Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad

El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a la expresidente y exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner por corrupción en la causa Vialidad. La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron todos los recursos presentados por la defensa. La sentencia implica seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Esta resolución marca un hito en la historia judicial y política argentina, ya que se trata de la primera vez que un expresidente es condenado con sentencia firme por hechos de corrupción durante el ejercicio de sus funciones en democracia.

Los fundamentos del fallo de la Corte

La Corte desestimó el recurso extraordinario presentado por la defensa de Kirchner, al considerar que no existieron vulneraciones al debido proceso ni a las garantías constitucionales. Entre los argumentos rechazados, se destacan:

• Alegaciones de falta de imparcialidad judicial.

• Supuesta violación del principio de congruencia y del derecho de defensa.

• Afirmaciones de que los hechos ya habían sido juzgados en la justicia de Santa Cruz (ne bis in idem).

• Críticas al uso de pruebas incorporadas durante los alegatos, como el denominado “plan limpiar todo”.

Según el fallo, la sentencia del Tribunal Oral Federal N.º 2, que en diciembre de 2022 dictó la condena original, estuvo basada en una profusa prueba producida y fue evaluada según las reglas de la sana crítica. La Corte también señaló que la conexión entre Kirchner y el empresario Lázaro Báez, beneficiario de las obras públicas investigadas, fue un elemento clave para establecer la existencia de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Reacciones políticas y sociales

La decisión provocó un fuerte impacto en el escenario político argentino. Cristina Kirchner se presentó en la sede del Partido Justicialista (PJ) tras conocerse el fallo y luego regresó a su domicilio, donde fue recibida por una multitud de militantes.

En un encendido discurso, Kirchner calificó la condena como una maniobra del “poder económico concentrado” y afirmó que el fallo tiene como objetivo proscribirla políticamente. “Estar presa es un certificado de dignidad política y personal histórica”, sostuvo ante sus seguidores.

Además, expresó que la sentencia ya estaba escrita antes de que comenzara el juicio y denunció un “cepo al voto popular” articulado por sectores del poder judicial, mediático y económico.

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, también criticó duramente la resolución, calificándola como una “barretada” y señalando que la causa estuvo plagada de irregularidades, incluyendo la validación de pruebas sin permitir su adecuada defensa.

Acusaciones de lawfare y judicialización de la política

Desde el entorno kirchnerista se reiteró la tesis del lawfare, un concepto que hace referencia a la utilización del sistema judicial con fines de persecución política. La defensa de Kirchner advirtió sobre la parcialidad del proceso, citando vínculos entre jueces y sectores de la oposición, y anunció que recurrirá a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según declaraciones del diputado Eduardo Valdés, la expresidenta fue víctima de una estrategia de “derecho penal del enemigo”, en la que el foco no estuvo en los hechos probados, sino en su figura como adversaria política.

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado de preocupación por el fallo, mientras se registraron manifestaciones de apoyo a la exmandataria en distintos puntos del país.

Una condena con impacto electoral

La condena, además de su impacto jurídico, tiene consecuencias políticas inmediatas. La inhabilitación perpetua impide que Kirchner se presente como candidata en las elecciones previstas para septiembre, donde se especulaba con su postulación a la Legislatura bonaerense.

Esto genera un escenario incierto dentro del peronismo, donde aún no se define con claridad quién asumirá el liderazgo de la campaña electoral. Si bien Kirchner conserva la presidencia del PJ, su situación legal la limita en términos institucionales.

Pese a ello, la propia exmandataria manifestó su intención de seguir participando en la conducción política del espacio: “Desde donde esté voy a seguir hablando”, afirmó, abriendo la posibilidad de ejercer influencia incluso en caso de prisión domiciliaria, a la que podría acceder por su edad.

El rol del periodismo y el impacto en la opinión pública

Voces del oficialismo y de la oposición coinciden en que el fallo tiene una fuerte carga simbólica. Desde el espacio que apoya la sentencia se resalta el valor de la decisión judicial como un mensaje contra la corrupción. Periodistas como Jorge Lanata, cuyo trabajo investigativo fue clave en la denuncia original, celebraron el fallo como una reivindicación del periodismo de investigación.

El presidente Javier Milei expresó su conformidad con la sentencia y publicó en redes sociales: “Justicia. Fin. La República funciona”, desestimando las acusaciones de persecución política.

Por el contrario, sectores del kirchnerismo y organizaciones sociales consideran que la condena alimenta el descreimiento en el Poder Judicial y profundiza la polarización política en el país. Algunos dirigentes alertaron sobre el peligro que representa la judicialización de la política y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

Doble vara y causas paralelas

Uno de los puntos más polémicos entre los críticos del fallo es la presunta doble vara del Poder Judicial. Se señala que causas que involucran a figuras del macrismo —como el caso Correo Argentino, Parques Eólicos o Peajes— no avanzan con la misma celeridad ni rigor que la investigación contra Cristina Kirchner.

También se cuestiona la absolución de otros funcionarios clave en la cadena de responsabilidades, como el exministro de Planificación Julio De Vido, lo que para algunos representa una contradicción en la lógica de la sentencia.

¿Qué sigue para Cristina Kirchner?

Aunque el fallo es definitivo en el plano nacional, la defensa de la exmandataria planea recurrir a instancias internacionales. En paralelo, resta definir si la prisión será de cumplimiento efectivo o domiciliario. La legislación argentina permite que mayores de 70 años —como es el caso de Kirchner— accedan a arresto domiciliario.

Mientras tanto, los tribunales deberán establecer los pasos formales para su detención. La expectativa está puesta en si Cristina Kirchner se presentará voluntariamente o si se abrirá un nuevo frente judicial.

Un país dividido ante un fallo sin precedentes

La confirmación de la condena a Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema es un acontecimiento de gran envergadura que divide profundamente a la sociedad argentina. Para unos, se trata de un triunfo de la legalidad y la lucha contra la corrupción. Para otros, es la culminación de una estrategia de persecución política y proscripción electoral.

Lo cierto es que la decisión del máximo tribunal no solo afecta la figura de una de las líderes políticas más influyentes de las últimas décadas, sino que también condiciona el futuro inmediato del sistema político argentino, en un contexto de fuerte crisis económica y creciente desconfianza institucional.