Luego del histórico rescate de vicuñas que dejó 42 ejemplares fuera del cautiverio, el Gobierno de Jujuy avanza con sanciones económicas de magnitud contra los responsables del criadero clausurado en Rodero, Departamento de Humahuaca. La confirmación llegó días después de que la Justicia Ambiental imputara al propietario del predio por maltrato animal.
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El expediente administrativo, iniciado en paralelo a la causa penal, contempla multas multimillonarias. La decisión se apoya en el estatus de máxima protección internacional que ampara a la vicuña, una especie que la provincia considera patrimonio colectivo y no un bien privado.
El anuncio de las sanciones
La secretaria de Biodiversidad y Desarrollo Sustentable, Ana Cristina Rodríguez, fue quien detalló el criterio detrás de las multas. Según explicó, la vicuña no le pertenece al dueño del campo donde vive, sino que es un recurso natural de la provincia y de la humanidad, comparable a la retención ilegal de un yaguareté o un tapir, según remarcó la funcionaria en declaraciones reproducidas por Jujuy al Momento.
Esa distinción legal —vicuña silvestre versus animal doméstico— es la base que habilita al Estado provincial a exigir compensaciones económicas más allá de la causa penal por maltrato animal.
Cómo se descubrió el maltrato
El rescate de vicuñas que originó todo el proceso ocurrió en el Criadero Nº 2 de Rodero, en plena Puna jujeña. Allí, un operativo de más de 40 personas —entre veterinarios, personal de seguridad y funcionarios judiciales— trabajó desde las 7:00 hasta la medianoche para trasladar a los animales sin bajas.
Los 42 ejemplares, entre machos, hembras, jóvenes y crías conocidas como tekes, fueron encontrados en un estado de desnutrición severa. Rodríguez explicó a medios locales que las vicuñas estaban subalimentadas y que se les había modificado drásticamente su dieta natural, sustituyendo el pastoreo libre por granos y alfalfa.
A esa falencia alimentaria se sumó la ausencia de una aguada cercana, un factor crítico en un ecosistema de altura donde el acceso al agua es determinante para la supervivencia del animal.
La esquila clandestina, el otro delito
El operativo también reveló que las vicuñas del criadero eran esquiladas de forma ilegal. La funcionaria confirmó que la fibra de esos animales ingresaba al mercado de manera clandestina, lo que llevó tanto al Poder Ejecutivo como al Judicial a avanzar con el cierre del establecimiento, según el detalle publicado por El Libertario.
La fibra de vicuña es una de las más cotizadas del mercado textil de lujo, lo que explica el incentivo económico detrás de la actividad ilegal detectada en el predio.
Traslado al INTA Miraflores
Tras el rescate de vicuñas, los animales fueron trasladados en vehículos especialmente acondicionados hasta el predio del INTA Miraflores, en Abra Pampa. Según el relato difundido por el propio Ministerio de Ambiente, el personal médico y veterinario realizó controles sanitarios, colocó vacunas y suministró medicamentos a los animales rescatados apenas llegaron al nuevo predio, tal como detalló El Destape.
Ese medio consignó 43 ejemplares rescatados, una cifra levemente distinta a la informada por el Ministerio Público de la Acusación y por la mayoría de los medios locales, que sostienen el número de 42. La diferencia podría deberse al conteo de una cría nacida durante el operativo, aunque ninguna fuente oficial lo confirmó de manera expresa.
Actualmente, los animales permanecen bajo semicautiverio en dos hectáreas del predio jujeño, donde un equipo veterinario trabaja en revertir los hábitos alimentarios impuestos durante años de encierro.
Imputación penal contra el propietario
En paralelo al expediente por multas, la causa penal avanza. El dueño del establecimiento fue imputado formalmente el viernes anterior al operativo por el delito de maltrato animal, tras comprobarse que no proveía alimento en cantidad ni calidad suficiente para la subsistencia de los animales, según confirmó el Ministerio Público de la Acusación en su comunicado oficial.
La medida fue ordenada por el Juzgado Ambiental, a pedido de la Fiscalía Ambiental del MPA, en el marco de una denuncia presentada por el propio Ministerio de Ambiente y Cambio Climático provincial.
Un modelo de cautiverio que se extingue
El criadero de Rodero funcionaba desde la década de 1990, aunque el sistema de cautiverio de vicuñas en Jujuy tiene un origen mucho más antiguo: surgió alrededor de 1940 como estrategia de emergencia para salvar a la especie de la extinción por caza furtiva.
Con las poblaciones silvestres ya recuperadas, ese modelo quedó prohibido por la Ley Provincial Nº 5634, vigente desde 2015, que establece un esquema de aprovechamiento sustentable exclusivamente sobre vicuñas en estado silvestre. Con el cierre del predio de Rodero, solo queda un criadero de este tipo operando en todo el territorio jujeño.
El «chaku» como alternativa
En reemplazo del rescate de vicuñas en cautiverio, la provincia promueve el chaku, una técnica ancestral que consiste en el arreo temporal de ejemplares silvestres, su esquila bajo protocolos de bienestar animal y la liberación inmediata. Actualmente, 16 comunidades de la Puna participan de este sistema, que combina conservación ambiental con ingresos económicos regionales.
El futuro de los animales rescatados
La evaluación técnica en el INTA Miraflores determinará qué ejemplares pueden regresar a la vida silvestre. Las mayores expectativas están puestas en los seis tekes, las crías rescatadas, por su mayor capacidad de adaptación.
En cambio, los ejemplares adultos podrían haber perdido de forma irreversible los instintos de defensa y forrajeo necesarios para sobrevivir en la Puna, por lo que las autoridades no descartan que deban permanecer bajo resguardo permanente.
El caso del criadero de Rodero, sumado al anuncio de multas millonarias, marca un endurecimiento claro en la aplicación de la normativa ambiental jujeña. La pregunta que queda abierta es si las sanciones económicas serán suficientes para desalentar la esquila clandestina en los criaderos que aún resisten en la provincia.
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