Privatización en Jujuy: denuncia contra la venta de tierras en La Ciénaga

Conflictiva venta de tierras en el área protegida de La Ciénaga presenta un escenario de confrontación entre intereses públicos y privados. En medio de denuncias de la Organización Campesina de los Perilagos (OCP), autoridades provinciales y representantes de la ciudadanía se enfrentan en un debate que involucra la preservación de espacios naturales, derechos colectivos y un modelo de desarrollo inmobiliario cuestionado por la comunidad y expertos ambientales.

La polémica gira en torno a la licitación de 15 hectáreas ubicadas en el entorno del Dique La Ciénaga, que se encuentra en una zona de monte nativo y acceso público, y cuyo destino, según críticos, favorece a intereses de la clase privilegiada a costa de desplazar a poblaciones campesinas.

Contexto y antecedentes del conflicto

El conflicto se remonta a maniobras legislativas y decisiones administrativas que comenzaron en 2017, cuando el gobierno de Gerardo Morales aprobó la Ley Nº 6049. Esta norma eliminó la condición de Reserva Natural en áreas que históricamente han sido utilizadas por comunidades campesinas para actividades de subsistencia como el pastoreo, la recolección de plantas medicinales y frutos silvestres. La transformación de estas tierras del “dominío público” a terrenos susceptibles de privatización ha reavivado tensiones en la región de Jujuy.

La licitación actual en el área de La Ciénaga se realiza a través de la Agencia de Desarrollo Sostenible de Los Diques y tiene como objetivo dividir 15 hectáreas en 17 lotes privados a ser ofrecidos en venta. La operativa ha suscitado numerosas críticas, pues se considera que esta medida sacrifica bienes comunes en pos del beneficio exclusivo de un sector económico privilegiado. El entorno en cuestión, caracterizado por un paisaje de monte nativo frente al Dique La Ciénaga, constituye además un espacio de relevancia para la conservación y la cultura campesina.

Acusaciones y denuncias de la comunidad

Diversos actores sociales y representantes de la OCP han denunciado que el actual proceso licitatorio es parte de una estrategia para primar intereses económicos por encima del bienestar colectivo. Una de las declaraciones que ha acaparado atención es la siguiente:

«Nos prometen que el progreso significará trabajar como sirvientas en hoteles lujosos, sirviendo en sus restaurantes», afirmó Noelia Florencia González, integrante de la Organización Campesina de los Perilagos.

Estos argumentos forman parte de una narrativa que denuncia la privatización de tierras – históricamente de acceso público – y la consecuente expulsión de las actividades tradicionales de las comunidades. Los campesinos del área han señalado que, desde 2019, se viene impulsando un proyecto inmobiliario que no solo amenaza la salud pública y el acceso a bosques públicos, sino que también pone en riesgo la identidad cultural y la viabilidad ambiental del territorio.

La preocupación se extiende a la transformación del entorno natural en un complejo de lujo destinado a albergar torres habitacionales, hoteles, casinos y espacios comerciales. Las voces críticas señalan que el proyecto, al transformar áreas protegidas en zonas “sustentables”, puede llevar a la desintegración de la red ecológica y a la pérdida irreversible de hábitats.

Operativa gubernamental y alianzas políticas

La operación para la venta de estas tierras involucra altos funcionarios de la provincia de Jujuy, entre ellos el gobernador Carlos Sadir y el representante de la Agencia de Desarrollo Sostenible de Los Diques, Andrés Aparicio. Preocupantemente, se ha denunciado una supuesta relación de parentesco entre Aparicio y Victor Hugo González, intendente de El Carmen, lo que ha incrementado la percepción de que se trata de un negocio favorecido por vínculos políticos y económicos.

Diversos representantes de organizaciones sociales y legales han cuestionado la transparencia y legitimidad de esta operación. Se argumenta que la maniobra se enmarca dentro de una política de despojo y privatización, diseñada para beneficiar a los denominados “multimillonarios” y, en contraposición, desposeer a los habitantes tradicionales de sus territorios.

Una portavoz del sector jurídico, Alejandra Cejas, señaló: «La transformación de estas tierras y la conversión del área protegida en una zona apta para el desarrollo inmobiliario no solo atenta contra la conservación ambiental, sino que vulnera los derechos de las comunidades que han habitado este territorio por generaciones.»

Asimismo, Esperanza Pereyra, otra de las voces críticas, advirtió sobre la «violencia institucional» que se ha evidenciado en las estrategias gubernamentales para asegurar la continuidad del proyecto. Según Pereyra, estas acciones constituyen un avance sobre la identidad y el sustento mismo de las familias campesinas.

Impacto ambiental y social

Uno de los aspectos más polémicos del proyecto es el potencial impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental, presentado en una audiencia pública convocada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, ha sido objeto de severas críticas por parte de expertos y ciudadanos. Dicho estudio ha sido calificado de insuficiente y poco riguroso, debido a que minimizaría las consecuencias de un proyecto inmobiliario de tal envergadura.

Durante la audiencia hace más de 2 años atrás, varios expertos en medio ambiente y representantes de la comunidad hicieron hincapié en lo siguiente:

«Estamos ante un escenario donde la apropiación del espacio común favorece solo a unos pocos, mientras que la mayoría de la población se ve amenazada con desalojo y deterioro de la calidad de vida«, explicó Silvana Llanez, abogada y vocera de las comunidades afectadas.

Estas declaraciones refuerzan el temor de que la transformación del sitio no solamente impacte en el paisaje natural, sino que también comprometa la disponibilidad de recursos esenciales como el agua, la biodiversidad local y la integridad de los servicios públicos. Además, la modificación del uso de suelo y la eventual construcción de infraestructuras turísticas y residenciales representan riesgos de contaminación tanto en el aire como en el suelo, afectando de manera directa la salud pública de los habitantes del sector.

El conflicto se intensifica al considerar que las modificaciones en el territorio se han venido gestando desde 2017, con la eliminación del estatus de Reserva Natural por mandato legislativo. Esta decisión, interpretada por la oposición como un regalo a los intereses privados, abre la puerta a la especulación de tierras y a una transformación irreversible del espacio natural.

Propuestas y alternativas frente a la privatización

Ante la inminente venta y la polémica surgida en torno al proyecto inmobiliario, varias organizaciones y líderes comunitarios han planteado alternativas y propuestas que busquen revertir o mitigar el impacto de esta medida. Entre las opciones planteadas se destacan:

1. Activación de procesos judiciales: Se ha anunciado que la Organización Campesina de los Perilagos ha interpuesto un amparo ambiental ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, buscando detener la desafectación de estas tierras y su conversión en terreno privatizado. La acción legal se fundamenta en la defensa de los derechos colectivos y en la necesidad de proteger los espacios naturales.
2. Convocatorias a audiencias públicas ampliadas: Diversas voces han pedido que se realicen nuevas consultas y audiencias públicas en las que se incluya a todos los sectores afectados, garantizando un debate transparente y participativo sobre el destino de las tierras. Se subraya la importancia de la opinión de las comunidades locales, que han sido tradicionalmente marginadas en procesos de toma de decisiones sobre el territorio.
3. Implementación de proyectos de desarrollo comunitario: Algunos expertos proponen que, en lugar de privatizar áreas de acceso público, se invierta en proyectos que impulsen una economía local sostenible. Estas iniciativas incluirían el apoyo a la agricultura tradicional, el ecoturismo solidario y la producción de bienes culturales, garantizando que el desarrollo respete tanto el medio ambiente como la identidad de la comunidad.

La falta de recursos y de voluntad política para implementar estas alternativas ha generado un clima de incertidumbre entre los habitantes de El Carmen y las organizaciones defensores del medio ambiente.

Reacciones en redes sociales y posicionamiento de actores políticos

La operativa y las denuncias han desplazado rápidamente la controversia a las redes sociales, donde miles de usuarios, activistas y ciudadanos expresan su rechazo frente a lo que califican como “un loteo para gente rica”. Los mensajes críticos se han viralizado, alimentando el debate sobre la privatización de bienes comunes, la vulneración de derechos y la necesidad de establecer mecanismos de protección más estrictos para las áreas naturales.

Por su parte, las autoridades gubernamentales se han defendido asegurando que la conversión del área protegida en una zona sustentable responde a una estrategia de desarrollo integral con miras a dinamizar la economía regional. Sin embargo, la narrativa oficial choca con los testimonios de vecinos y expertos que corroboran que el modelo propuesto favorecería únicamente a un grupo reducido y privilegiado.

Al respecto, un funcionario del Ministerio de Ambiente enfatizó durante una rueda de prensa: «El proyecto pretende integrar criterios de desarrollo sostenible; sin embargo, entendemos que es necesaria la colaboración ciudadana para ajustar medidas que minimicen cualquier impacto adverso», declarando de forma ambigua la postura del Ejecutivo.

Esta respuesta ha sido interpretada por muchos como una falta de reconocimiento a las denuncias reales, lo que agrava la desconfianza de la ciudadanía hacia el manejo de estos asuntos a nivel provincial.

Perspectivas sobre el modelo de desarrollo y sus implicaciones futuras

El debate en torno al desarrollo inmobiliario en La Ciénaga va más allá de la simple venta de tierras. Se trata de una confrontación ideológica y práctica que enfrenta dos modelos de desarrollo:

• Por un lado, el modelo de crecimiento expansivo que se fundamenta en la privatización y en el impulso de inversiones de gran escala, a menudo vinculadas a intereses económicos, políticos y judiciales.

• Por otro, el modelo de desarrollo comunitario, basado en la preservación de espacios naturales, la protección de los derechos tradicionales y el aprovechamiento sustentable de los recursos, de modo que el progreso se traduzca en bienestar social y ambiental para la mayoría.

El caso de La Ciénaga se enmarca en un contexto nacional de crecientes tensiones entre quienes abogan por la modernización y aquellos que defienden la protección del patrimonio natural y cultural. La polémica ha servido para poner de relieve la necesidad de replantear criterios y mecanismos de fiscalización que garanticen que los proyectos de gran envergadura no sacrifiquen la integridad ecológica ni vulneren los derechos de las comunidades históricamente desatendidas.

La incertidumbre legal que persiste con el amparo ambiental, sumada a la volatilidad de los escenarios políticos y económicos, hace que el futuro de este proyecto aún sea muy incierto. Lo que para algunos supone una oportunidad de desarrollo, para otros representa un peligro inminente de despojo y desintegración social.

Declaraciones textuales y denuncias relevantes

Durante la audiencia pública en la Casa de la Historia y la Cultura de El Carmen se han destacado varias declaraciones que sintetizan el sentir colectivo:

• Noelia Florencia González (Organización Campesina de los Perilagos): «Nos prometen que el progreso significará trabajar como sirvientas en hoteles lujosos, sirviendo en sus restaurantes.»

• Esperanza Pereyra (vocera de la ciudadanía afectada): «Esta no es una inversión en el futuro, es un avance sobre nosotros; quieren el alma, pretenden que les demos todo.»

• Silvana Llanez (abogada y defensora del medio ambiente):
«La apropiación de estas tierras para el beneficio de unos pocos es un atentado contra el derecho a una vida digna y un territorio sano.»

Estas declaraciones resaltan la profunda división generacional y social que se vive en la región, evidenciando el sentir de quienes han habitado el territorio durante generaciones y de aquellos que ven en el proyecto una amenaza directa a su forma de vida y a su entorno.

Conclusiones y retos para la sociedad

El conflicto en La Ciénaga es un microcosmos de situaciones que se repiten en diversas partes del país, donde la transformación de espacios públicos en propiedades privadas genera tensiones, despojos y resentimientos acumulados a lo largo del tiempo. La tensión entre el progreso impulsado por grandes capitales y la defensa de la naturaleza y la identidad cultural es un tema que requiere políticas públicas inclusivas y transparentes.

Las autoridades, por su parte, enfrentan el reto de conciliar el desarrollo económico con la protección de los bienes comunes. Este caso evidencia que, sin una adecuada participación ciudadana y mecanismos de control, el desarrollo se puede transformar en un proceso de exclusión y despojo. La ciudadanía, a través de sus organizaciones y movilizaciones, ha dejado en claro que la prioridad es preservar las tierras y los espacios naturales para garantizar un futuro en el que el progreso no signifique sacrificio de identidad ni pérdida de derechos colectivos.

Entre los desafíos que se visualizan para el futuro está el fortalecimiento de los mecanismos legales que protejan el patrimonio natural y cultural frente a las presiones de la inversión inmobiliaria, así como la implementación de proyectos de desarrollo que realmente respondan a las necesidades de la comunidad en lugar de convertirse en instrumentos de enriquecimiento para una minoría privilegiada.

La resolución de este caso se convertirá en un referente para otros conflictos similares en el país, definiendo si el modelo de negocio que transforma bienes comunales en propiedades privadas se consolidará o si la presión ciudadana y la acción judicial lograrán detener lo que muchos consideran un proceso de privatización irregular y perjudicial para la salud pública y la integridad ambiental.

Perspectivas a mediano y largo plazo

El futuro del proyecto inmobiliario en La Ciénaga y la continuidad de los procesos legales en torno al mismo ofrecen una ventana a los debates que se están llevando a cabo a nivel nacional sobre derechos colectivos, medio ambiente y desarrollo económico. Al enfrentar decisiones que afectarán directamente el territorio, la sociedad se ve obligada a sopesar las prioridades entre una modernización que favorezca únicamente a ciertos sectores y un desarrollo sostenible que incluya a todos los actores sociales.

La pregunta central que se plantea es: ¿Quién tiene el derecho a decidir el destino de las tierras y, en consecuencia, el futuro de la convivencia social? La respuesta a esta interrogante implica no solo una cuestión de justicia social, sino también la definición de un modelo de nación en el que la inclusión, la sostenibilidad y la participación democrática sean los pilares del desarrollo.

Mientras tanto, las movilizaciones y denuncias continúan, convirtiéndose en un llamado urgente a la reflexión y a la acción por parte de autoridades y ciudadanos por igual. La lucha de las comunidades de El Carmen y los defensores del medio ambiente en La Ciénaga es un recordatorio de que, en el centro de cualquier avance social, deben ponerse los derechos y el bienestar de las personas y el planeta.

En conclusión, el conflicto en La Ciénaga es el reflejo de una lucha por la dignidad, el medio ambiente y el futuro colectivo. La resistencia de la Organización Campesina de los Perilagos y sus aliados subraya la necesidad de replantear estrategias de desarrollo que realmente beneficien a la mayoría, sin sacrificar la identidad, los recursos naturales ni la salud de toda una comunidad.

Conclusión general

El debate en torno a la venta y privatización de tierras en el área protegida de La Ciénaga evidencia la complejidad que supone equilibrar el desarrollo y la conservación. Con declaraciones contundentes de la ciudadanía, críticas al estudio de impacto ambiental y denuncias sobre conflictos de interés en las altas esferas del poder provincial, el caso se erige como una prueba del desafío de proteger el patrimonio natural y cultural en tiempos de cambio acelerado. Queda en manos de las autoridades y la sociedad definir si este episodio marcará un precedente de justicia social y ambiental, o si, por el contrario, abrirá la puerta a nuevos procesos de despojo y exclusión.