El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, adjudicó millones de pesos en contratos estatales y lotes fiscales a Comercializadora de Alimentos SRL, la empresa que integra su nuera y donde su hijo mayor ocupa un cargo clave. Así lo confirmó una investigación publicada este martes por el medio El Disenso, firmada por los periodista de investigación Mariana Escalada y Agustín Ronconi.
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El trabajo periodístico documenta que Luis Alberto Sadir, hijo mayor del mandatario, se desempeña como Director de Ventas Estatales de la firma proveedora de alimentos del gobierno provincial. La empresa pertenece a su esposa, María Natalia Laredo, y a las hermanas de esta, Marcela Alejandra y Patricia Silvina Laredo.
Negocios familiares: la empresa de la nuera y el rol del hijo
María Natalia Laredo es monotributista categoría F que se dedica al alquiler y explotación de inmuebles para eventos, tal como regentea un local para eventos infantiles. Su actividad consiste en arrendar espacios físicos a terceros para la realización de fiestas, convenciones, conferencias y otros eventos similares, obteniendo ingresos mediante la diferencia entre los costos operativos del inmueble y el precio que cobra a los clientes por el uso temporal del espacio.
Desde la Comercializadora de Alimentos SRL provee arroz, fideos, harina, porotos, leche, cacao y puré de tomate al Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy. Los productos abastecen, entre otros, al Plan Social Nutricional Provincial (PLASONUP), a través del programa «Comer en Casa».
Registros del Boletín Oficial de la Provincia de Jujuy confirman que Carlos Miguel Laredo, Marcela Alejandra Laredo y Patricia Silvina Laredo figuran como titulares de la sociedad, tras una cesión de cuotas sociales formalizada en octubre de 2024.
El mismo repositorio oficial muestra que la firma resultó adjudicataria de sucesivas licitaciones del Ministerio de Desarrollo Humano entre 2022 y 2024, incluida la Licitación Pública N° 01/2023, por la provisión de mercadería no perecedera a la cartera social provincial.
Cifras que respaldan la denuncia
Según el informe de El Disenso, en agosto de 2023 —mes en que Sadir aún era Ministro de Hacienda y ya había sido electo gobernador— se firmaron dos resoluciones consecutivas a favor de la empresa familiar. La Resolución 368-DH/23 adjudicó $208.600.000, mientras que la Resolución 369-DH/23 sumó otros $522.575.300 destinados al PLASONUP. En conjunto, $731.175.300 en un solo movimiento administrativo.
El informe agrega antecedentes de 2022: la Resolución 248-DH/22 ($122.045.000), la Resolución 249-DH/22 ($139.370.000) y la Resolución 11-DH/22 ($128.492.000), que totalizan $389.907.000, equivalentes a unos USD 2.785.000 al tipo de cambio de ese año.
La sumatoria de ambos períodos supera los $1.121 millones adjudicados por el Estado provincial a la empresa vinculada al entorno familiar del gobernador.
Lotes fiscales en un barrio exclusivo
La investigación también reconstruye adjudicaciones de tierra pública. En junio de 2024, Sadir firmó la cesión de cuatro lotes estatales colindantes, con una superficie conjunta de 1.231,52 m², en el barrio residencial Alto Padilla, a favor de Comercializadora de Alimentos SRL.
No es la primera vez que ese barrio aparece vinculado al círculo íntimo del mandatario. De acuerdo con la Resolución 51-HF/2020, Sadir —entonces ministro de Hacienda— adjudicó el Lote 53 del mismo barrio a su esposa, Alejandra García Dávila (titular de la firma Terramaq SRL que también es parte de la patria contratista jujeña), por $2.030.000 (unos USD 12.228 a valores de ese año).
El Disenso describe el entramado como «una gran familia de acomodados», en referencia a la cantidad de parientes del gobernador con vínculos comerciales o laborales con el Estado provincial.
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Otro frente: la empresa estatal de cannabis
El informe suma un dato adicional sobre Luis Alberto Sadir: además de su rol en la empresa alimentaria, trabaja en el área de comercio internacional de cannabinoides de Cannava SE, la firma estatal de cannabis medicinal fundada por Gastón Morales, hijo del expresidente radical Gerardo Morales, mentor político de Sadir.
Cannava SE ya había sido señalada en 2019 por el mismo medio de investigación por recibir financiamiento provincial durante la gestión de Morales padre.
Un patrón que se repite en la gestión provincial
Este no es el primer señalamiento sobre adjudicaciones cruzadas dentro del círculo cercano al Poder Ejecutivo jujeño. El propio Gerardo Morales, antecesor y mentor político de Sadir, fue investigado en 2019 por El Disenso por el financiamiento provincial a Cannava SE, la empresa cannábica que hoy también integra Luis Alberto Sadir.
La reiteración de apellidos y vínculos familiares en distintas reparticiones del Estado jujeño —Hacienda, Desarrollo Humano y las empresas estatales de cannabis— configura, según la investigación, un esquema de reparto que trasciende una gestión puntual y se sostiene en el tiempo, independientemente del área de gobierno involucrada.
Contexto: de contador de confianza a gobernador
Carlos Sadir, contador público egresado de la Universidad Nacional de Jujuy, fue ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia entre 2016 y 2023, bajo la gestión de Gerardo Morales. En ese cargo manejó la caja provincial y se consolidó como el operador de mayor confianza del entonces gobernador.
En 2023 fue elegido como sucesor de Morales y asumió la gobernación el 10 de diciembre de ese año, tras imponerse en las elecciones con casi el 50% de los votos, según registra su perfil biográfico en Wikipedia. Actualmente conduce el frente Cambia Jujuy, de raíz radical (UCR).
La provincia que gobierna arrastra una pobreza estructural superior al 40%, de acuerdo con los datos citados en la investigación de El Disenso, lo que otorga particular sensibilidad a los contratos vinculados a programas alimentarios destinados a sectores vulnerables.
Profundización: lo que dice la normativa provincial
La Constitución de Jujuy prohíbe expresamente que los funcionarios públicos obtengan beneficios personales en negocios adjudicados por el Estado. La investigación periodística plantea que, en este caso, quien resultó beneficiada no fue la funcionaria pública sino su entorno familiar directo —hijo, nuera y esposa—, lo que, en sentido estricto, no configuraría una violación literal de esa norma, aunque expone un patrón reiterado de adjudicaciones cruzadas dentro del mismo círculo familiar.
Hasta el cierre de esta nota, ni el gobernador Carlos Sadir ni el Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy emitieron declaraciones públicas sobre las conclusiones del informe.
Resumen de las cifras confirmadas
- $731.175.300: adjudicados en agosto de 2023 a Comercializadora de Alimentos SRL en dos resoluciones consecutivas.
- $389.907.000: adjudicados durante 2022 a la misma firma.
- 1.231,52 m²: superficie de cuatro lotes fiscales cedidos en Alto Padilla en junio de 2024.
- $2.030.000: valor de un quinto lote, adjudicado en 2020 a la esposa del entonces ministro.
Estas cifras surgen de resoluciones administrativas y de registros del Boletín Oficial provincial, documentos de acceso público que sustentan la investigación original.
Qué sigue
La publicación de resoluciones oficiales y registros societarios deja trazabilidad documental sobre cada una de las operaciones señaladas. Resta conocer si algún organismo de control provincial —Tribunal de Cuentas o Fiscalía de Estado— tomará intervención de oficio a partir de la difusión del caso, y si la oposición legislativa jujeña pedirá explicaciones formales al Poder Ejecutivo por el reparto de fondos y tierras públicas dentro del entorno familiar del gobernador.
El caso de los Sadir negocios familiares vuelve a instalar en la agenda pública jujeña el debate sobre los límites entre la función estatal y los intereses privados del entorno de los funcionarios provinciales. Mientras el gobierno guarda silencio, los documentos oficiales —resoluciones, licitaciones y edictos societarios— quedan disponibles para cualquier organismo de control o legislador que decida revisarlos.
Para los vecinos de San Salvador de Jujuy, Palpalá y Perico, beneficiarios directos del programa PLASONUP, el debate no es abstracto: se trata de los mismos alimentos que reciben cada mes a través de la tarjeta social, ahora bajo la lupa por su origen contractual.
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