La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó el traslado inmediato de la «Megacausa» —el expediente por presunto desvío de fondos públicos más significativo de la historia reciente de Jujuy— al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10 de Buenos Aires, a cargo del juez Julián Ercolini. La resolución, ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, declaró que la justicia provincial carecía de competencia para tramitar la causa desde su inicio, lo que deja en una situación de extrema fragilidad jurídica los sobreseimientos dictados apenas días antes por el juez de Control Rodolfo Fernández en favor del exgobernador Eduardo Fellner y otros doce imputados, entre ellos el intendente capitalino Raúl «Chuli» Jorge.
Una causa que involucra fondos nacionales y funcionarios del Estado central
El expediente recorrió un extenso camino institucional: pasó por el Juzgado de Control N°4 de Jujuy, la Cámara de Apelaciones provincial, el Juzgado Federal N°1 de Jujuy, la Cámara Federal de Salta, el Juzgado Nacional N°10 de Buenos Aires, la Sala I de la Cámara Criminal Federal y la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, hasta llegar finalmente al máximo tribunal del país.
El núcleo del fallo es contundente: al tratarse de fondos provenientes del erario nacional administrados por la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, y al estar involucrados funcionarios de la administración central, la competencia siempre correspondió al fuero federal porteño. La Corte Suprema ya había ordenado que la Megacausa fuera investigada por el Juzgado N°10 de Buenos Aires, a cargo de Ercolini, quien en septiembre de 2018 había rechazado esa competencia y reenviado el expediente a la justicia jujeña. Hoy, el máximo tribunal lo obliga a retomar una investigación que nunca debió abandonar.
Los hechos centrales que determinaron la federalización del caso son claros: la participación de José López, exsecretario de Obras Públicas de la Nación, y Germán Ariel Nivello, excoordinador del Programa Federal de Integración SocioComunitario. Ambos habrían omitido controles críticos y autorizado transferencias irregulares de recursos nacionales hacia la provincia de Jujuy, convirtiendo lo que parecía un conflicto local en un esquema coordinado de corrupción con origen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Megacausa investiga un presunto perjuicio al erario público por más de 1.400 millones de pesos, fondos destinados a la construcción de 2.000 viviendas sociales, de las cuales 1.680 nunca fueron ejecutadas y 320 presentan fallas estructurales que las hacen inhabitables.
Los sobreseimientos cuestionados: una decisión sin jurisdicción válida
El 7 de marzo de 2026, el Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública de Jujuy dictó el sobreseimiento total y definitivo del exgobernador Eduardo Alfredo Fellner y de otros doce acusados, aceptando los planteos de las defensas y desvinculando de manera total y definitiva a los imputados. La decisión benefició, entre otros, al intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl «Chuli» Jorge, al exjefe comunal de San Pedro, Julio Moisés, el intendente de Perico, Rolando Ficoseco y a varios exjefes comunales de la provincia.
El problema jurídico central es demoledor: la Corte Suprema hizo lugar a un recurso presentado por las defensas y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento, dejando en una situación de incertidumbre el fallo del juez Fernández, quien había dispuesto el sobreseimiento de varios imputados al tiempo que ratificaba la competencia de la justicia ordinaria provincial.
Con su resolución final, el Máximo Tribunal declaró la competencia al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deberá seguir interviniendo en la «Megacausa», con lo que el reciente fallo del juez Fernández podría quedar sin efecto.
Las voces del ámbito jurídico son categóricas respecto de la validez de esos actos procesales. Según consignó Jujuy al Momento, el abogado constitucionalista Vicente Casas fue terminante: «El juez no tenía jurisdicción, los sobreseimientos son inexistentes». En la misma línea, el abogado Alberto Nallar sostuvo que «se armó un aparato judicial para blindar al poder», mientras que Juan Giusti afirmó: «Después de 10 años no hay respuestas y es gravísimo».
La tesis jurídica dominante es que, al haberse definido previamente la competencia federal, el juez Fernández perdió toda facultad para resolver sobre el fondo de la causa. Los sobreseimientos no serían meramente anulables, sino jurídicamente inexistentes: comparables a actos dictados por quien carece de toda autoridad para hacerlo. Expertos apuntan a la posible configuración de una «cosa juzgada fraudulenta», una maniobra procesal para cerrar artificialmente la investigación antes del traspaso definitivo del expediente a Buenos Aires.
Los imputados que continúan bajo investigación federal
Mientras los sobreseimientos de los actores políticos tradicionales enfrentan la nulidad, la causa mantiene su curso para un grupo de imputados que ahora deberá responder ante la justicia federal porteña. El expediente continúa abierto para los exfuncionarios nacionales José Francisco López y Germán Ariel Nivello; para los exintegrantes del Instituto de Vivienda de Jujuy (IVUJ) Héctor Gustavo Carrizo y José Lucio Abregú; y para los miembros de la organización Tupac Amaru: Milagro Sala, Gladys Noemí Díaz, Liliana Mirta Aizama y la escribana Claudia Alicia Trenque.
Respecto del exministro provincial Luis Cosentini, Que Pasa Jujuy consignó que «aunque lo liberaron de cargos como asociación ilícita y abuso de autoridad, todavía tiene que dar explicaciones por el supuesto fraude a la administración pública», manteniéndolo bajo la lupa judicial.
Crisis institucional: la renuncia de Lello Sánchez y el cuestionamiento al sistema
El sismo judicial de la Megacausa no puede leerse de manera aislada del contexto político-institucional de Jujuy. La investigación fue impulsada durante años bajo la conducción del titular del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Sergio Lello Sánchez, quien renunció a finales de 2025 acorralado por un proceso de juicio político y acusaciones de abuso de autoridad y hostigamiento laboral. Su salida debilita estructuralmente el andamiaje acusatorio que sostuvo la causa durante una década.
Desde distintos sectores se señala, además, que en 2017 la citación a declarar de varios intendentes peronistas —algunos hoy sobreseídos— ocurrió apenas días antes del cierre de listas electorales, lo que generó sospechas sobre el uso de la causa como herramienta de disciplinamiento político. Varios de los entonces citados terminaron alineados con el oficialismo provincial del entonces gobernador Gerardo Morales.
¿Prescripción o justicia desde cero en Comodoro Py?
El expediente llega al Juzgado Federal N°10 con más de 50.000 fojas acumuladas, pero con la sombra de la incompetencia jurisdiccional sobre cada una de ellas. El juez Julián Ercolini deberá determinar qué actuaciones conservan validez y cuáles deben ser descartadas o refundadas. La principal apuesta de los imputados beneficiados por los sobreseimientos es el riesgo de prescripción: que el tiempo consumido en la disputa de competencia haya erosionado los plazos legales.
Sin embargo, constitucionalistas consultados consideran improbable que la causa prescriba, dado que los múltiples actos procesales registrados durante la última década habrían interrumpido reiteradamente los plazos. La investigación, ahora en manos federales, podrá además profundizar en el rol de los organismos nacionales de control que, según la Corte Suprema, fueron omitidos deliberadamente durante la instrucción provincial.
Detrás de la guerra de jurisdicciones, permanece el saldo humano de un presunto fraude monumental. Once años después del inicio de la investigación, la sociedad jujeña aguarda que la justicia —federal esta vez— responda una pregunta que no ha encontrado respuesta: ¿dónde está el dinero de las 2.000 viviendas que Jujuy todavía no tiene?
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