Una presunta megaestafa piramidal ha conmocionado a la provincia de Jujuy, afectando a cientos de personas y dejando pérdidas económicas que podrían superar los 20.000 millones de pesos. Una mujer y su pareja, residentes del barrio Alberdi en San Salvador de Jujuy, fueron imputados por múltiples hechos de estafa en concurso real tras defraudar a entre 300 y 400 personas mediante la venta de electrodomésticos y artículos de bazar a través de grupos de WhatsApp. La justicia dictó prisión preventiva por 35 días para ambos acusados, luego de que decenas de damnificados montaran una vigilia pacífica frente a su domicilio para evitar su fuga.
El modus operandi: ofertas irresistibles y pagos anticipados
La operación fraudulenta se centralizaba en grupos de WhatsApp, donde la acusada ofrecía un amplio catálogo de productos que incluía heladeras, aires acondicionados, cocinas, microondas, Smart TVs, bicicletas y artículos de electrónica e indumentaria. La clave del engaño radicaba en los precios: los productos se ofrecían a valores «inexplicablemente bajos» o «mayoristas», muy por debajo de los valores del mercado. Por ejemplo, se promocionaban Smart TVs de 65 y 43 pulgadas a $300.000, pero solo para compras superiores a diez unidades.
Para acceder a estas ofertas, los compradores debían realizar el pago por adelantado de entre el 50% y el 100% del valor de la compra. Las transferencias bancarias se realizaban a cuentas personales a nombre del marido de la acusada y otros familiares, no a cuentas empresariales, lo que constituía una primera señal de alerta que muchas víctimas pasaron por alto en su afán por aprovechar las ofertas.
La construcción de confianza: entregas iniciales para expandir la red
El esquema implementado por los acusados presentaba las características clásicas de una estafa piramidal. Al principio, la acusada cumplía con la entrega de algunos pedidos, generalmente de montos menores, lo que generaba confianza entre los primeros compradores y revendedores. Esta táctica era fundamental para construir una reputación y convencer a los clientes de su legitimidad, incentivándolos a realizar compras cada vez mayores.
«Vi muchos productos que ella trajo, eso te convence», relató uno de los damnificados, explicando cómo las entregas iniciales funcionaban como un poderoso mecanismo de validación que convertía a las primeras víctimas en promotores involuntarios del esquema.
Según los testimonios recopilados, el dinero de los nuevos clientes se utilizaba para financiar las entregas de los compradores anteriores. «Traía primero las cosas con plata de otro, imagino yo. Iba sacándole plata a unos para traerles cosas a otros», explicó un comerciante afectado. Este mecanismo piramidal funcionaba mientras el ingreso de nuevos compradores era suficiente, pero estaba destinado a colapsar cuando el flujo de capital nuevo no pudiera cubrir las obligaciones acumuladas.
El colapso: excusas y manipulación emocional
Cuando las entregas cesaron y los plazos de entrega que iban de 5 a 30 días no se cumplían, la acusada recurría a un elaborado repertorio de excusas para justificar las demoras y evadir los reclamos. Las justificaciones abarcaban supuestos problemas logísticos como mercadería retenida, productos perdidos en la ruta o decomisados, y fallas de proveedores.
Sin embargo, la táctica más cruel fue el uso de excusas personales dramáticas que manipulaban la empatía de las víctimas. La acusada alegaba padecer graves problemas de salud, llegando a afirmar que le habían diagnosticado cáncer de mama, o que su marido, hijos y abuelo estaban enfermos o internados.
«Decía que tenía cáncer, que su marido estaba grave, que internaron a su abuelo… enfermó a toda su familia para esquivar los reclamos. Una psicópata total», denunció con indignación uno de los comerciantes afectados, evidenciando el nivel de manipulación emocional empleado para retrasar los reclamos y ganar tiempo.
La magnitud del fraude: cifras millonarias y cientos de víctimas
El alcance del presunto fraude es significativo tanto en términos económicos como en el número de personas afectadas. Las estimaciones sitúan el número de damnificados entre 300 y 400 personas, provenientes no solo de diversas localidades de Jujuy como Abra Pampa y Humahuaca, sino también de otras provincias argentinas como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
En cuanto al perjuicio económico, las cifras son devastadoras. Las estimaciones iniciales de los damnificados situaban el monto total en mil millones de pesos, pero cálculos posteriores sugieren que la cifra podría superar los 20.000 millones de pesos. Solo un grupo de entre 30 y 40 víctimas calculó un perjuicio de 500 millones de pesos entre ellos.
Las pérdidas individuales varían ampliamente, con casos reportados que van desde 27 millones hasta montos que oscilan entre 60 y 130 millones de pesos por persona. «Le entregué alrededor de diez millones por pedidos de aires y otros productos. Al principio me trajo algunas cosas, pero después le encargué más y nunca llegaron. En menos de un mes terminé perdiendo 37 millones«, relató una revendedora. Otro comerciante declaró: «Yo transferí más de 35 millones porque vi que entregaba cargamentos grandes a otros revendedores. Finalmente, no recibí nada».
La reacción ciudadana: organización y vigilia para evitar la fuga
Ante la falta de respuestas y la magnitud del fraude, los afectados tomaron acciones coordinadas. Los damnificados crearon un grupo de WhatsApp que rápidamente superó los 200 miembros para compartir información, comprobantes de transferencia y organizar acciones conjuntas.
A partir de la noche del jueves 14 de noviembre de 2025, decenas de afectados montaron una vigilia pacífica que se extendió por más de 24 horas frente al domicilio de la acusada en la calle Villafañe, en el barrio Alberdi de San Salvador de Jujuy. «No queremos que se escape. Solo queremos que nos devuelva el dinero», expresaron los manifestantes, cuyo objetivo era impedir una posible fuga mientras avanzaban las denuncias.
La tensión en el lugar creció hasta tal punto que la propia acusada llamó al 911 manifestando temor a ser agredida. El viernes 15 de noviembre, efectivos de la Seccional N° 32 y del Cuerpo de Infantería se hicieron presentes y, para «proteger la integridad física de la acusada» y evitar posibles agresiones, la policía la trasladó en un vehículo oficial a una dependencia policial.
Antecedentes en Buenos Aires y un patrón de conducta
A medida que más damnificados compartían sus historias, surgió información alarmante: el caso de Jujuy podría no ser un hecho aislado. Según testimonios de varios damnificados, corroborados por víctimas de Buenos Aires que contactaron al grupo de Jujuy, la acusada ya habría protagonizado estafas similares en territorio bonaerense antes de radicarse en el norte.
Se afirma que la mujer «se escapó de allá con 800 millones de pesos« después de una maniobra similar y que incluso «fue escrachada públicamente». En un acto de solidaridad interprovincial, las víctimas de Buenos Aires advirtieron a las de Jujuy, aconsejándoles «que no hagamos lo mismo que ellos que se descuidaron y ella se dio la fuga». Este antecedente sugiere un patrón de conducta delictiva premeditado y no un simple negocio fallido.
La respuesta judicial: imputación y prisión preventiva
La causa judicial avanzó rápidamente tras la presión ejercida por los damnificados y la intervención policial. La Brigada de Investigaciones de Chijra se convirtió en el centro de recepción de las denuncias, donde los afectados presentaron comprobantes de transferencia y capturas de pantalla como evidencia.
En la noche del sábado 16 de noviembre, se realizó un allanamiento en el domicilio de la calle Villafañe, donde se secuestró una «importante cantidad de electrodomésticos« que servirán como evidencia en la causa.
La pareja fue formalmente imputada por «múltiples hechos de estafa en concurso real«. Un juez de Control avaló el pedido del fiscal y dictó la prisión preventiva para ambos acusados por un período de 35 días. Esta medida trajo un alivio parcial a los vecinos, quienes temían que el delito fuera excarcelable y la pareja quedara en libertad.
Las principales demandas de las víctimas incluyen la recuperación del dinero transferido, solicitando a la justicia que «congelen las cuentas» y «embarguen algo». Los afectados también han buscado asesoramiento legal para consolidar todas las denuncias en «una única causa judicial» y darle más fuerza al reclamo.
La investigación continúa en curso, ya que no se descarta que aparezcan más víctimas. El caso ha dejado una profunda huella en la comunidad jujeña, no solo por las pérdidas económicas que representan los ahorros y proyectos de vida de cientos de familias, sino también por la confianza traicionada en una era de conexiones digitales donde las transacciones comerciales informales se han vuelto cada vez más comunes.
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