La crisis de la educación rural en el norte argentino llegó a la pantalla nacional. Un informe del periodista Daniel Malnatti en Telenoche, el noticiero de Canal 13 de Buenos Aires, puso bajo el reflector de todo el país una realidad que en Jujuy se vive desde hace años con impotencia y dolor: el cierre sistemático de escuelas rurales en la Puna y la Quebrada está borrando del mapa a comunidades enteras. El caso más emblemático es el de la Escuela N° 71 de Queta, un establecimiento con 128 años de historia ininterrumpida que hoy tiene las puertas cerradas con candado y un mástil desnudo sin bandera. Un símbolo devastador del retiro del Estado de sus propios territorios.
El cierre que sacudió al país: Queta sin escuela, Queta sin futuro
Queta es un paraje ubicado a más de 3.500 metros de altura en la Puna jujeña. No tiene plaza, no tiene municipalidad, no tiene calles con nombre. Su única coordenada de identidad era, hasta hace poco, su escuela. Los alumnos llegaban los lunes y permanecían hasta el viernes porque sus hogares están a tres horas de caminata. Allí recibían cuatro comidas diarias y accedían a servicios básicos que no existen en sus casas. Fue también el lugar donde muchos niños conocieron el agua caliente por primera vez, gracias a paneles solares instalados en el edificio.
Según Jujuy Dice, el cierre se inscribe en la política de «nuclearización« impulsada por el Ministerio de Educación provincial a través de la Resolución 2914, que habilita a fusionar o agrupar establecimientos con una matrícula de entre 1 y 15 alumnos. El argumento oficial es la «racionalización» del gasto. La realidad en el territorio tiene otro nombre: abandono.
Existe además un conflicto legal de fondo. Los terrenos de la Escuela N° 71 fueron donados por el señor Quiroga, un antiguo alumno, bajo una condición jurídica explícita: la donación fue «con cargo», lo que significa que si la escuela cesa en sus funciones, el Estado está obligado a devolver la superficie a sus herederos. El cierre no solo deja a los niños sin aula: pone en riesgo la propiedad misma del sitio histórico.
102 escuelas en peligro: el mapa del olvido en Jujuy
Lo que sucede en Queta no es un caso aislado. Es la cara más visible de una hemorragia estructural que lleva décadas:
Según datos recabados por este medio a partir del informe de Telenoche y fuentes locales, en la actualidad 102 establecimientos educativos de la provincia se encuentran bajo la amenaza de la nuclearización. La distribución geográfica de este drama es contundente: 27 escuelas en la Región II, que abarca Tilcara, Maimará y Humahuaca; 24 establecimientos en la Región VII, correspondiente a Abra Pampa; y 22 escuelas en la Región I, en la zona de La Quiaca.
Entre 2007 y 2024, ya cerraron alrededor de 60 escuelas rurales en Jujuy, lo que refuerza la preocupación sobre la continuidad de otras instituciones en la Puna y la Quebrada. El fenómeno cruza las fronteras provinciales: en Salta, la cifra asciende a 66 establecimientos desaparecidos en las últimas dos décadas, afectando localidades como Paso del Rey, Rivadavia y Santa Victoria Oeste.
Tal como denunció Jujuy Dice, el gobierno de Sadir atenta con el derecho a la educación que tienen niños y niñas, pero también incumple con el Pacto Social por la Educación, en el cual se establecía como meta la creación de más establecimientos educativos, escuelas inclusivas y de contención.
La trampa de la «eficiencia»: cuatro horas de caminata por un pupitre
La nuclearización implica en la práctica que los niños de comunidades dispersas deban trasladarse a escuelas más grandes. Pero en la geografía de la Puna, esa distancia puede ser insalvable. En el caso de la escuela N° 43 de Quichagua, su potencial fusión con centros como Aguas Calientes o Miraflores obligaría a los alumnos a levantarse a las 4 de la mañana para afrontar trayectos de hasta cuatro horas por senderos de montaña.
El docente Darío Ríos, quien trabaja en la zona y cuyo testimonio fue recuperado en el informe de Telenoche, describe con crudeza la situación de los maestros rurales: además de enseñar, cocinan, limpian y mantienen los edificios ante la falta de personal de servicio. Pagan de su bolsillo la antena de internet para que la comunidad no quede aislada del mundo. «Como decimos en el campo, nos sentimos guachos. Guachos de mama, de tata, de ministra y de supervisores. El Estado y el gremio nos dejaron solos», afirmó Ríos.
La voz de los docentes que trabajan en estas zonas expresa la misma desesperanza. Catalina Vargas, maestra de la Escuela Primaria N° 103 «Minería Argentina» en Coyahuaima, declaró a Jujuy Dice: «Las escuelas rurales son las que reciben los sectores de mayor pobreza. ¿Quiénes son los más afectados en términos de desarrollo social? Cuando se cierran las escuelas, los adultos y los niños se sienten marginados, y es un proyecto de país que parecería que no considera las demandas de las comunidades.»
Cierre de escuelas rurales en Jujuy: preocupación por los derechos educativos
El retiro del Estado como motor de desertificación territorial
La desaparición de una escuela rural no es solo un problema educativo: es la primera ficha de un dominó que termina en el vaciamiento demográfico. Sin escuela, las familias pierden la razón central para permanecer en el campo y migran hacia las ciudades, acelerando el abandono de la producción rural —cría de llamas, ovejas, cultivo de altura— y la pérdida de la identidad cultural de los pueblos indígenas.
Especialistas y referentes locales advierten que este tipo de medidas, si bien pueden responder a criterios administrativos o presupuestarios, generan consecuencias sociales profundas, entre ellas el aumento del desarraigo, la migración de familias hacia centros urbanos y la pérdida de cohesión comunitaria.
Hay una ironía histórica que la crisis vuelve urgente: en 2018, el gobierno provincial firmó el Pacto Social por la Educación, respaldado por un préstamo de 300 millones de dólares destinado a transformar la energía de Cauchari en infraestructura educativa. Hoy, mientras se construyen nuevos edificios en centros urbanos más densos mediante el Programa PROMACE, se clausuran escuelas centenarias en los parajes más vulnerables de la provincia.
«Cuando el año pasado cerraron la Escuela N° 71, no solo pusieron un candado: firmaron el acta de defunción de toda una comunidad», expresaron referentes de la Puna que siguieron de cerca el caso de Queta.
La respuesta oficial y el desfase con la realidad
El secretario de Gestión Educativa provincial, Federico Medrano, ha sostenido públicamente que «no se cierran escuelas», sino que se las «reagrupa» para garantizar la calidad educativa, y que «mientras haya un estudiante, habrá una escuela». Sin embargo, el edificio de Queta permanece cerrado, su mástil vacío y sus aulas en silencio refutan esa afirmación con una contundencia que ningún comunicado puede neutralizar.
El debate que instaló el informe de Telenoche en la agenda nacional obliga a una pregunta que Jujuy lleva años haciéndose sin respuesta oficial satisfactoria: ¿qué ahorro presupuestario puede justificar la desaparición de un pueblo de 128 años de historia? Cuando el aula se cierra, el país se achica. Y los datos confirman que ese achicamiento lleva décadas avanzando en silencio sobre la Puna jujeña.
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