La Cámara Nacional Electoral confirmó la continuidad de la intervención judicial del peronismo jujeño por 180 días y ordenó el desplazamiento del interventor Ricardo Villada, en una resolución que redefine el proceso de normalización partidaria y golpea la estrategia regional del gobernador salteño Gustavo Sáenz.
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La Cámara Nacional Electoral dictó un fallo sobre la profunda crisis institucional y de representación que atraviesa el Partido Justicialista — distrito Jujuy. El tribunal ratificó la intervención judicial de la fuerza por un plazo de 180 días, pero dispuso el desplazamiento del interventor Ricardo Guillermo Villada, con el fin de asegurar condiciones de neutralidad absoluta en el proceso de normalización.
La resolución fue firmada por los jueces Santiago Hernán Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Ricardo Dalla Via, quienes analizaron la situación institucional del PJ jujeño y consideraron que el partido atraviesa una fuerte crisis interna, tanto política como jurídica.
El argumento central del fallo: parcialidad y neutralidad
Los camaristas remarcaron que quien ejerce una intervención de este tipo debe actuar con absoluta imparcialidad frente a los distintos sectores enfrentados. Observaron que Villada había sido propuesto previamente por el espacio que encabeza la senadora nacional Carolina Moisés. «El hecho de que Ricardo Guillermo Villada fuera propuesto previamente por una de las partes de la controversia podría resultar, por sí sola, en una percepción de parcialidad respecto de su actuación», sostuvieron los camaristas.
La causa llegó a la Cámara luego de la apelación contra la resolución del juez federal de primera instancia de Jujuy, que había declarado la nulidad de resoluciones internas partidarias firmadas durante 2026 y había decretado la intervención judicial por 180 días.
De esta forma, el juez Esteban Hansen deberá nombrar «con celeridad» a un nuevo interventor para que reemplace al salteño Villada y que sea el encargado definitivo de normalizar al PJ jujeño.
El propio Villada tomó distancia del fallo sin cuestionarlo. Según consignó Radio Profesional FM 89.9, el dirigente salteño afirmó: «La Justicia no cuestionó mi accionar, que en todo momento fue de carácter independiente y buscando un equilibrio entre todos los sectores». Agregó que espera que su sucesor continúe «acelerando» el proceso para que el PJ jujeño «merezca tener autoridades electas por sus afiliados».
La Justicia electoral nacional también rechazó las apelaciones realizadas por La Cámpora y el justicialismo nacional en manos del kirchnerismo. La conducción encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, que buscaba levantar la medida para imponer a sus propios normalizadores, quedó sin respaldo del tribunal.
Un colapso electoral con números alarmantes
El fallo judicial no ocurre en el vacío. Llega en el momento de mayor debacle electoral del peronismo jujeño en una década. La evolución de las bancas muestra esa tendencia con claridad. En 2015, las distintas expresiones peronistas obtuvieron diez de las 24 bancas en disputa. En 2017 bajaron a siete. En 2019 alcanzaron once escaños repartidos en distintas ofertas electorales. Desde entonces comenzó una nueva caída: seis diputados en 2021, seis en 2023 y apenas tres en 2025.
El peor resultado de la década coincidió con la consolidación de La Libertad Avanza como nueva referencia opositora y con la aparición de una disputa por sectores del electorado históricamente vinculados al peronismo.
En las elecciones del 11 de mayo de 2025, La Libertad Avanza obtuvo el 20,9% de los votos y logró ingresar 7 legisladores, convirtiéndose en la segunda minoría del parlamento jujeño en su primera incursión. El contraste con los 3 legisladores peronistas es contundente y tiene consecuencias institucionales directas.
Lo que está en juego: el Defensor del Pueblo y la Auditoría
Más allá de la disputa por bancas, el PJ Jujuy enfrenta una amenaza institucional concreta. Si el peronismo repite la performance electoral de 2025 y deja de ser la principal oposición provincial, podría perder algo más que bancas en la Legislatura y el Congreso. La Constitución provincial reserva al bloque opositor más numeroso la facultad de proponer al Defensor del Pueblo y al presidente de la Auditoría General de la Provincia, dos cargos de vital importancia para la estructura institucional que además abren caminos de exposición relevantes de cara a la proyección política en la provincia.
Según el análisis publicado por Letra P, el peronismo ya no debate cómo distribuir poder, sino cómo administrar su escasez, y los distintos sectores llegarán a 2027 para pelear una renovación legislativa especialmente exigente.
El golpe a Sáenz y el mapa de facciones internas
El desplazamiento de Villada tiene un impacto que trasciende los límites de Jujuy. El exfuncionario del gobierno salteño era una pieza clave de la estrategia del gobernador Gustavo Sáenz para proyectar influencia sobre la reorganización del peronismo de la provincia vecina. Su salida debilita ese movimiento regional en un momento en que el NOA intenta articular un bloque de gobernadores con agenda propia.
Al interior del PJ Jujuy, el escenario sigue fragmentado en facciones que no logran articular una conducción unificada. Carolina Moisés, con perfil nacional y respaldo en el bloque de gobernadores del norte, busca presidir el partido y apuesta por una conducción local frente al centralismo. Leila Chaher, con el respaldo de La Cámpora y Cristina Kirchner, obtuvo alrededor del 15% en las últimas elecciones, lo que limitó su peso territorial. Rubén Armando Rivarola, con el mayor despliegue de estructura partidaria y legislativa, es cuestionado por su cercanía histórica con el exgobernador Gerardo Morales. Figuras como Guillermo Snopek, Carlos Haquim y Guillermo Jenefes completan un mapa de atomización donde ningún sector concentra simultáneamente volumen electoral, estructura y legitimidad.
Un sector —el de Rivarola, Jenefes y Haquim— explora acuerdos con el oficialismo provincial de la UCR para contener el avance libertario y preservar cuotas de poder institucional. El bloque Moisés-Snopek-Chaher ve en esa movida un suicidio político que solo acelerará la fuga de votos hacia La Libertad Avanza.
El reloj corre hacia 2027
Con la intervención judicial confirmada y un nuevo interventor por designar, el proceso de normalización partidaria del PJ Jujuy entra en una etapa decisiva. El juez Hansen deberá actuar con rapidez para que el partido convoque a elecciones internas y elija nuevas autoridades antes de quedar inhabilitado para competir con estructura propia en los comicios de 2027.
La crisis interna del partido derivó en una situación de «disfuncionalidad política y jurídica» que, según los jueces electorales, afecta los derechos de los afiliados y justifica la medida excepcional. La pregunta que recorre los pasillos de la política jujeña ya no es si el peronismo puede recuperar su centralidad histórica, sino si logrará sobrevivir como fuerza opositora relevante antes de que el mapa político de la provincia termine de redibujarse sin él.
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