La ciudad de La Quiaca está al borde de una intervención provincial. La Legislatura de Jujuy lanzó un ultimátum formal al Concejo Deliberante local luego de que la Suprema Corte de Justicia impusiera una multa personal de $80.000 diarios al presidente del cuerpo, Hugo Barro, por desobedecer de forma reiterada las órdenes judiciales que ordenan la asunción de dos concejales electos de la oposición.
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La crisis se arrastra desde el 10 de diciembre de 2025. Ese día, Marcela López y Gustavo Farfán, electos bajo la boleta del Movimiento Único Independiente (MUI) con 3.500 votos en los comicios de mayo, fueron impedidos de prestar juramento. El argumento del oficialismo fue una supuesta «inhabilidad moral» que la propia Justicia desestimó meses después. Según informó Jujuy Dice, el Ministerio Público de la Acusación ya se había expedido ese mismo 10 de diciembre señalando que ninguno de los dos concejales tenía causas penales vigentes en su contra.
El 18 de febrero de 2026, la Suprema Corte falló a favor de López y ordenó su incorporación en un plazo de diez días. Venció el 5 de marzo. El Concejo no cumplió.
Multas acumuladas, fondos públicos dilapidados
Desde entonces, el cuerpo deliberativo acumula sanciones conminatorias institucionales de $50.000 diarios —pagadas con dinero del municipio— que a junio de 2026 ya superan los $2 millones. Ante la evidencia de que las multas colectivas no generaban ningún incentivo para cumplir, el 3 de junio la Justicia escaló la presión: impuso a Barro una sanción personal de $80.000 diarios, destinada a la Biblioteca del Poder Judicial. Según confirmó El Submarino Jujuy, la medida responde al incumplimiento persistente de la sentencia de la Suprema Corte y se mantendrá vigente hasta que Barro convoque la sesión de jura.
Es un cambio de lógica. Ya no es el erario de La Quiaca el que absorbe el costo del desacato: es el patrimonio del funcionario que lo sostiene.
Sesiones secretas y doble estándar
Mientras el quórum «no alcanzaba» para tomarle juramento a la oposición, el Concejo aprobó en sesiones reservadas la Ordenanza 05/2026, que incrementa las tasas al transporte, y realizó designaciones en la Tesorería. La misma semana en que se bloqueaba el diploma de López por «inhabilidad moral», el cuerpo permitió sin objeciones la asunción de Silvano Velázquez, hermano del intendente Dante Velázquez, pese a que este cargaba con una causa judicial por el robo de documentación pública. Así lo documentó Jujuy Dice en su cobertura del conflicto desde marzo de 2026.
«Vinimos a controlar y no nos pueden comprar; por eso empezaron a armar todo esto», afirmó Farfán.
El Legislativo provincial toma partido
El 4 de junio de 2026, la Cámara de Diputados provincial aprobó la Resolución Nº 20/26, que intima al Concejo a tomar juramento de forma inmediata. El legislador Carlos Haquim advirtió que el desacato persistente derivará en un pedido formal de intervención. Bloques del Frente de Izquierda y sectores del oficialismo provincial coincidieron en calificar la situación como una «sedición institucional», según informaron Jujuy al Momento y Que Pasa Jujuy.
La medida tiene un antecedente con peso simbólico: es la primera vez desde el retorno democrático que la Legislatura jujeña evalúa intervenir un municipio por incumplimiento de fallos de la Corte provincial.
El trasfondo: cuentas que nadie rindió
López y Farfán sostienen que el bloqueo tiene un propósito claro: impedir cualquier control sobre la gestión de Dante Velázquez. El municipio no ha presentado rendición de cuentas de los ejercicios 2024 ni 2025. El presupuesto para multas por desobediencia judicial aparece disponible; el dinero para el alumbrado público de los barrios, no.
En enero de 2026, una marcha multisectorial de comerciantes, feriantes y transportistas reclamó la derogación de ordenanzas impositivas que los vecinos consideran confiscatorias. La misma ciudad que recauda alrededor de $365 millones anuales en concepto de canon por la playa de estacionamiento del puente internacional acumula denuncias por pavimentación defectuosa —la Avenida León Gieco se agrietó a un mes de su inauguración—, venta irregular de licencias de taxi y desvío de materiales de obra pública.
Mientras tanto, como señaló Jujuy al Momento, Velázquez ocupa la vicepresidencia del BRIPAEM —el Bloque Regional de Intendentes, Prefeitos, Alcaldes y Empresarios del MERCOSUR— proyectando una imagen institucional que sus propios vecinos contradicen desde las calles sin asfaltar de la ciudad fronteriza.
¿Qué sigue?
Si el Concejo no regulariza la situación en el plazo que la Legislatura establezca, La Quiaca enfrentará una intervención que suspenderá las autoridades locales y designará un administrador provincial. La democracia representativa en la Puna jujeña tiene plazo de vencimiento.
La pregunta que queda flotando en cada cuadra sin bacheo y en cada barrio sin luz es la misma que López plantea desde el gazebo de la vereda donde atiende a sus representados: ¿cuánto tiempo más puede un municipio ignorar una sentencia judicial y seguir llamándose gobierno?
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