El conflicto por las tierras en la comunidad de Guerrero, en la provincia de Jujuy, ha alcanzado un punto álgido con el desalojo de varias familias que afirman tener derechos ancestrales sobre la propiedad.
Este hecho, ocurrido el 16 de octubre de 2024, ha desencadenado una serie de críticas y cuestionamientos hacia los actores involucrados, entre ellos, la familia Jenefes, poderosa en la política y el ámbito judicial de la provincia. Este artículo tiene como objetivo presentar los hechos cronológicamente, sin tomar partido, con el fin de esclarecer el conflicto desde ambos lados.
El conflicto de tierras: una disputa de décadas
La disputa por las tierras en la finca Guerrero o finca Quevedo se remonta a 17 años atrás, cuando las familias Bustamante y Cruz, pertenecientes a la comunidad aborigen de Guerrero, comenzaron a ser cuestionadas por la familia Jenefes sobre los derechos de posesión de las tierras. Las tierras, según los Jenefes, son herencia de Susana Carrillo de Quevedo Cornejo, y están reclamadas por los hermanos Juan, Joaquín y Pablo Jenefes, hijos del exvicegobernador de Jujuy, Guillermo Jenefes.
Por otro lado, la comunidad aborigen de Guerrero sostiene que estas tierras les pertenecen desde tiempos ancestrales, reclamando su pertenencia como parte del pueblo Kolla. Este argumento fue avalado en 2008 cuando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) les otorgó la personería jurídica, bajo el amparo de la Ley 26.160. Sin embargo, en 2021, la personería fue revocada por un decreto provincial, lo que intensificó las tensiones.
El desalojo: un operativo cuestionado
El 16 de octubre de 2024, las autoridades llevaron a cabo un operativo policial en la finca Guerrero. Máxima y Nélida Bustamante, Jorge y Santiago Cruz, Pablo Quipildor e Ivana, miembros de la comunidad aborigen, fueron detenidos durante el procedimiento. El desalojo fue ejecutado por orden de la jueza Lis Valdecantos Bernal, quien justificó su decisión al señalar que la propiedad pertenece a la familia Jenefes. A pesar de que la comunidad había presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el desalojo se realizó sin que esta instancia judicial emitiera un fallo definitivo.
El operativo, liderado por el jefe de la Policía de Jujuy, Javier Tejerina, contó con la participación de un centenar de efectivos, incluidos CEOP (Comando de Operaciones Especiales Policiales), infantería y unidades móviles. Las fuerzas de seguridad ingresaron a las viviendas retirando a las familias, incluidas mujeres, niños y ancianos, muchos de los cuales quedaron en la intemperie con sus pertenencias dañadas por las inclemencias del tiempo. La tormenta que azotó la zona durante la tarde mojó las pertenencias, incluyendo colchones y alimentos.
Las acusaciones de violencia y abuso de poder
El desalojo no solo fue percibido como una pérdida material para las familias desalojadas, sino también como un acto de violencia institucional. Según los testimonios de los miembros de la comunidad y organizaciones como Alerta Campesina, el operativo fue brutal, incluyendo la demolición de las viviendas y la prohibición de recuperar animales y otras pertenencias. La comunidad denunció que los efectivos policiales golpearon a niños y ancianos durante el procedimiento. Esperanza Pereyra, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, declaró que el desalojo fue «ilegítimo» ya que, según su opinión, no había una resolución judicial firme que lo avalara.
Este evento ha sido parte de una tendencia en Jujuy, donde se acusa a sectores del poder político de utilizar el sistema judicial para favorecer a terratenientes. Casos similares han ocurrido en Los Nogales y Palpalá, donde las comunidades Velázquez y Tusca Pacha fueron desalojadas bajo pretextos legales que, según los afectados, favorecen a poderosos con vínculos políticos.
Los reclamos de la comunidad aborigen
Para los miembros de la comunidad aborigen de Guerrero, el desalojo es parte de una historia mucho más larga que involucra siglos de despojos y opresión. En un comunicado emitido por la Asamblea de Comunidades de Jujuy, se afirma que las tierras en cuestión pertenecen a la comunidad desde tiempos incaicos, siendo transferidas bajo el sistema de encomienda a la familia de Francisco de Argañaraz y Murguía, uno de los fundadores de la ciudad de Jujuy. Según esta versión, las tierras fueron apropiadas por los conquistadores y luego pasaron de generación en generación sin que nunca se realizara una compra legítima.
El sistema de encomienda, implementado durante la época colonial, permitió que los terratenientes europeos se apropiaran de tierras y pueblos originarios bajo el pretexto de protegerlos y evangelizarlos. Aunque el sistema fue abolido oficialmente, la comunidad sostiene que los efectos de esta estructura colonial persisten hasta la actualidad.
El abogado de la comunidad, Carlos Mamaní Cruz, ha argumentado que la revocación de la personería jurídica en 2021 fue un acto arbitrario impulsado por la influencia política de la familia Jenefes, quienes, según la comunidad, han utilizado su poder para manipular las decisiones judiciales a su favor.
Los intereses inmobiliarios detrás del conflicto
Una de las acusaciones más fuertes contra la familia Jenefes es que el desalojo de la comunidad aborigen de Guerrero responde a intereses económicos. Según informes catastrales y denuncias de la comunidad, la familia Jenefes estaría involucrada en un proyecto de loteo inmobiliario en las tierras en disputa. Los mapas satelitales de la zona muestran la existencia de grandes extensiones de tierra preparadas para ser urbanizadas, lo que ha generado suspicacias sobre los verdaderos motivos detrás del desalojo.
La comunidad ha señalado que los Jenefes tienen una larga historia de influencia en la provincia, no solo en el ámbito político, sino también en el empresarial. Guillermo Jenefes, además de haber sido vicegobernador y senador, es propietario de Canal 7 de Jujuy, el único canal de televisión abierta de la provincia, lo que le otorga un considerable control sobre la narrativa pública. Esta concentración de poder ha sido denunciada por organizaciones como Alerta Campesina, que acusan a los Jenefes de utilizar su influencia para silenciar las protestas y legitimar sus acciones.
Solidaridad y movilizaciones en apoyo a la comunidad
Tras el desalojo, diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos han manifestado su solidaridad con la comunidad aborigen de Guerrero. El desalojo fue uno de los temas tratados en el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, celebrado poco después del desalojo, y ha desencadenado una serie de manifestaciones en la provincia de Jujuy.
Las familias desalojadas, actualmente refugiadas en viviendas de amigos en la localidad de Reyes, han recibido apoyo de múltiples frentes. La comunidad ha organizado marchas y protestas para exigir la devolución de sus tierras y denunciar lo que consideran un abuso de poder por parte de las autoridades. En una de las marchas, se pudo ver una pancarta con el mensaje: «Jenefes dueño de la justicia en Jujuy», en referencia a la percepción de que la familia tiene un control desproporcionado sobre el sistema judicial de la provincia.
Las respuestas de los actores políticos
Hasta el momento, la familia Jenefes ha mantenido una postura firme en cuanto a su derecho sobre las tierras. En varias ocasiones, Juan Jenefes, actual diputado provincial, ha señalado que la comunidad de Guerrero está ocupando las tierras ilegalmente y que las acciones legales emprendidas por su familia están en pleno cumplimiento de la ley. Los Jenefes han argumentado que el conflicto es resultado de una manipulación política por parte de ciertos sectores que buscan desestabilizar a la provincia.
Por su parte, la jueza Valdecantos Bernal, quien ordenó el desalojo, ha defendido su decisión al señalar que actuó en base a los documentos presentados por la familia Jenefes y que la comunidad de Guerrero no tiene un título de propiedad válido que respalde su permanencia en las tierras.
Un conflicto sin resolución a la vista
A pesar de las numerosas denuncias y recursos legales presentados, el conflicto en la comunidad de Guerrero sigue sin una resolución clara. Las familias desalojadas se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, sin hogar y con sus pertenencias dañadas. Las tensiones en la provincia de Jujuy han aumentado, y el desalojo ha dejado al descubierto las complejas relaciones entre poder político, judicial y económico en la región.
El destino de la comunidad aborigen de Guerrero sigue siendo incierto, y el caso es un recordatorio de los desafíos que enfrentan los pueblos originarios en su lucha por el reconocimiento de sus derechos ancestrales. Mientras tanto, las protestas continúan, y la comunidad espera que la Corte Suprema de Justicia tome una decisión final sobre su reclamo.
El conflicto entre la comunidad aborigen de Guerrero y la familia Jenefes no solo involucra cuestiones legales y territoriales, sino que también refleja una lucha más profunda por la justicia social y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Argentina.
Descubre más desde Jujuy Gráfico
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
Debe estar conectado para enviar un comentario.