Desalojo en Tilcara: Funcionario provincial Pablo Civetta acusado de usurpación de terrenos

El funcionario provincial, Pablo Civetta, es denunciado por usurpación de terrenos en Tilcara, generando conflictos legales con emprendedores turísticos.

Ursurpación en el barrio Radio Estación de Tilcara

En un contexto de creciente tensión social y judicial, la situación en el barrio Radio Estación de Tilcara ha captado la atención de la opinión pública. Un funcionario provincial, Pablo Civetta, presidente del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana (EARPU), se encuentra en el centro de una controversia que involucra la usurpación de terrenos y el desalojo de vecinos, entre ellos, emprendedores turísticos.

Este artículo examina los eventos que han llevado a esta situación, las acusaciones formuladas y las implicaciones legales que se derivan de este caso.

Contexto de la situación

La problemática comenzó a intensificarse cuando varios vecinos del barrio Radio Estación, incluidos seis emprendedores turísticos, fueron acusados de usurpar terrenos. La denuncia fue presentada por Civetta, quien no solo actúa como denunciante, sino que también se presenta como propietario de cinco de los terrenos en cuestión. Esta dualidad de roles ha generado un clima de desconfianza y sospecha entre los afectados.

La figura de Pablo Civetta

Pablo Civetta ha sido un funcionario provincial desde la gestión de Gerardo Morales y continúa en funciones bajo el actual gobierno de Carlos Sadir. Su papel como presidente del Ente Autárquico Regulador de Planificación Urbana le otorga una posición de poder que, según las denuncias, ha sido utilizada para favorecer intereses personales. Civetta está vinculado a la empresa contratista que se encarga del desarrollo del tren solar, un proyecto que ha sido objeto de controversia y que ha llevado a desalojos previos en la zona.

Acusaciones de irregularidades

La abogada de los damnificados, Alejandra Cejas, ha denunciado la irregularidad de la situación. Durante una audiencia reciente, Cejas expuso que Civetta, al ser el denunciante y propietario de los terrenos, crea un conflicto de intereses que pone en duda la legitimidad de las acusaciones. “Esto es de un nivel de irregularidad increíble”, afirmó Cejas, quien también destacó que muchos de los terrenos en cuestión tienen títulos de propiedad legítimos.

La respuesta legal de los afectados

Ante la situación, Cejas ha decidido llevar el caso al fuero federal para que se investigue la legalidad de las acciones emprendidas por Civetta y el gobierno provincial. “Estamos ante el funcionamiento de un estado mafioso y vamos a ir con todo el peso de la ley”, advirtió la abogada, enfatizando la necesidad de una revisión exhaustiva de los títulos de propiedad de los afectados.

Desalojos previos y su impacto

La situación actual no es un caso aislado. En agosto, se registraron 13 usurpaciones similares en la región, donde se utilizaron mecanismos del Estado y la justicia para desalojar a familias que habían adquirido sus terrenos de buena fe. Este patrón de comportamiento ha llevado a los vecinos a cuestionar la integridad del sistema judicial y la administración pública en Jujuy.

La audiencia judicial

El martes pasado, se llevó a cabo una audiencia judicial en la que los representantes legales de las familias acusadas pudieron acceder al legajo que detalla los terrenos supuestamente usurpados. Durante la audiencia, el fiscal Fernando Alancay estuvo presente, pero abandonó la sesión tras conocer el informe que confirmaba la titularidad de Civetta sobre los terrenos en cuestión.

La denuncia de falsificación de documentos

Cejas también ha señalado que podría haber falsificación de instrumentos públicos en este caso. “Efectivamente hay una titularidad hoy de Civetta sobre algunos de esos inmuebles, todos son de clientes que tienen título de propiedad”, explicó la abogada, sugiriendo que la situación podría ser más compleja de lo que parece.

La reacción de los vecinos

Los vecinos afectados han expresado su preocupación y frustración ante la situación. Muchos de ellos han visto cómo sus negocios turísticos se ven amenazados por las acciones del gobierno provincial y la figura de Civetta. “Los clientes están todos enloquecidos, porque ahora Civetta aparece dueño de los inmuebles”, comentó Cejas, reflejando el clima de incertidumbre que se vive en la comunidad.

La competencia de la justicia federal

La justicia federal ha comenzado a tomar cartas en el asunto, declarando su competencia en el caso. Cejas ha presentado múltiples denuncias en el Ministerio Público y en la Fiscalía Penal Federal, lo que ha llevado a la apertura de varios expedientes relacionados con la usurpación de terrenos en la zona.

Implicaciones legales y sociales

La situación en Tilcara no solo plantea serias implicaciones legales para los involucrados, sino que también refleja un problema más amplio de inseguridad jurídica en la provincia de Jujuy. La utilización de denuncias penales para despojar a los ciudadanos de sus propiedades legítimas ha generado un clima de desconfianza hacia las instituciones gubernamentales y judiciales. La abogada Cejas ha enfatizado que el Código Procesal Penal no prevé el desalojo por denuncias de usurpación, lo que sugiere que los procedimientos actuales son inapropiados y potencialmente ilegales.

La voz de los emprendedores turísticos

Los emprendedores turísticos del barrio Radio Estación han manifestado su preocupación por el impacto que esta situación tiene en sus negocios. Muchos de ellos dependen de la estabilidad de sus propiedades para ofrecer servicios turísticos en una región que atrae a visitantes por su belleza natural y cultural. “Estamos siendo atacados por un sistema que debería protegernos”, expresó uno de los emprendedores, quien prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias.

La respuesta del gobierno provincial

Hasta el momento, el gobierno provincial no ha emitido una declaración oficial sobre las acusaciones que involucran a Civetta. Sin embargo, la falta de respuesta ha alimentado la percepción de que hay una complicidad entre las autoridades y los intereses privados que buscan despojar a los ciudadanos de sus propiedades. La situación ha llevado a muchos a cuestionar la transparencia y la ética en la gestión pública.

La importancia de la defensa legal

La defensa legal de los afectados se ha vuelto crucial en este contexto. Cejas ha destacado la importancia de contar con un equipo legal sólido que pueda enfrentar las acusaciones y proteger los derechos de los propietarios. “No solo se trata de defender propiedades, sino de garantizar que se respeten los derechos de todos los ciudadanos”, afirmó la abogada, quien ha estado trabajando incansablemente para reunir pruebas y testimonios que respalden la causa de sus clientes.

La comunidad se organiza

Ante la creciente preocupación por la situación, los vecinos del barrio Radio Estación han comenzado a organizarse para hacer frente a las acusaciones y defender sus derechos. Se han llevado a cabo reuniones comunitarias para discutir estrategias y compartir información sobre el estado de las denuncias. “La unión hace la fuerza”, comentó un vecino, resaltando la importancia de la solidaridad en momentos de crisis.

La cobertura mediática

La cobertura mediática del caso ha sido fundamental para visibilizar la problemática y generar conciencia sobre las irregularidades que se están cometiendo. Varios medios locales han informado sobre la situación, lo que ha permitido que más personas se enteren de lo que está sucediendo en Tilcara. La presión pública puede ser un factor determinante en la resolución del caso, ya que puede influir en la opinión de las autoridades y en el desarrollo de los procedimientos judiciales.

La búsqueda de justicia

A medida que avanza el proceso judicial, los afectados continúan buscando justicia. La abogada Cejas ha manifestado su compromiso de llevar el caso hasta las últimas instancias, incluso si eso significa enfrentarse a poderosos intereses. “No vamos a permitir que se nos arrebaten nuestros derechos. Vamos a luchar hasta el final”, afirmó con determinación.

Promiscuidad de poderes en Jujuy

La situación en el barrio Radio Estación de Tilcara es un claro ejemplo de cómo la intersección entre la política, la justicia y los derechos de propiedad puede generar conflictos que afectan a comunidades enteras. La figura de Pablo Civetta, como funcionario y denunciante, plantea serias dudas sobre la integridad del proceso judicial y la legitimidad de las acusaciones. A medida que el caso avanza en los tribunales, la comunidad espera que se haga justicia y que se respeten los derechos de todos los ciudadanos.

Reflexiones finales

La historia de los vecinos de Tilcara es un recordatorio de la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública. La defensa de los derechos de propiedad y la búsqueda de justicia son fundamentales para garantizar la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible de las comunidades. En un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es creciente, es esencial que se tomen medidas para restaurar la fe en el sistema judicial y en la administración pública.

La lucha de los emprendedores turísticos y los vecinos de Radio Estación es un llamado a la acción para todos aquellos que creen en la justicia y en la defensa de los derechos humanos. La comunidad de Tilcara, unida y decidida, se enfrenta a un desafío monumental, pero su determinación y resiliencia son un testimonio del poder de la solidaridad en la búsqueda de un futuro más justo y equitativo. (Con información de Jujuy al Momento y Jujuy Dice)