El 2 de octubre de 2025 quedará marcado en la historia judicial de Jujuy como el día en que cayó una de las figuras más poderosas y controvertidas del sistema de justicia provincial. Sergio Lello Sánchez, quien ocupaba el cargo de Procurador General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), presentó su renuncia indeclinable junto a su adjunto, Ignacio Pasquini, apenas horas después de que la Legislatura provincial admitiera un sorpresivo pedido de juicio político en su contra.
La dimisión se produjo en medio de un operativo sin precedentes que incluyó la suspensión preventiva de ambos funcionarios, allanamientos en múltiples dependencias del MPA y la custodia policial de los edificios del organismo. La escena resultó insólita: Lello Sánchez intentó ingresar vanamente a su oficina, pero la policía le impidió el acceso al lugar que había ocupado durante casi una década.
El pedido de juicio político fue impulsado por un grupo de exfiscales y exfuncionarios del MPA que acusaron al procurador de abuso de autoridad, violencia de género, encubrimiento y violación de deberes de funcionario público. Entre los denunciantes figuran Walter Hugo Rondón, Agustina Aramayo, Augusto Baiud, Carlos Ariel Gil Urquiola, Cristian Rivero y Rodrigo Fernández Ríos, varios de ellos exempleados que habrían sido removidos de sus cargos.
El operativo que sacudió al poder judicial
La Comisión Investigadora de la Legislatura actuó con una celeridad inusual. Conformada por cinco legisladores —tres del oficialismo (Santiago Jubert, Gisel Bravo y Adriano Morone) y dos de la oposición (Facundo Figueroa Caballero y Daniela Vélez)—, el grupo emitió la Resolución N° 01-25 que fundamentó las medidas inmediatas contra Lello Sánchez y Pasquini.
La resolución estableció que existía «indicación precisa y circunstanciada de hechos, conductas atribuidas, causal constitucional y ofrecimiento de prueba documental, testimonial e informativa», cumpliendo así con los requisitos del artículo 250 del Reglamento de la Legislatura.
Basándose en la gravedad de los hechos denunciados y el riesgo de que se alterara la prueba o se influyera sobre testigos que estaban bajo la órbita de los acusados, la comisión ordenó medidas contundentes. Se dispuso la suspensión preventiva de ambos funcionarios con goce de haberes y se solicitó a un juez de control la autorización para allanar las oficinas del MPA y otros inmuebles vinculados.
Los allanamientos se ejecutaron con precisión militar. Se secuestraron equipos informáticos —computadoras, notebooks, discos rígidos, servidores—, teléfonos corporativos y documentación relevante. El secretario de Seguripad, Juan Manuel Pulleiro, confirmó que los operativos se llevaron adelante en las distintas sedes del MPA, incluyendo un galpón en el barrio Chijra.
La custodia policial fue tan estricta que a cada empleado del MPA se le realizaba una requisa al finalizar su jornada laboral para evitar la salida de expedientes o documentación comprometedora. La escena reflejaba la desconfianza institucional que había generado la gestión de Lello Sánchez.
Un Procurador acorralado por su pasado
La caída de Sergio Lello Sánchez no fue un evento aislado, sino la culminación de una gestión atravesada por múltiples controversias y acusaciones que se acumularon durante años.
El abogado constitucionalista Vicente Casas ofreció un análisis contundente de la situación. Según Casas, la renuncia del procurador era «la crónica de una muerte anunciada», vinculándola directamente con la «nefasta reforma de la Constitución del 2023». El jurista sostuvo que dicha reforma otorgó «tantas atribuciones a determinados funcionarios públicos que prácticamente no han tenido control de ninguna naturaleza».
La creación del Ministerio Público de la Acusación en 2015, al inicio del gobierno de Gerardo Morales, fue señalada por críticos como una maniobra para colonizar el Poder Judicial. Mario Oscar Bongianino, expresidente del Consejo Federal de Procuradores y Fiscales, describió esta situación como una «desmedida injerencia del poder político en el Judicial».
Bongianino explicó que la creación del MPA sustrajo las competencias de persecución penal al fiscal general ante el Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Ficoseco, para otorgárselas a Lello Sánchez, un nuevo fiscal sin límite de mandato. Esta figura, según los críticos, convirtió al procurador en el «ariete de Gerardo Morales contra Milagro Sala«, la líder de la organización Túpac Amaru.
El conflicto con el Consejo Federal de Fiscales
Uno de los episodios más graves en la trayectoria de Lello Sánchez ocurrió en diciembre de 2019, cuando el Consejo Federal de Fiscales lo expulsó y lo declaró «inepto éticamente para participar» del organismo. La medida, solicitada por procuradores de siete provincias, se basó en que Lello Sánchez había invocado públicamente al Consejo con «argumentos falsos» y había mentido en el marco del juicio político contra Ficoseco.
Bongianino no escatimó críticas, calificando al procurador de «inescrupuloso». El conflicto se profundizó cuando el Consejo Federal intervino en Jujuy para defender a Ficoseco de un juicio político que, según Bongianino, constituía una «persecución política» impulsada por el oficialismo.
Durante una visita a la provincia, Bongianino y otros procuradores se reunieron con el gobernador Morales, quien los grabó con cámaras ocultas sin su consentimiento y luego difundió una versión editada del encuentro. Este episodio profundizó la crisis institucional y evidenció las tensiones entre el poder político provincial y los organismos federales de control judicial.
Las denuncias por violencia de género
Las acusaciones más graves contra Lello Sánchez provinieron de mujeres que trabajaron bajo su mando. Dos casos emblemáticos ilustran un patrón sistemático de maltrato laboral y violencia de género.
Agustina Aramayo, una de las denunciantes del juicio político de 2025, ya había acusado a Lello Sánchez en 2019 de persecución durante tres años y medio. Según su relato, el procurador la cambió de dependencia una decena de veces, presuntamente como represalia por su participación en una marcha de «Ni una Menos». Aramayo también denunció que le redujeron una licencia médica, lo que derivó en la pérdida de un embarazo.
El caso de María Eugenia Río resultó aún más escalofriante. En 2021, esta prosecretaria del MPA denunció penalmente a Lello Sánchez por cinco años de «hostigamientos, amenazas y violencia». Su relato describió un infierno cotidiano de amenazas de despido, castigos como ser enviada a trabajar en un sótano, y humillaciones misóginas.
Río afirmó que Lello Sánchez se refería a ella como «p***» y «gato» entre otros fiscales y les preguntaba a sus compañeros si se habían acostado con ella. Las consecuencias en su salud fueron devastadoras: ataques de pánico, autoflagelaciones, pérdida de peso y cabello. La denunciante debió someterse a tratamiento psiquiátrico como consecuencia del maltrato sostenido.
La Multisectorial de Mujeres de Jujuy repudió la «actitud intimidatoria» del fiscal, y su salida fue uno de los reclamos centrales en la marcha del 25 de noviembre en la capital provincial. Estas denuncias, que habían sido minimizadas o ignoradas durante años, cobraron nuevo impulso con el pedido de juicio político.
El Conflicto con la Justicia Federal
En junio de 2025, apenas cuatro meses antes de su renuncia, Lello Sánchez protagonizó un grave conflicto de competencia con la Justicia Federal que evidenció problemas estructurales en su gestión. El caso, conocido como el «Caso La Quiaca», se originó en un operativo del MPA en La Quiaca que resultó en el secuestro de casi 500 kilogramos de cocaína.
El fiscal federal Federico Zurueta denunció que el MPA no notificó a la Justicia Federal sobre el hallazgo, a pesar de que el transporte de estupefacientes es claramente de competencia federal. Zurueta afirmó haberse enterado «de manera casual, a través de redes sociales» de un operativo de semejante magnitud.
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El juez federal Eduardo Hansen calificó el accionar del MPA como de «una gravedad inusitada» y ordenó la inhibición del fuero provincial y la remisión inmediata del caso, los detenidos y la droga. Sin embargo, el MPA, bajo la dirección de Lello Sánchez, no cumplió con la orden federal, generando un impasse judicial con potencial intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Zurueta advirtió que la acción del MPA pudo haber interferido «negativamente con una investigación federal en curso», sugiriendo que la retención del caso podría haber comprometido operativos más amplios contra el narcotráfico.
El papel en las causas contra Milagro Sala
La figura de Sergio Lello Sánchez estuvo indisolublemente ligada a las causas judiciales contra Milagro Sala, líder de la organización Túpac Amaru. El procurador fue una figura central y visible en múltiples procesos que investigaron presuntos delitos económicos y de corrupción.
En declaraciones públicas, Lello Sánchez detalló las magnitudes económicas de las causas: un fraude de 60 millones de pesos en la causa «Pibes Villeros», alrededor de 1.200 millones de pesos en la «Megacausa» por planes de vivienda, y se corroboró el lavado de 100 millones de pesos.
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La investigación por lavado de activos, a cargo del fiscal Diego Ignacio Funes, tuvo un giro significativo con las declaraciones de Mirta Guerrero y otro arrepentido. Estos testimonios aportaron información sobre cuentas bancarias en el exterior y viajes, abriendo nuevas hipótesis sobre el destino del dinero sustraído a través de compras de vehículos, inmuebles y sorteos.
Lello Sánchez explicó públicamente que la prisión domiciliaria de Milagro Sala fue dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el marco de la causa «Pibes Villeros». Sin embargo, su protagonismo en estas causas de alto perfil político alimentó las críticas sobre la politización de su gestión.
La sesión legislativa del terremoto
El 2 de octubre de 2025 la Legislatura de Jujuy vivió una jornada histórica. A pesar del «tsunami legislativo» provocado por el pedido de juicio político, el cuerpo continuó con su agenda normal, en una demostración de institucionalidad que contrastó con el caos del MPA.
Los diputados aprobaron acuerdos para la designación de nuevos funcionarios en el Poder Judicial, incluyendo un Juez Unipersonal del Trabajo, una Defensora Pública Oficial Penal y un Defensor Público Oficial Penal. También se aceptó la renuncia del diputado Juan Ortega y prestó juramento su reemplazante, el Dr. Facundo Manuel Figueroa Caballero, quien paradójicamente formaba parte de la Comisión Investigadora contra Lello Sánchez.
Un detalle llamó la atención de los observadores políticos: la resolución de la Comisión Investigadora fue redactada, «paradójicamente», con el membrete del Frente de Todos-PJ, lo cual tenía implicancias políticas dada la cercanía de las elecciones de diputados nacionales que se celebrarían semanas después.
El futuro incierto del MPA
Con la renuncia de Lello Sánchez y Pasquini, el Ministerio Público de la Acusación enfrenta un futuro incierto. El abogado Vicente Casas planteó dos escenarios posibles: si el gobernador aceptaba la renuncia, el juicio político terminaría; si no la aceptaba, el proceso continuaría, con una posible destitución como resultado.
La crisis del MPA refleja problemas más profundos en el sistema judicial de Jujuy. La reforma constitucional de 2023, que según Casas otorgó poderes sin control a determinados funcionarios, y la creación misma del MPA en 2015 como herramienta de colonización judicial, plantean interrogantes sobre el modelo de justicia provincial.
La acumulación de denuncias por violencia de género, los conflictos de competencia con la Justicia Federal, la expulsión del Consejo Federal de Fiscales y finalmente el juicio político, configuran un cuadro de crisis institucional que excede la figura de un solo funcionario.
Los allanamientos y el secuestro de equipos informáticos y documentación abrirán probablemente nuevas líneas de investigación. La custodia policial de los edificios del MPA y las requisas a empleados sugieren que las autoridades anticipan hallazgos comprometedores.
Para los ciudadanos de Jujuy, la caída de Lello Sánchez representa un punto de inflexión. La pregunta que flota en el ambiente es si este episodio marcará el inicio de una verdadera renovación institucional o si simplemente se trata de un recambio de nombres en un sistema que seguirá operando bajo las mismas lógicas de poder político y judicial.
La historia del Procurador General caído es también la historia de un sistema que permitió durante años el maltrato a subordinadas, la concentración de poder sin controles efectivos y la politización de causas judiciales. El desafío para Jujuy será construir un sistema de justicia que priorice la independencia, la transparencia y el respeto a los derechos fundamentales, comenzando por los de quienes trabajan en sus propias instituciones.
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