porque no lo quieren en el MPA'», denunció, evidenciando el nivel de presión institucional ejercida sobre la familia de la víctima.
Expectativas sobre la nueva conducción del MPA
A pesar de la gravedad de las acusaciones contra la gestión anterior, la defensa ha expresado su plena confianza en la nueva conducción del Ministerio Público de la Acusación, encabezada por el Dr. Alejandro Bossati.
«Confío plenamente en la nueva cúpula del MPA, en el doctor Bossati, que va a hacer justicia y que esto va a marcar el fin de un ciclo totalmente patético, ilógico, irregular y de una gravedad institucional absoluta», expresó el abogado Palmieri.
La defensa espera que la nueva gestión actúe con imparcialidad y marque un punto de inflexión en el funcionamiento de la justicia provincial, restaurando la confianza ciudadana en las instituciones.
La denuncia original en Comodoro Py
Es importante señalar que esta ampliación de denuncia se enmarca en una causa más amplia iniciada hace más de un año en los tribunales federales de Comodoro Py. La denuncia original ya apuntaba contra Atauche, su hermano y el concejal de Perico, Mario Abraham, por una serie de delitos graves que incluían la presunta contratación de sicarios y el intento de «plantar» estupefacientes en los estudios jurídicos de los abogados defensores de Pederiva.
Esta escalada en las acusaciones, ahora con pruebas documentales certificadas, convierte el caso en uno de los más complejos y graves de la historia judicial reciente de la provincia.
Impacto en la seguridad jurídica provincial
El caso ha generado un profundo debate sobre el estado de la seguridad jurídica en Jujuy. Los abogados denunciantes han advertido que si estas prácticas quedaran impunes, «cualquier ciudadano podría ser víctima de procedimientos similares», lo que crea un clima de vulnerabilidad ante el poder.
La independencia judicial y la integridad del sistema de justicia están en el centro del debate. Las acusaciones de que funcionarios de alto rango manipulaban la asignación de fiscales y jueces, conocían resoluciones antes de las audiencias y fabricaban causas penales representan una amenaza fundamental para el estado de derecho.
«Se ve cómo armaban la causa, cómo encubrían, cómo movían jueces. Es una asociación ilícita. Una impunidad nunca vista», sentenció el abogado Palmieri al calificar el caso como «la causa más legendaria de la provincia de Jujuy».
Próximos pasos del proceso judicial
Con las pruebas ahora en manos del fiscal Diego Funes y la nueva cúpula del Ministerio Público de la Acusación, el caso ingresa en una etapa crucial. La defensa espera que se concrete la imputación inmediata de los acusados y que se tomen medidas cautelares como la detención de Lello Sánchez.
Para el senador Atauche, el proceso será más complejo, ya que requiere un desafuero parlamentario que debe ser aprobado por el Senado de la Nación. Este trámite podría demorar el avance de la causa, aunque la gravedad de las acusaciones y la contundencia de las pruebas presentadas ejercen presión sobre el Congreso para actuar con celeridad.
La justicia federal deberá determinar si las conversaciones certificadas constituyen evidencia suficiente para procesar a los acusados y si efectivamente existió un plan coordinado para subvertir el sistema judicial con fines personales.
Un antes y un después para Jujuy
Las acusaciones contra un exjefe de fiscales y un senador nacional, respaldadas por pruebas documentales directas, configuran un escenario de gravedad institucional sin precedentes en Jujuy. La evidencia presentada podría marcar «un antes y un después en la provincia», forzando una revisión profunda sobre la independencia y la integridad del sistema judicial provincial.
El caso plantea interrogantes fundamentales para cualquier democracia: ¿Puede un sistema judicial depurarse a sí mismo cuando quienes están en la cúspide del poder son acusados de pervertirlo? ¿Cómo se restaura la confianza ciudadana en instituciones que presuntamente fueron utilizadas como herramientas de venganza personal?
Las próximas semanas serán decisivas para determinar si la justicia de Jujuy puede enfrentar este desafío y si los ciudadanos pueden volver a confiar en que el sistema diseñado para protegerlos no se convertirá en un arma en su contra.
La respuesta a estas preguntas no solo definirá el futuro de los acusados, sino la salud misma del estado de derecho en la provincia y la credibilidad de sus instituciones democráticas.
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