Un nuevo capítulo de tensiones y despojos emerge en Finca El Pongo, ubicada en la localidad de Perico, provincia de Jujuy, Argentina. La familia Ibáñez, asentada en la zona desde hace más de 100 años, enfrenta un desalojo que amenaza con destruir su legado y forma de vida. Este conflicto, que involucra a sectores del poder judicial, policial y empresarial, evidencia la creciente presión sobre las tierras campesinas en favor del desarrollo industrial y económico.
Una familia con raíces centenarias
Los Ibáñez llegaron a Perico junto a Plinio Zabala, quien los estableció como medieros en la finca. Durante cinco generaciones, esta familia se dedicó a la cría de animales en las 37 hectáreas que ocupan. Sin embargo, una reciente resolución judicial de la jueza Sandra Torres les limita a solo una hectárea, dejándolos sin recursos suficientes para mantener su sustento.
“Nunca fuimos usurpadores; trabajamos la tierra como medieros desde que Zabala nos trajo”, declara Griselda Ibáñez, una de las integrantes de la familia, quien denuncia un despojo injusto y violento.
La historia de esta familia es un reflejo de las luchas campesinas en el noroeste argentino. Desde el inicio del siglo XX, los Ibáñez se establecieron en Finca El Pongo, trabajando en condiciones adversas pero logrando construir una vida arraigada al campo. Esta relación simbólica y práctica con la tierra está ahora en peligro.
La orden judicial y su ejecución irregular
El 27 de diciembre, las topadoras irrumpieron en las tierras de los Ibáñez, acompañadas por 15 efectivos policiales, pese a que el plazo para el desalojo vencía el 14 de febrero. El abogado Alberto Nallar, defensor de la familia, afirma que el operativo careció de una orden judicial y califica la acción como “ilícita”.
“Denunciamos al abogado Oliver Alanís por usurpación y abuso de autoridad. La jueza nunca ordenó el desalojo por la fuerza antes del plazo establecido”, sostiene Nallar. Además, denuncia la connivencia entre el poder judicial y el Parque Industrial de Perico, vecino a las tierras de la familia.
La orden judicial emitida por la jueza Torres presenta ambigüedades. Por un lado, exige la desocupación inmediata de las tierras no habitadas; por otro, establece un plazo de diez días hábiles para que los Ibáñez presenten su defensa. Sin embargo, la acción de desalojo se adelantó de manera irregular, dejando a la familia sin posibilidades de reaccionar.
Impacto en la vida campesina
La situación afecta gravemente la economía y estabilidad de los Ibáñez. Con más de 100 cabezas de ganado, la reducción de tierras pone en riesgo la alimentación y seguridad de sus animales. Asimismo, los integrantes de la familia, que incluyen personas mayores de 70 años y niños de 4 y 5 años, se enfrentan a condiciones de vida precarias tras el despojo.
“Nos prometieron una vivienda y un terreno, pero ¿cómo mantenemos a nuestros animales en una hectárea?”, lamenta Griselda.
La familia también denuncia hostigamiento policial constante. Griselda relata cómo las maquinarias destruyeron cercos y vegetación, dejando a los animales sin pastura y a la familia sin acceso a caminos o rutas. “Casi me atropellan con una topadora por intentar detenerlos”, cuenta.
Expansión industrial y el futuro de Finca El Pongo
Desde que la administración de Gerardo Morales tomó control de Finca El Pongo, las familias campesinas han sido progresivamente desplazadas. Proyectos como Cannava SE, para la producción de cannabis medicinal, y la ampliación del Parque Industrial de Perico han cambiado el uso de suelo, favoreciendo actividades industriales sobre las tradicionales.
La ubicación estratégica de Finca El Pongo, cercana a vías del tren, una aduana privada, el aeropuerto internacional y la Ruta Nacional 66, la convierte en un lugar codiciado por empresas transnacionales. Este contexto ha intensificado el conflicto entre los intereses empresariales y los derechos de las comunidades campesinas.
“Es un saqueo impresionante. Nos están sacando de nuestras tierras para beneficiar a empresas transnacionales”, denuncia Griselda Ibáñez, aludiendo a firmas como Tsinshan Mining Development y TB Cargo.
Las denuncias y el reclamo de justicia
El abogado Nallar presentó una denuncia por abuso de autoridad, amenazas y daños contra el abogado Alanís, la administradora Sonia Leis y la jueza Sandra Torres. Además, ha informado a las empresas transnacionales involucradas sobre las irregularidades del desalojo.
“Este desalojo demuestra la incompetencia de la justicia jujeña y su complicidad con los intereses económicos”, asegura Nallar, quien también señala que el caso podría avanzar hacia fueros federales.
En su denuncia, el abogado también destaca que el desalojo violó la Ley 25.488, que protege a los ocupantes de larga data. “Es evidente que este proceso tiene vicios legales desde el inicio”, afirma.
Contexto de los desalojos en Jujuy
El desalojo de los Ibáñez es parte de una tendencia creciente en Jujuy, donde comunidades campesinas e indígenas enfrentan desplazamientos forzosos. Casos similares ocurrieron en Tilcara, con el Tren de la Quebrada, y en Caspalá, donde seis funcionarios fueron imputados por abusos.
Desalojo en Tilcara: Funcionario provincial Pablo Civetta acusado de usurpación de terrenos
Imputación de funcionarios por defraudación en la construcción de una escuela en Caspalá
En cada uno de estos casos, el denominador común es el avance de proyectos económicos sobre tierras ocupadas por familias o comunidades. Este fenómeno refleja una política sistemática de despojo que prioriza el desarrollo industrial sobre los derechos de los habitantes originarios.
Historias humanas detrás del conflicto
Detrás de las cifras y las denuncias, se encuentran historias humanas de resistencia y pérdida. La familia Ibáñez ha visto cómo su forma de vida, basada en el trabajo agrícola y ganadero, se desmorona bajo la presión de intereses externos.
“Nos tratan como invasores cuando hemos vivido aquí por generaciones. Este es nuestro hogar, y nos lo quieren quitar”, dice Griselda entre lágrimas. Sus palabras reflejan el dolor de muchas familias campesinas que enfrentan situaciones similares en toda la región.
Reflexiones finales
El conflicto en Finca El Pongo refleja las tensiones entre el desarrollo económico y la preservación de los derechos campesinos. Mientras la familia Ibáñez busca justicia, el futuro de sus tierras y su forma de vida está en juego. Este caso plantea una pregunta fundamental: ¿qué valor tiene el legado histórico y cultural frente a los intereses industriales y económicos?
La lucha de los Ibáñez simboliza la resistencia frente al despojo, recordando la vital importancia de proteger los derechos de quienes han habitado, cultivado y preservado la tierra como legado histórico y cultural.
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