La Justicia jujeña condenó a 7 años de prisión efectiva a un hombre acusado de estafar a más de 20 familias mediante la venta ilegal de lotes fiscales Jujuy en La Quiaca. El fallo, confirmado el 1° de julio, es el primero en la provincia que logra una pena de cumplimiento efectivo por este tipo de delito.
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El condenado, identificado como Julián A.F. Martínez, fue hallado responsable de estafa, fraude con perjuicio al Estado, falsificación de instrumento público y peculio, tras un juicio abreviado impulsado por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV).
Una maniobra que duró meses
La causa se originó en un operativo de control realizado en el loteo Raúl Alfonsín, en La Quiaca, donde equipos de la SECOTyH detectaron que Martínez se hacía pasar por gestor con capacidad para tramitar de forma directa constancias y permisos de ocupación ante oficinas del Estado.
Según reconstruyó JujuyViral, el acusado entregaba documentación apócrifa de ocupación a cambio de sumas que oscilaban entre 6 y 8 millones de pesos por lote, un esquema que afectó a más de 20 familias en la ciudad fronteriza.
La coordinadora del área de Control y Recupero de la SECOTyH, Iris Said, explicó que la investigación «comenzó a planificarse a fines de 2025 mediante tareas de seguimiento», hasta que en marzo de este año se concretó la detención del sospechoso y se presentó la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público de la Acusación.
Vecinos de distintos sectores del loteo se acercaron a la SECOTyH tras advertir que la documentación recibida no coincidía con los registros oficiales del organismo, lo que aceleró la denuncia penal.
El fallo: siete años de cárcel
Con la investigación ya avanzada, la fiscalía llevó el caso a juicio abreviado. El 1° de julio, el tribunal condenó a Martínez a 7 años de prisión efectiva, según confirmó la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat en un comunicado oficial.
El organismo remarcó que se trata de una condena «inaugural a la vez que ejemplar», ya que es la primera vez que una persona recibe una pena de cumplimiento efectivo por comercializar de manera ilegal lotes fiscales en territorio jujeño.
Otras causas en trámite
La SECOTyH informó además que, en los últimos meses, radicó otras cinco denuncias penales vinculadas a la venta irregular de lotes fiscales, actualmente en trámite ante la Justicia provincial. El organismo sostiene un esquema de control permanente que combina inspecciones, notificaciones y verificación de ocupación efectiva en distintos puntos de la provincia.
Ninguna de esas cinco causas tiene sentencia firme todavía. Todas se tramitan bajo la misma modalidad de trabajo articulado entre la SECOTyH y el Ministerio Público de la Acusación que permitió avanzar en el caso de La Quiaca.
El contexto: una política sostenida de regularización
El caso de La Quiaca no es un hecho aislado, sino parte de una política más amplia de ordenamiento territorial que la SECOTyH despliega desde 2025. Según datos oficiales, en lo que va de 2026 el organismo entregó 105 constancias de ocupación a familias de barrios de la capital como Luca Arias, La Loma, B6, 10 Hectáreas y El Mirador, además de otorgar documentación a vecinos de Monterrico, San Pedro, Palpalá, El Carmen, Perico y Fraile Pintado.
En paralelo, la Secretaría recuperó cerca de 30 lotes fiscales que se encontraban ocupados de manera irregular o directamente vacantes, y avanzó con denuncias penales en distintos puntos de la provincia. Se estima que más de 400 familias recibirán documentos de regularización dominial durante este año.
Estos números explican por qué el organismo eligió difundir el fallo de La Quiaca como un caso testigo: busca instalar la idea de que la venta irregular de lotes fiscales tiene consecuencias penales concretas, no solo administrativas.
Por qué es relevante para las familias jujeñas
El fenómeno de venta irregular de tierras estatales no es nuevo en Jujuy, pero hasta ahora rara vez derivaba en condenas de cumplimiento efectivo. La sentencia contra Martínez marca un antecedente judicial que, según remarcó el organismo provincial, busca disuadir a quienes ofrecen intermediación falsa sobre lotes fiscales.
La modalidad detectada replica un patrón identificado en otros operativos de la SECOTyH: personas sin vínculo oficial con el Estado que se presentan como gestores, cobran sumas de dinero y entregan documentación falsa, dejando a las familias sin respaldo legal sobre la tierra que ocupan.
Para muchas familias de bajos recursos, perder ese dinero significa quedar sin capacidad de acceder por la vía legal a un lote regularizado, ya que el trámite oficial es gratuito y no requiere intermediarios.
Cómo evitar ser víctima de estafas con lotes fiscales
Desde la Secretaría remarcaron que no existen gestores externos autorizados para tramitar lotes fiscales en ningún punto de la provincia. El acceso a tierra estatal solo es posible en el marco de la Ley de Régimen de Tierras Fiscales, y el trámite se realiza exclusivamente a través de la SECOTyH.
El organismo recomienda a la ciudadanía acercarse de manera presencial a la sede de Av. Almirante Brown 792, en San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas, o consultar la información oficial disponible en secotyh.jujuy.gob.ar antes de realizar cualquier pago o gestión vinculada a lotes fiscales.
Cualquier persona que haya sido contactada por un supuesto gestor privado, o que tenga dudas sobre la situación dominial de su terreno, puede acercarse a esa oficina para verificar la información antes de entregar dinero o documentación.
Qué sigue
Con esta condena firme, el Ministerio Público de la Acusación continúa el trabajo articulado con la SECOTyH sobre las otras cinco causas abiertas por presunta venta irregular de tierras del Estado. Todas se encuentran en distintas etapas procesales y podrían derivar en nuevas condenas en los próximos meses.
El caso de La Quiaca ya funciona como antecedente citado por el propio organismo provincial en sus comunicaciones oficiales, y podría marcar un cambio en la forma en que la Justicia jujeña aborda este tipo de delitos vinculados a lotes fiscales.
La pregunta que queda abierta es si este fallo logrará frenar una práctica que, según los propios registros oficiales, continúa detectándose en distintas localidades de la provincia, o si será necesario profundizar los controles para proteger a las familias que buscan acceder a una vivienda digna sobre tierra fiscal.
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