Mientras el tarifazo EJESA avanza con cortes y rechaza pagos con tarjeta, una investigación legislativa y de defensa del consumidor expone la arquitectura de contratos que convierte la boleta de luz en un mecanismo de recaudación provincia.
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La crisis tarifaria de EJESA en Jujuy alcanzó este jueves 26 de junio un nuevo punto de quiebre. La empresa distribuidora avanzó con cortes de servicio y rechazó pagos con tarjeta de crédito, exigiendo efectivo a usuarios que ya no pueden afrontar el valor de sus boletas. El hecho sintetiza una crisis de semanas: familias jujeñas reciben facturas de hasta $300.000 pesos y denuncian cobros indebidos en las boletas, mientras la tarifa social es señalada como una «figura de simulación» que no cubre las necesidades reales de los sectores vulnerables.
La pregunta de fondo es por qué una provincia productora de energía solar paga una de las tarifas más caras del país. La respuesta, según legisladores y especialistas en defensa del consumidor, no está en los cables sino en los contratos.
La boleta de luz, al desnudo: el 50% es recaudación provincial
En una reciente sesión de la Legislatura provincial, el diputado Kevin Ballesty, del bloque de La Libertad Avanza, expuso el dato más contundente del debate: el 50% de la boleta de EJESA corresponde a tasas e impuestos ajenos al consumo energético real, entre ellos el FOPEJ (Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy), las tasas de fiscalización de la SUSEPU y gravámenes municipales adosados.
Para Ballesty, el problema es estructural y tiene una causa política precisa: el Gobierno provincial se resiste a retirar esos ítems de la factura porque hacerlo implicaría resignar recaudación. Además, resistir equivale a rechazar la Resolución Nacional 267/24, que prohíbe expresamente a las empresas distribuidoras incluir cargos ajenos al servicio.
«Un plazo de seis meses es como una pastilla efervescente en un vaso de agua: dura poquito», declaró Ballesty al calificar el régimen de alivio fiscal impulsado por el Ejecutivo provincial, que reduce Ingresos Brutos e Impuesto Inmobiliario por apenas seis meses y excluye sectores clave como el turismo, la gastronomía y la hotelería.
El contrato que paga la energía de Cauchari casi al triple
La abogada Alicia Chalabe, representante de la asociación de defensa del consumidor CODELCO, reveló en Jujuy al Momento el mecanismo central del sobrecosto: existe un contrato firmado en 2022, con vigencia de 20 años, mediante el cual la empresa estatal JEMSE le vende electricidad a EJESA a un valor de 79 dólares el megavatio, mientras un informe de la Universidad de Buenos Aires sitúa el valor del mercado mayorista nacional en 23 dólares.
La diferencia es de 56 dólares por megavatio-hora. El sobrecosto no surgió de una licitación abierta. Según publicó Jujuy al Momento, el origen de toda la operación fue una iniciativa privada presentada por Industrias Juan Secco S.A., y apenas 24 horas después de que el entonces gobernador Gerardo Morales firmara el decreto habilitante, JEMSE y EJESA suscribieron el contrato definitivo, blindando el precio de 79 dólares por MWh por 20 años.
La diferencia entre ese precio y el del mercado mayorista se disfraza en la boleta de EJESA bajo el nombre de «tarifa solidaria». La SUSEPU avala el sobreprecio de forma trimestral, sin exigir comparación con valores de mercado.
Chalabe calificó el acuerdo como un «contrato leonino» que viola el artículo 2 de la Ley Eléctrica Provincial 4888, que exige expresamente el abaratamiento tarifario para el usuario.
Parques solares fantasma: 106.000 dólares mensuales por energía inexistente
El caso de los parques solares de Chalicán y Perico agrega otra dimensión al escenario. El Poder Ejecutivo y la SUSEPU autorizaron incorporar a las facturas de los usuarios los costos de abastecimiento de estos parques, operados por la firma Industria Juan Secco S.A., lo que representa una erogación de 106.000 dólares mensuales.
Empresa Secco informó a Gerardo Morales avance de los 8 Parques Solares
Sin embargo, inspecciones en la zona de El Carmen confirmaron que esas plantas no están conectadas al sistema interconectado y se encuentran en estado de abandono. El cobro se realizó sin licitación pública ni audiencia previa, ambos requisitos legales para modificaciones sustanciales del mercado eléctrico provincial.
El alivio fiscal que no alcanza
El Ejecutivo provincial presentó un régimen de alivio por seis meses que suspende ejecuciones fiscales y reduce Ingresos Brutos para el comercio mayorista y minorista. La oposición acompañó la medida pero la señaló como insuficiente en duración y alcance.
El impacto concreto de la crisis tarifaria ya es visible en la economía local. Los locales comerciales cierran por imposibilidad de afrontar alquileres y servicios simultáneamente. El fenómeno se llama «kiosco de ventanilla»: comerciantes que trasladan su actividad a domicilios particulares para escapar de los costos fijos.
El diputado justicialista Rubén Armando Rivarola sintetizó la distorsión con un dato de contexto: «¿Qué empleado ganó del 2023 a ahora el 1.000 por ciento más?», en referencia al aumento acumulado de la tarifa desde ese año.
La respuesta institucional y los proyectos en debate
Según datos de CODECUC, el precio del kilovatio hora aumentó cerca de un 2.500% entre enero de 2024 y mayo de 2026. Ante esa cifra, la presión social escaló hasta la Legislatura: gremios y organizaciones como SEOM, CEDEMS y CODECUC presentaron un petitorio con 11.000 firmas exigiendo retrotraer los aumentos, prohibir cortes por falta de pago y congelar futuras subas.
En la Legislatura coexisten al menos tres proyectos: el del PTS-FITU para declarar la emergencia tarifaria y congelar tarifas por un año, el de CODECUC para prohibir cortes a usuarios vulnerables, y el del bloque justicialista que pide un plenario de comisiones para que los directivos de EJESA rindan cuentas.
El Secretario de Energía de Jujuy, Mario Pizarro, intentó suspender judicialmente la Resolución Nacional 267/24 que prohíbe los cargos ajenos al servicio. Mediante un amparo federal, Pizarro buscó mantener en las facturas los cargos municipales, que representan aproximadamente el 45% del total.
Para la abogada Chalabe, si la tarifa dependiera exclusivamente de parámetros nacionales, todas las provincias pagarían lo mismo. Pero las diferencias entre Jujuy y sus vecinas son abismales: en Salta, el ente regulador prohibió subas por encima de la inflación del INDEC, mientras en Jujuy la luz aumentó más del 300%.
La pregunta que la Legislatura no ha respondido es cuándo dejará de ser la boleta de EJESA un instrumento de recaudación para convertirse en lo que la ley ordena que sea: una tarifa justa, razonable y proporcional al ingreso de quien la paga.
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