Lo hizo el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, Diego Funes. También están acusados ex funcionarios del Instituto de Vivienda. Es por el manejo irregular de $ 1.300.000 para obras que no fueron realizadas.
Milagro Sala se encamina a otro juicio oral, el séptimo en su historial judicial. Antes de la feria judicial de enero, el fiscal jujeño Diego Funes pidió la elevación de una causa en la que la líder de la organización Tupac Amaru está acusada, junto a otras cuatro personas, entre ellas ex autoridades del Instituto de Vivienda y Urbanismo de la provincia (IVUJ), por un presunto fraude al Estado en 2014.
El fiscal, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública 2, dio por finalizada la investigación y pidió la elevación ante el Tribunal en lo Criminal 2 de Jujuy. “El Instituto de Viviendas de Jujuy, quien tiene por objetivo esencial solucionar los problemas habitacionales de nuestra comunidad (Art. 4, Ley 3354), mutó de manera determinante por acción y omisión de funcionarios públicos y pseudo cooperativas que debieran perseguir finalidades de autogestión para cubrir necesidades públicas, en una matriz de corrupción, en un marco para llevar a cabo actividades delictivas. El estado se desnaturalizó y fue convertido en un reaseguro para la libre comisión de ilícitos”, sostuvo en su requerimiento, al que tuvo acceso el portal Infobae.
Además de Sala están acusados el ex titular del IVUJ, Lucio Abregú, otros dos miembros del organismo provincial, Arnaldo Ariel Flores y Martha Isabel Gutiérrez Torres, y el cooperativista Javier Nieva, quienes fueron imputados como coautores del delito de “fraude en perjuicio a la administración pública”.
Según la acusación, desde el Instituto de Viviendas se libraron de forma irregular poco más de $1.300.000 para obras de mejoras habitacionales que no fueron realizadas.
Concretamente, Abregú está acusado de librar unos 30 cheques a personas vinculadas Sala “sabiendo que con su accionar defraudaba a la Administración Pública y permitía el ilegítimo apoderamiento del dinero por parte de la imputada Milagro Amalia Ángela Sala Leitón”. Algo similar ocurrió con los otros dos miembros del IVUJ.
En el caso de Nieva, siempre según el requerimiento, “convocaba a los nominales presidentes de cooperativas para el retiro de cheques en el I.V.U.J. y entregaba los cheques a las personas que luego oficiaban de cobradoras en las respectivas entidades bancarias, para luego, juntar lo recaudado y llevarlo al domicilio de Milagro Sala”.
Para la Justicia, está probado que Sala le ordenó a los presidente de la cooperativas que entreguen los cheques para su organización. “Milagro Amalia Ángela Sala recibió de sus recaudadores la suma de pesos un millón trescientos cuarenta mil setecientos sesenta con 29 centavos ($ 1.340.760,29), monto que estaba destinado a la construcción del plan ‘cuatro dormitorios en el Barrio Alto Comedero’ y los núcleos habitacionales no se construyeron, defraudando de esa manera a la Administración Pública”, dice el requerimiento.
Y agrega: “El estado financió construcciones de obras que no se hicieron y además, subsidió a cooperativas que no recibieron un ningún tipo de ayuda, puesto que, como bien lo señaló Sala en su confesión, ese dinero fue destinado a otros fines. Consecuentemente, los fines del Estado se vieron frustrados por partida doble, afectándose su integridad patrimonial”.
Esta causa es una de las 11 abiertas en Jujuy contra Sala, quien ya debió enfrentar seis juicios: uno en el fuero federal, cuatro ante la justicia ordinaria, y uno en el fuero contravencional.
En uno de los casos, fue condenada a 3 años y 6 meses por los delitos de daño agravado y amenazas coactivas, en calidad de instigadora, contra el entonces senador y hoy gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, en 2009.
También fue condenada a 4 años en la causa de Lucas Arias, un dirigente de la organización Corriente Clasista Combativa (CCC) agredido dentro de las oficinas del Ministerio de Infraestructura de Jujuy, luego a 2 años por las amenazas de bomba a policías de una comisaría de la ciudad de San Salvador de Jujuy, y por el expediente denominado “Pibes Villeros”, más conocido por los bolsos con dinero en efectivo que se retiraban del banco. En esa causa recibió una condena a 13 años de prisión.
Hace unos días, Sala desmintió al presidente Alberto Fernández y dijo que hace más de un año que no habla con él. “Sepan que hablo con Milagro (Sala), y pienso permanentemente en lo que le pasa a Milagro (Sala)”, había afirmado un día antes el mandatario.
Luego de ese cruce verbal, la dirigente social recibió en su casa, donde cumple con prisión domiciliaria, la visita del senador Oscar Parrilli, un referente del kirchnerismo duro. El año había arrancado con una campaña de ese mismo sector para forzar un indulto a favor de Sala. (Infobae)
