La comunidad kolla de Caspalá presentó una denuncia penal por desobediencia judicial contra la comitiva del gobernador Carlos Sadir, luego de que un helicóptero oficial aterrizara el 31 de agosto de 2026 sobre la cancha ancestral del pueblo, un predio protegido por medidas cautelares vigentes. Sadir en Caspalá, en el marco de las fiestas patronales católicas de Santa Rosa de Lima, terminó envuelto en un escándalo institucional que combina justicia federal, patrimonio arqueológico y disputas por la representación indígena.
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Según confirmaron vecinos y letrados consultados, el descenso de la aeronave se produjo pese a que la Justicia había restringido expresamente el uso recreativo o de estacionamiento del terreno, ubicado en la Puna jujeña y catalogado entre los pueblos más lindos del mundo. La visita de Sadir en Caspalá reabrió, en apenas horas, un conflicto que la propia Justicia Federal viene documentando desde 2022.
Sadir en Caspalá: un aterrizaje que reabrió la causa judicial
La vecina y querellante Lidia Balcarce relató el operativo con crudeza. «Vino en helicóptero, aterrizó en la cancha desobedeciendo la manda judicial que tenemos… con un montón de su comitiva, había muchos policías», sostuvo, según consignó Jujuy al Momento.
Balcarce fue más allá y cuestionó la naturaleza del acto. Según su testimonio, el evento no reflejó una convocatoria genuina, sino una movilización política armada con empleados obligados y punteros trasladados desde localidades vecinas. La querellante remarcó, además, que la desconfianza hacia los tribunales locales es total: asegura que hace más de un año esperan una resolución que nunca llega, mientras la provincia sigue incumpliendo los plazos fijados por la propia Justicia.
La cancha donde aterrizó el helicóptero no es un espacio cualquiera. Un convenio judicial homologado en 2022 obliga al Estado provincial a restituirla y reparar los daños que dejó un desalojo violento ocurrido en noviembre de ese año, cuando la Justicia autorizó el ingreso de maquinaria para construir una escuela que, hasta hoy, nunca se terminó.
La nueva denuncia por desobediencia judicial
Tras la visita, la querella formalizó una presentación adicional ante la Justicia Federal. El escrito considera que la comitiva oficial ignoró las restricciones vigentes sobre el uso del territorio judicializado al elegir ese predio como helipuerto.
Así lo reconstruyó Jujuy al Momento, que detalló que la presentación se suma a la causa penal federal 9787/2023, ya en trámite por la destrucción de la cancha ancestral y de antigales cercanos.
Cuestionan la designación de una nueva autoridad comunal
Durante el acto, Sadir reconoció públicamente a Sonia Batallanos como autoridad comunal de Caspalá. La comunidad rechaza ese reconocimiento y sostiene que responde a un fraude electoral denunciado formalmente ante la Justicia federal y provincial, con presunto aval de la Secretaría de Pueblos Indígenas a un libro de actas alterado.
«Esa señora está denunciada conjuntamente con todos los que hicieron el fraude, y también está denunciada la Secretaría de Pueblos Indígenas porque avalan un nuevo libro de actas que no es el real», enfatizó Balcarce, citada por el mismo medio.
La referente Lucía Apaza, a cargo de la comunidad indígena Pueblo Kolla Caspalá, calificó la maniobra como una provocación política y una falta de respeto a la autonomía comunitaria. Según su testimonio, su propia gestión se sostiene en constancias emitidas por la misma Secretaría de Pueblos Indígenas, lo que profundiza la contradicción del Ejecutivo provincial.
Apaza sostuvo además que el respaldo a la nueva figura busca debilitar la resistencia jurídica que la comunidad sostiene en los tribunales federales desde hace más de tres años. Para gran parte del pueblo, el episodio confirma que Sadir en Caspalá eligió avalar a la autoridad cuestionada en lugar de resolver primero los reclamos judiciales pendientes.
Un antecedente que no cierra: fondos y una escuela fantasma
El conflicto de Caspalá no nace con el helicóptero de Sadir. La Justicia Federal investiga a seis exfuncionarios de la gestión de Gerardo Morales por fraude a la administración pública, falsedad ideológica y uso de documentos falsos, vinculados a la construcción de una escuela que debía levantarse sobre otro terreno y terminó avanzando sobre la cancha comunitaria y un yacimiento arqueológico.
Según pudo confirmar El Submarino Jujuy, la Justicia federal comprobó que la provincia recibió del Gobierno nacional 43 millones de pesos para esa obra, pero no cumplió con los avances comprometidos ni rindió cuentas sobre el destino de esos fondos.
La misma fuente detalla que, pese a un fallo que ordenaba entregar la cancha reacondicionada con muro de contención incluido, las tareas de remediación siguen sin completarse. Esa demora es, para la comunidad, una segunda desobediencia judicial que se suma a la del helicóptero, y explica por qué el paso de Sadir en Caspalá fue leído como una provocación y no como un gesto de acercamiento.
Vecinos consultados recuerdan además que la represión sufrida durante la gestión anterior, la de Gerardo Morales, dejó heridas que la provincia nunca reparó formalmente. Sin un pedido de disculpas ni una rendición de cuentas sobre los fondos faltantes, sostienen, cualquier acto oficial en el pueblo se percibe como una nueva imposición.
Patrimonio arqueológico en riesgo
Informes técnicos incorporados a la causa federal señalan hallazgos de piezas y estructuras de piedra que sugieren la existencia de un cementerio prehispánico en el predio. La Ley Nacional 25.743 de Patrimonio Arqueológico exige suspender cualquier obra ante ese tipo de hallazgos.
La zona, además, es sísmica. Vecinos y peritos advierten que el peso y la vibración de maquinaria pesada —y ahora de un helicóptero— comprometen un muro de contención que ya presenta fallas estructurales, según consta en la causa que investiga la destrucción del sitio.
Ese antecedente técnico es, para los querellantes, el argumento central de la nueva denuncia: sostienen que ningún operativo oficial debería posarse sobre un terreno con hallazgos arqueológicos activos y sin los informes de impacto correspondientes. El caso de Sadir en Caspalá se suma así a un historial de decisiones que, según la comunidad, priorizaron la logística política por sobre el resguardo patrimonial.
Competencia federal ratificada
La disputa por Caspalá escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó la competencia del fuero federal para investigar los delitos vinculados al patrimonio y a los derechos de los pueblos indígenas. Ese respaldo, señala El Submarino Jujuy, habilita que el proceso avance hacia la elevación a juicio pese a los intentos de las defensas de derivarlo a tribunales provinciales.
Organizaciones de derechos humanos vienen documentando el conflicto desde 2022. Agencia Presentes registró que 16 comuneros, entre ellos la propia Lucía Apaza como presidente de la comunidad indígena, llegaron a ser imputados por resistir el avance de la obra sobre su territorio.
La deuda pendiente con Caspalá
Para los vecinos, la visita del 31 de agosto debió ser una oportunidad de reparación y terminó siendo, según sus propias palabras, una provocación política. La comunidad reclama que el Estado provincial cumpla primero con lo que ya firmó ante la Justicia: restituir la cancha, reparar el daño patrimonial y reconocer a las autoridades que la propia comunidad eligió.
La causa por desobediencia judicial derivada del aterrizaje se suma ahora a un expediente que ya acumula denuncias por fraude, represión y administración fraudulenta de fondos nacionales. El episodio de Sadir en Caspalá quedará, de este modo, como un capítulo más de una causa que la Corte Suprema ya definió como competencia federal y que exige respuestas concretas, no solo discursos de unidad en un escenario.
Con la competencia federal firme y una nueva presentación en trámite, la pregunta que queda abierta es si la Justicia logrará, esta vez, hacer cumplir sus propias resoluciones antes de que el próximo aniversario de Santa Rosa de Lima encuentre a Caspalá en el mismo punto: esperando.
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