La provincia que se vende al mundo como «Jujuy Verde» atraviesa una de las crisis energéticas más graves de su historia. En menos de tres años, la boleta de luz se volvió impagable para jubilados y comerciantes, mientras el Estado desembolsa 106.000 dólares mensuales por parques solares que, según denuncias legislativas, no inyectan un solo vatio a la red.
La crisis del servicio eléctrico en Jujuy ya no es solo una cuestión de números: es una emergencia social. El abogado Alejandro Mur, referente del Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidor de Jujuy (CODECUC), diagnosticó la situación de los usuarios como de «total estado de indefensión», frente a una empresa que describió como «protegida del Gobierno». El marco es contundente: entre noviembre de 2023 y abril de 2026, el precio de la energía en Jujuy aumentó entre un 2.500% y un 3.000%, y el precio del kilovatio (kWh) se multiplicó por 25 respecto al mismo período de 2024.
En localidades como Libertador General San Martín y San Pedro de Jujuy, los testimonios de jubilados y familias describen una disyuntiva brutal: comprar alimentos, costear medicamentos o pagar la factura de EJESA. Las boletas residenciales que antes rondaban los $150.000 saltaron a $250.000, mientras que pequeños comercios enfrentan facturas que superan los $700.000. La situación es tan crítica que muchos usuarios están recurriendo a préstamos o tarjetas de crédito para pagar la luz, e incluso algunos han vuelto al uso de velas para reducir el consumo.
El escándalo de los paneles que no alumbran nada
En el corazón de la denuncia más grave se encuentra el contrato con Industrias Juan F. Secco S.A., empresa adjudicataria del Proyecto Solar Distribuido provincial. En septiembre de 2022 se realizó el llamado a licitación pública para la construcción, puesta en funcionamiento, explotación, operación y mantenimiento de parques solares, resultando adjudicataria SECCO. Sin embargo, el diputado provincial Rubén Armando Rivarola expuso en la Legislatura una situación que encendió todas las alarmas.
Empresa Secco informó a Gerardo Morales avance de los 8 Parques Solares
Según Jujuy Dice, fue el propio Rivarola quien dio a conocer lo que ocurre con la instalación de los paneles propiedad de la empresa Secco. De acuerdo al material de denuncia, el Estado provincial paga 106.000 dólares mensuales — más de 1.200 millones de pesos anuales — a dicha empresa por parques solares ubicados en zonas como Chalicán y Finca El Pongo que, en la práctica, no estarían conectados a la red de EJESA ni aportarían energía al sistema. El legislador fue categórico:
«Pusieron ocho paneles solares… no están dando electricidad a EJESA, no están conectados. ¿Sabe cuánto les pagamos? 106 mil dólares por mes, sin darnos ni un gramo de electricidad a nadie.»
El contrato de abastecimiento de energía (PPA) entre JEMSE y EJESA, cedido a SECCO, fue además extendido de 20 a 21 años mediante la Resolución 1027-ISPTyV/2024, citando demoras por importaciones y disponibilidad de tierras. La paradoja es brutal: mientras la infraestructura de distribución envejece en barrios como Chijra y Campo Verde —con transformadores y cañerías de más de 30 años— el dinero público financia, al menos en los papeles, paneles que no generan nada.
El «cargo por uso de red»: un impuesto que solo existe en Jujuy
Detrás del tarifazo hay una arquitectura de cargos que convierte a Jujuy en un caso único en el país. El abogado Mur denunció el polémico «cargo por uso de red», señalando que Jujuy es la única provincia del país que lo cobra a los usuarios. En el resto de Argentina, este costo lo absorbe la empresa distribuidora como parte de su riesgo empresarial. En Jujuy, por resolución de la SUSEPU en 2022, durante la gestión de Gerardo Morales, se trasladó este costo a los usuarios. En muchas facturas residenciales, el monto por «uso de red» es superior al costo del consumo real de energía.
A eso se suman el FOPEJ (Fondo Provincial de Energía de Jujuy) y la inclusión de tasas municipales e impuestos que la empresa recauda como agente de percepción. Mur afirmó que la inclusión de estos cargos «es inconstitucional», advirtiendo que no todas las municipalidades tienen convenios expresos con EJESA y que, en esos casos, se trata de un «cobro indebido». El resultado es que, como señaló el referente de CODECUC en diálogo con El Submarino Radio (FM Conectar 91.5): «Tenemos una de las facturaciones más caras del país. Jujuy es casi el doble de caro que Salta, Córdoba o Buenos Aires.»
Fondos públicos para iluminar festivales privados
La Resolución 126 de la SUSEPU de abril de 2026 reveló otro costado polémico de la gestión energética provincial. A través del FOPEJ, los ciudadanos financian el alumbrado del predio Ciudad Cultural, donde se realizan eventos privados con fines de lucro como festivales y carnavales. Solo en febrero de 2026, el gasto aprobado para alumbrado público en dicho predio ascendió a $32.559.060. En ese mismo período, la rendición para el Sistema Aislado Provincial (SAP) alcanzó $1.319.342.484, una cifra que especialistas en derecho del consumidor califican de «abultada e injustificable» considerando los avances en interconexión y energía solar de la provincia.
La SUSEPU: ¿control o blindaje?
La diputada justicialista Daniela Vélez también cuestionó la «contradicción estructural» que atraviesa Jujuy como una de las principales generadoras de energía renovable del país, advirtiendo que los elevados costos tarifarios evidencian «una desconexión entre la capacidad de generación energética y el acceso equitativo a dicho recurso».
Esa contradicción tiene un árbitro señalado: la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU). Asociaciones de consumidores y legisladores coinciden en que el organismo opera más como escudo de EJESA que como defensor ciudadano. No se registran bonificaciones automáticas por cortes de suministro, y el 70% de EJESA pertenece actualmente a Edison Energía S.A. tras una venta cuestionada en la propia Legislatura.
Ante ese escenario, en ciudades como San Pedro la ciudadanía organizó campañas para recolectar 18.000 firmas —el 3% del padrón electoral— con el objetivo de exigir la revisión o revocación de la concesión, amparándose en el artículo 42 de la Constitución Nacional y la Resolución 267/2024. Desde CODECUC, Mur planteó que «venga otra empresa o que se cree una empresa estatal», señalando los casos de Córdoba y Catamarca como ejemplos donde el servicio a cargo del Estado permitiría «pagar menos de la mitad, incluso una cuarta parte».
El vecino del barrio Chijra José Luis Peñalva resumió el sentimiento colectivo: «Parece que nos acostumbramos a callarnos la boca y parece que es normal… el Estado no está controlando y los que nos perjudicamos somos los vecinos.»
La falta de respuesta institucional fue calificada por Mur con dureza: «Estamos en un estado de indefensión total. Los funcionarios pasan, pero los ciudadanos somos los que quedamos sufriendo un servicio malo y caro que afecta directamente nuestra calidad de vida.»
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