Comunidades indígenas y organizaciones socioambientales protestaron en la reunión del Gobierno de Jujuy con el CFI y sectores empresariales, cuestionando el acuerdo de gestión del agua con la empresa israelí Mekorot.
El Gobierno de Jujuy y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se reunieron recientemente para discutir el avance del Convenio firmado con la empresa israelí Mekorot, centrado en la gestión del agua.
La reunión del último viernes fue objeto de protestas por parte de comunidades indígenas y organizaciones socioambientales, que cuestionan la transparencia y los objetivos del acuerdo. En este artículo, exploramos los motivos de las protestas y las implicaciones del Convenio con Mekorot.
Contenidos del artículo
La Reunión en el Ministerio de Producción
Participantes y Objetivos
La reunión, realizada en el Ministerio de Producción de Jujuy, contó con la participación de representantes de instituciones gubernamentales y sectores empresariales de la agroindustria, como Ledesma. El objetivo era avanzar en el Convenio firmado en abril con la empresa estatal israelí Mekorot, especializada en la gestión del agua.
Falta de Transparencia
A pesar de la importancia del encuentro, la reunión no fue difundida públicamente, lo que impidió la participación de comunidades indígenas, organizaciones socioambientales y políticas que han expresado su preocupación por el acuerdo. Esta falta de transparencia ha generado desconfianza y críticas hacia el Gobierno de Jujuy.
Protestas de las Comunidades Indígenas y Organizaciones Socioambientales
Movilización y corte de calle
Diversas comunidades, incluyendo Salinas Grandes, Humahuaca, Juella y Caspalá, se movilizaron y realizaron cortes de calle para exigir su inclusión en las discusiones. La presión de estas protestas obligó a los funcionarios a atender a algunos representantes de las comunidades, quienes denunciaron la falta de información y participación en el proceso.
Críticas al acuerdo con Mekorot
Las comunidades y organizaciones socioambientales critican el acuerdo con Mekorot debido a la controvertida reputación de la empresa en la gestión del agua en Palestina. Mekorot ha sido denunciada a nivel internacional por su papel en el conflicto israelí-palestino, acusada de robar agua a las comunidades palestinas y mercantilizar la provisión de agua.
Demandas de transparencia
Hasta el momento, el contenido del Convenio firmado en abril por el Gobernador Carlos Sadir y representantes de Mekorot no ha sido divulgado, a pesar de los pedidos de informes realizados por el Frente de Izquierda Unidad en la Legislatura de Jujuy y en la Oficina de Transparencia. Las comunidades y organizaciones exigen que se socialice el Convenio y que se garantice su participación en futuras reuniones.
Implicaciones del Convenio con Mekorot
Acuerdos en otras Provincias y a Nivel Nacional
El acuerdo con Mekorot no es exclusivo de Jujuy; otras provincias extractivistas en Argentina también han firmado convenios similares. A nivel nacional, la falta de transparencia en estos acuerdos ha generado preocupaciones sobre los impactos ambientales y sociales de la gestión del agua por parte de Mekorot.
Plan Maestro y beneficios para la Agroindustria
Existe una preocupación entre las comunidades de que el Plan Maestro desarrollado bajo el Convenio con Mekorot favorezca principalmente a los grandes sectores empresariales de la agroindustria, en detrimento de las necesidades y derechos de las comunidades indígenas y locales.
Protestas y demandas de transparencia
La reunión del Gobierno de Jujuy con el CFI y los sectores empresariales sobre el Convenio con Mekorot ha desencadenado una serie de protestas y demandas de transparencia por parte de las comunidades indígenas y organizaciones socioambientales.
La falta de información y participación ha generado desconfianza y críticas hacia el acuerdo, que es visto como un posible beneficio para la agroindustria en detrimento de las comunidades locales.
Es crucial que el Gobierno de Jujuy y los demás actores involucrados garanticen la inclusión y la transparencia en el proceso para asegurar que las políticas de gestión del agua beneficien a todas las partes interesadas de manera equitativa.
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