El 20 de junio de 2023, durante la jura de la reforma constitucional en Jujuy, una represión policial dejó centenares de heridos en San Salvador, Purmamarca, Abra Pampa y Humahuaca. Tres años después, en junio de 2026, las causas judiciales que investigan lo ocurrido permanecen fragmentadas en al menos ocho expedientes y comunidades indígenas de la Puna y la Quebrada iniciaron una nueva marcha desde La Quiaca hacia la capital provincial para reclamar avances en la justicia.
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Qué pasó el 20 de junio de 2023
La Legislatura de Jujuy juró aquel día una nueva Constitución provincial impulsada durante la gestión del entonces gobernador Gerardo Morales, en medio de un rechazo social que derivó en protestas en distintos puntos de la provincia. Según el cronograma reconstruido a partir de las causas judiciales, la represión comenzó el 16 de junio en Abra Pampa, continuó el 17 de junio en el cruce de Purmamarca —con heridos de gravedad y detenciones—, escaló el 20 de junio en San Salvador de Jujuy con más de cuatro horas de enfrentamientos, y se extendió el 30 de junio a hechos de violencia institucional en Humahuaca.
Las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma de forma indiscriminada, según consta en las causas judiciales que investigan los hechos. Entre las víctimas con secuelas permanentes se cuentan Liam Lamas, Joel Paredes y Ernesto Aguirre, quienes perdieron la visión de un ojo por el impacto de postas de goma dirigidas al rostro.
La estrategia de fragmentación judicial
A tres años de los hechos, la abogada querellante Alejandra Cejas denunció que el Poder Judicial mantiene los expedientes divididos en al menos ocho causas distintas, lo que en su análisis diluye la cadena de responsabilidad política. «La justicia no avanza para garantizar impunidad. Cuando la justicia mira para otro lado es porque hay impunidad», sostuvo Cejas.
Según esta lectura, la unificación de las causas permitiría establecer una responsabilidad sistémica hacia la conducción política de entonces, mientras que la fragmentación actual concentra las imputaciones en alrededor de 30 efectivos policiales de rangos bajos. La fiscalía a cargo de la investigación está conducida por Diego Funes.
Entre las figuras señaladas por las querellas a partir de registros fílmicos aportados como prueba se mencionan al ex secretario de Relaciones con la Comunidad, Diego Suárez; la diputada y ex ministra María Inés Zigarán; y los ex funcionarios Álvarez García y Walter Rondón, vinculados al cruce de Purmamarca.
El bloqueo a organismos internacionales
Las querellas también denunciaron un cerco institucional a la supervisión externa de las causas. Amnistía Internacional solicitó presentarse como amicus curiae en los expedientes vinculados a Liam Lamas y Joel Paredes, pero según el material relevado la organización vio rechazado ese pedido y no logró acceso a la totalidad de los expedientes judiciales.
Impacto institucional de la reforma
Más allá del proceso judicial, la reforma constitucional de 2023 modificó el esquema de control de cuentas provincial al reemplazar el Tribunal de Cuentas por una Auditoría General, un cambio que, según las fuentes consultadas en el informe, redujo la transparencia sobre el destino de fondos públicos, incluidas regalías mineras y partidas del INAI destinadas a personerías jurídicas de comunidades indígenas.
En paralelo, el extractivismo vinculado al litio y las tierras raras avanzó sobre salares de la Puna, mientras que en la Quebrada de Humahuaca —declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO— se registró expansión de emprendimientos inmobiliarios y vitivinícolas.
La marcha desde La Quiaca
En este contexto, comunidades de la Puna y la Quebrada —entre ellas Lumara, Cueva del Inca, Caspalá y El Churcal— iniciaron en junio de 2026 la 2° Marcha por la Justicia y el Territorio, una caminata federal desde La Quiaca hacia San Salvador de Jujuy bajo la consigna «Abajo la reforma, arriba los derechos».
«Estamos peor que en el 2023. Se está aplicando esa inconstitucional reforma aprobada a la medianoche a libro cerrado», afirmó Carlos Chuychuy, referente de la comunidad de Lumara, en Abra Pampa.
Como parte de la movilización, las comunidades realizaron el emplazamiento de chacanas —cruces andinas consideradas símbolos de resistencia— en La Quiaca y Purmamarca. Entre los reclamos que acompañan la marcha figura la denuncia de una posible malversación de fondos del INAI destinados a la regularización de personerías jurídicas comunitarias, que según los denunciantes no llegaron a destino a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas.
Lo que sigue
A tres años del 20 de junio de 2023, la provincia atraviesa un escenario donde la demanda de justicia por las víctimas de la represión continúa sin resolución judicial unificada, mientras la movilización social mantiene activo el reclamo. La marcha que partió de La Quiaca prevé continuar su recorrido hacia la capital provincial en los próximos días, en momentos en que las querellas insisten en la necesidad de unificar las causas para determinar responsabilidades políticas más allá de las imputaciones a personal policial de bajo rango.
¿Logrará la nueva movilización destrabar el estancamiento judicial que persiste desde hace tres años en las causas por la represión de 2023?
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