Las provincias del Noroeste Argentino han intensificado su presión para lograr una nueva ley de biocombustibles que impulse el desarrollo del bioetanol, en el marco de una creciente tensión con el gobierno nacional de Javier Milei. La Cumbre Energía Cultivada celebrada en Tucumán marcó un punto de inflexión en esta disputa, donde gobernadores de las principales provincias azucareras se unieron para defender sus economías regionales y reclamar mayor federalismo en las políticas energéticas nacionales.
El evento, titulado «Energía Cultivada: El Bioetanol en el Desarrollo del NOA«, reunió a actores del sector público, privado y científico, consolidando al bioetanol como motor estratégico de desarrollo sostenible en el norte argentino. Los gobernadores Gustavo Sáenz de Salta, Osvaldo Jaldo de Tucumán y Carlos Sadir de Jujuy conformaron el denominado «triángulo azucarero«, presentando un frente común para defender la industria que consideran vital para sus territorios.
Record de producción en 2024 impulsa optimismo del sector
La industria del bioetanol en Argentina alcanzó cifras récord en 2024, con una producción de 1,21 millones de metros cúbicos, lo que representa un aumento del 4% respecto a 2023. La recuperación de la caña de azúcar impulsó un salto del 26% en su producción, consolidando al sector como un actor clave en la matriz energética nacional.
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, destacó la importancia estratégica de esta industria: «Particularmente las provincias como Salta, Jujuy y Tucumán tenemos este un sector muy fuerte un sector azucarero muchos ingenios y bueno obviamente el bioetanol es un también un producto muy importante para toda nuestra economía».
El potencial de crecimiento se evidencia en las cifras comparativas: Argentina convierte menos del 4% de su cosecha de maíz en etanol, muy por debajo de Brasil (más del 13%) y Estados Unidos (35%). La capacidad ociosa del 16% en la industria podría ser utilizada si se potencia su desarrollo através de políticas públicas favorables.
Liga Bioenergética busca consenso nacional
La Liga Bioenergética, que representa a nueve provincias productoras, se ha posicionado como el actor central en la búsqueda de una nueva legislación. Esta organización incluye no solo a las provincias del NOA (Salta, Jujuy, Tucumán) sino también a provincias de la región centro como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, además de Corrientes, Misiones y Catamarca, que producen bioetanol tanto a partir de caña de azúcar como de maíz.
Sergio Mansur, presidente de la Liga Bioenergética, expresó optimismo sobre la posibilidad de unificar la propuesta con los criterios del gobierno nacional. El proyecto elaborado por la Liga está «muy consensuado» entre las provincias productoras y el sector privado, buscando facilitar nuevas inversiones, consolidar el mercado existente y permitir que las economías regionales encuentren en la producción de biocombustibles un eslabón importante en su cadena de valor.
El objetivo central es aumentar el porcentaje de corte de bioetanol en la nafta, que actualmente se mantiene en 12% desde hace una década. En comparación, Brasil tiene un corte obligatorio del 27% desde 2016 y planea elevarlo al 30% en 2025, evidenciando el atraso relativo de Argentina en esta materia.
Críticas a la legislación actual y urgencia de reforma
La Ley 27.640 que actualmente regula el mercado de biocombustibles enfrenta severas críticas por parte del sector. Según Mansur, la ley es «deficiente» y «no se está cumpliendo», lo que ha generado un «deterioro muy profundo del sistema productivo». La legislación presenta dificultades para actualizar los precios de venta del producto y, además, vence en 2030, creando incertidumbre sobre el marco normativo futuro.
Esta situación ha frenado las inversiones en el sector y ha limitado el crecimiento de una industria que genera empleo directo y valor agregado a los cultivos. Carolina Moisés, senadora por Jujuy, describió al bioetanol como «uno de los ejes de desarrollo del noroeste argentino», subrayando su importancia para la generación de puestos de trabajo y el desarrollo territorial.
La nueva ley de biocombustibles propuesta busca crear un marco normativo que otorgue certeza jurídica a largo plazo, facilite nuevas inversiones y permita el crecimiento sostenido del sector. Los gobernadores aspiran a que el debate sobre esta legislación se concrete en el segundo semestre, mediante el «diálogo y la discusión» en el Congreso.
Confrontación con el gobierno nacional
La relación entre las provincias productoras y el gobierno de Milei se ha deteriorado significativamente, generando lo que algunos analistas denominan una «guerra fiscal provincial». Los gobernadores del «triángulo azucarero» han alzado su voz contra la gestión libertaria, reclamando «reciprocidad por su apoyo en el Congreso» y denunciando la falta de diálogo por parte del gobierno nacional.
Las provincias han perdido recursos coparticipables y los fondos directos para educación, salud, infraestructura y vivienda han sido cortados. Esta situación ha llevado a un deterioro del entramado social y productivo en las regiones del interior, según denuncian los mandatarios provinciales.
El gobierno de Milei, por su parte, mantiene una postura de equilibrio fiscal y se muestra reacio a aumentar el gasto público. La administración nacional busca continuar funcionando con el presupuesto prorrogado de 2023 y ha amenazado con retirar el proyecto de presupuesto 2026 si la oposición intenta modificarlo. También ha anunciado vetos a leyes aprobadas por el Senado que buscan redistribuir fondos a las provincias.
La narrativa oficial se centra en evitar «relaciones carnales con la casta», mientras los gobernadores buscan financiación para déficits de cajas previsionales, finalización de obras públicas paralizadas y cumplimiento de deudas por pactos fiscales. Esta confrontación ha derivado en una «guerra Nación-Provincias» que, según observadores políticos, «llegó para quedarse».
Beneficios ambientales y energéticos del bioetanol
Más allá de las disputas políticas, el bioetanol presenta ventajas significativas desde la perspectiva ambiental y energética. Los biocombustibles tienen una huella de carbono «marcadamente inferior» a los combustibles fósiles y contribuyen a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
El desarrollo de esta industria permite diversificar la matriz energética del país y fortalecer la industria sucroenergética, aportando fuentes renovables a la matriz nacional. El bioetanol se posiciona como un actor clave en la transición energética global, combinando innovación, tecnología y tradición agrícola.
Córdoba ha implementado iniciativas pioneras como el Plan Director de Migración de Combustibles Fósiles a Biocombustibles, realizando ensayos con mezclas de E17 (17% de bioetanol) y E70 (70% de bioetanol) en vehículos del sector público. Estas experiencias demuestran la viabilidad técnica de incrementar el porcentaje de corte y los beneficios en términos de costos de infraestructura.
Impacto económico regional
El bioetanol representa un pilar fundamental para las economías regionales, especialmente en el NOA. Jujuy cuenta con ingenios importantes como Ledesma, considerado el principal del país, mientras que Tucumán aporta el mayor porcentaje de etanol de caña de azúcar. Se estima que por cada 100 litros de nafta, 6 litros provienen del etanol de caña de estas tres provincias del norte.
La industria genera empleo directo y valor agregado a los cultivos, permitiendo un desarrollo más equilibrado de la cadena productiva. Si se potenciara el desarrollo del bioetanol, se podría reducir la capacidad ociosa de la industria, llevando a una mayor industrialización del maíz y el azúcar argentinos.
El sector es considerado «pujante, eficiente y generador de empleo y desarrollo territorial» por los mandatarios provinciales. Una nueva ley de biocombustibles podría generar «más actividad, más trabajo y mejor producción» para las provincias involucradas, según Carlos Sadir.
Desafíos y obstáculos para el crecimiento
A pesar del potencial evidente, la industria enfrenta varios desafíos estructurales. Existe una «gran puja de intereses» con las provincias petroleras, que complica los esfuerzos por aumentar el porcentaje de corte de bioetanol en las naftas. Esta competencia política y económica ha dificultado históricamente el avance del sector.
La incertidumbre regulatoria representa otro obstáculo significativo. Las trabas administrativas y la falta de cumplimiento de la ley vigente impiden la certeza necesaria para atraer nuevas inversiones y mantener las actuales. La proximidad del vencimiento de la Ley 27.640 en 2030 agrega presión sobre la necesidad de definir un nuevo marco normativo.
La relación tensa con el gobierno nacional y la percepción de falta de federalismo constituyen quizás el mayor desafío. Los gobernadores perciben una visión centralizada desde Buenos Aires que «no comprende las realidades del interior», lo que dificulta la construcción de consensos necesarios para el desarrollo sectorial.
Perspectivas y expectativas futuras
El sector mantiene expectativas moderadamente optimistas sobre la aprobación de una nueva ley de biocombustibles en el segundo semestre. Aunque el proyecto de la Liga Bioenergética cuenta con amplio consenso entre provincias y sector privado, existen otros proyectos en el Congreso con diferencias, lo que requiere un proceso de diálogo y negociación.
Sergio Mansur expresó su optimismo sobre la posibilidad de unificar criterios con el gobierno nacional para lograr un consenso más amplio. Sin embargo, reconoce que el proceso legislativo tiene sus propios tiempos y dinámicas, y que la aprobación no depende exclusivamente de la decisión de las provincias.
La industria busca no solo mantener el nivel actual de producción sino expandirse significativamente. El objetivo es aprovechar la capacidad ociosa existente y posicionar a Argentina como un referente regional en la producción de biocombustibles, acortando la brecha con países como Brasil y Estados Unidos.
Una nueva ley de biocombustibles
La industria del bioetanol en Argentina se encuentra en un momento decisivo, con un gran potencial de crecimiento que se ve obstaculizado por tensiones políticas y deficiencias regulatorias. El éxito de una nueva ley de biocombustibles dependerá de la capacidad de construir consensos entre el gobierno nacional y las provincias productoras, superando las diferencias políticas en favor del desarrollo económico y la sustentabilidad ambiental.
La consolidación de esta industria no solo beneficiaría a las economías regionales sino que contribuiría a los objetivos nacionales de diversificación energética y transición hacia fuentes renovables. El desafío está en transformar el consenso sectorial y provincial en una política de Estado que trascienda las diferencias partidarias y privilegie el desarrollo sostenible del país.
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