Incautación récord de cocaína en La Quiaca desata un conflicto judicial de competencia federal
Un operativo antidrogas realizado el 20 de junio de 2025 en la ciudad fronteriza de La Quiaca, Jujuy, concluyó con el secuestro de casi 500 kilogramos de cocaína de máxima pureza, lo que derivó en una intensa controversia judicial entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Jujuy y la Justicia Federal. La cantidad de droga incautada, su valuación multimillonaria y la intervención sin aviso de la fiscalía provincial desataron cuestionamientos de gravedad institucional.
El operativo y sus hallazgos
El procedimiento comenzó con la detección de 228 kilos de cocaína ocultos en el tanque de combustible adaptado de un camión. Posteriormente, en un galpón comercial, se hallaron 250 kilos adicionales, totalizando casi 480 kilos de estupefacientes. El valor estimado del cargamento varía según las fuentes: desde 1.000 millones de pesos hasta más de 1.700 millones de pesos, cifra que supera el equivalente a un millón de dólares en el mercado local.
Durante el operativo fueron detenidas dos personas, mientras que una tercera se encuentra prófuga. El modo de ocultamiento y la logística utilizada evidencian una estructura organizada para el tráfico a gran escala.
La disputa judicial: federal versus provincial
El caso desató un conflicto de competencia judicial entre el fuero federal y el provincial. El fiscal federal Federico Zurueta, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy, cuestionó con dureza el accionar del MPA, acusándolo de no haber notificado a la Justicia Federal sobre el hallazgo de la droga.
Zurueta declaró que se enteró de la incautación “de manera casual, a través de redes sociales” el 21 de junio, al día siguiente del operativo. En sus palabras: “Es inconcebible que no se haya informado a la Justicia competente”.
El fiscal provincial Alberto Mendivil, interviniente en el operativo, reconoció los hechos pero no ofreció precisiones sobre el origen de las investigaciones. Por su parte, el fiscal general del MPA, Sergio Lello Sánchez, afirmó que el caso se investigaba “desde hacía varias semanas” tras una denuncia anónima, y que aún estaban tras la pista de un prófugo.
Gravedad institucional y antecedentes
La falta de notificación y la decisión del MPA de continuar con el expediente a pesar de tratarse de un delito de transporte de estupefacientes, cuya competencia es federal, generaron fuerte malestar en el ámbito judicial. Zurueta planteó que este proceder “pudo haber interferido negativamente con una investigación federal en curso desde hacía meses”.
El juez federal Eduardo Hansen, del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Jujuy, hizo lugar al pedido del fiscal federal y ordenó la inhibición del MPA. “Es de una gravedad inusitada”, dijo, y exigió que se remitiera el caso completo, los elementos secuestrados y los detenidos a la jurisdicción federal.
Este episodio recuerda un caso similar, el del Residencial Ranys, en el que el MPA de Jujuy inicialmente trató un caso de explotación sexual de menores como un delito menor, que luego fue reclasificado por la Justicia Federal como trata de personas, con derivaciones institucionales y renuncias en el Ministerio Público.
Implicancias del conflicto de jurisdicción
La disputa jurisdiccional tiene implicaciones de fondo:
- Interferencia en investigaciones federales en curso: El fiscal Zurueta advirtió que el accionar del MPA podría haber comprometido operaciones en desarrollo.
- Riesgo para la validez de pruebas: De concretarse la remisión, se deberán realizar nuevos narcotests federales y verificar el pesaje de la droga.
- Falta de coordinación interjurisdiccional: La intervención autónoma del MPA en delitos federales pone en evidencia serios problemas de articulación entre fueros.
- Antecedentes institucionales: La reiteración de hechos similares refuerza las sospechas sobre una práctica habitual del MPA de retener causas de competencia federal.
Situación actual: impasse judicial
Pese a la orden del juez Hansen, el MPA no ha remitido el expediente a la Justicia Federal. Según el fiscal Zurueta, “todavía no hay respuesta de la justicia local, ni información sobre si se concretó la audiencia imputativa contra los detenidos”. La demora ha sido calificada como “llamativa”.
Mientras tanto, las autoridades federales evalúan las acciones a seguir. Si el MPA insiste en su posición, la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría intervenir para resolver el conflicto de competencias.
Una causa con impacto nacional
El “Caso Quiaca” no solo revela la magnitud del narcotráfico en el norte argentino, sino también expone una fractura estructural en la coordinación judicial entre el ámbito federal y el provincial. La intervención del MPA en un delito claramente federal, su negativa a ceder la causa, y el ocultamiento del procedimiento a la justicia competente, configuran un hecho de alto impacto institucional.
Las próximas semanas serán decisivas para definir el futuro del caso, el destino de los imputados y la credibilidad del sistema judicial ante delitos complejos de alto perfil criminal y económico.
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