La Municipalidad de San Salvador de Jujuy oficializó la adjudicación del servicio público de transporte urbano de pasajeros mediante el Decreto N.° 1204.26.040, fechado el 18 de mayo de 2026, en el marco de la Licitación Pública Nacional N.° I-02-2025 y conforme a la Ordenanza N.° 8232/2025.
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La resolución se sustentó en el informe elaborado por la Comisión de Preadjudicación el 15 de mayo, firmado por unanimidad por funcionarios municipales y concejales de las distintas bancadas del Concejo Deliberante. El resultado, sin embargo, desató una tormenta de cuestionamientos que involucra concentración de mercado, seguridad vial comprometida, trabajadores despedidos y un mecanismo legal que habría sido utilizado para burlar los límites del propio pliego licitatorio.
El mapa del duopolio: tres grupos para una sola empresa
La adjudicación quedó establecida de la siguiente manera: el Grupo I fue asignado a Santa Ana S.R.L.; el Grupo II, a El Urbano S.R.L.; y el Grupo III, también a Santa Ana S.R.L. El punto más controvertido del decreto es el Grupo IV, que fue declarado desierto por la comisión y, acto seguido, otorgado bajo la figura de un permiso precario también a Santa Ana S.R.L.
De este modo, una sola empresa quedó al frente de tres de los cuatro grupos de líneas que estructuran el transporte capitalino. El Artículo 1.2 del Pliego —emanado de la Ordenanza N.° 8232/2025— prohíbe expresamente que una compañía controle más de dos grupos de líneas, justamente para evitar la concentración monopólica. La declaración de «desierto» seguida del permiso precario configuraría, según los críticos, una salida jurídica que vacía de contenido esa restricción.
La empresa Transportes Automotores Colón S.R.L., vinculada al Grupo Flecha Bus, fue descartada del proceso con apenas 28,63 puntos ante los 95 obtenidos por Santa Ana en el Grupo I, según el dictamen de la Comisión de Preadjudicación. La empresa Xibi Xibi, tercera participante, quedó directamente excluida del nuevo esquema. Sus trabajadores decidieron protestar y exigir la anulación de la determinación, rechazando ser absorbidos por las adjudicatarias.
Denuncias de monopolio y cartelización
José María Albizo Cazón, referente de la Coalición Cívica-ARI en Jujuy, fue uno de los primeros en alzar la voz. Solicitó formalmente la revocación de la concesión a Santa Ana, citando irregularidades graves en el proceso. «No creo en el macabro monopolio que se presentó en los resultados de la última licitación y menos aún en que trabajadores/as y ciudadanos queden en esas manos», afirmó tras la oficialización del decreto, según recoge el informe estratégico sobre la adjudicación elaborado por analistas locales.
Albizo Cazón también denunció que los estudios jurídicos que respaldan a las empresas operan como escudos institucionales: «La empresa Santa Ana blindada por el estudio jurídico Jenefes y El Urbano blindada por el estudio jurídico Rivas», señaló según consigna Jujuy al Momento.
Desde el PTS-Frente de Izquierda, el proceso fue calificado como un «duopolio» construido a medida de los empresarios. Señalaron que el servicio ya insume a cada pasajero un promedio de $105.000 mensuales, cifra que no se corresponde con la calidad prestada, especialmente en barrios populares como Alto Comedero y el sector ADEP, donde las unidades llegan repletas a la Ruta 9 y dejan a estudiantes y trabajadores sin poder abordar.
Colectivos obsoletos y una tragedia que encendió las alertas
La polémica estalló con fuerza cuando, días después de oficializada la licitación, una unidad de la empresa Santa Ana desbarrancó sobre la Ruta Nacional 66 tras sufrir una falla mecánica crítica en la dirección. La comunidad jujeña estalló en rechazos, cuestionando los criterios de la comisión evaluadora municipal que otorgó los corredores a empresas que continúan operando con unidades obsoletas y sin mantenimiento técnico adecuado.
No fue un hecho aislado. En abril de 2026, un colectivo de la línea Santa Ana perdió una de sus ruedas traseras mientras circulaba por la calle Martearena, en pleno centro de San Salvador de Jujuy. La rueda salió despedida unos 30 metros e impactó contra un automóvil particular estacionado.
Emilce, vecina del sector ADEP en Alto Comedero, dialogó con Radio 2 y señaló que se están organizando para presentar una nota a la municipalidad por el deficiente servicio de transporte. Denunció que las empresas adjudicadas adquieren colectivos usados que se rompen constantemente, poniendo en riesgo a los pasajeros, y siente que el municipio «cerró» la puerta a otras compañías para mantener un monopolio que no invierte en mejorar el servicio a pesar de los subsidios y los tarifazos.
Los informes de usuarios y los antecedentes de accidentes apuntan al uso de unidades del año 2008 todavía en circulación, en abierta contradicción con las promesas de modernización que justificaron el proceso licitatorio.
Crisis laboral: 140 despidos, deudas millonarias y listas negras
Detrás del esquema empresarial se acumula una crisis laboral de proporciones alarmantes. El ex chofer Víctor Lamas denunció públicamente que Santa Ana adeuda aproximadamente 15 millones de pesos por trabajador en concepto de salarios mal liquidados y desconocimiento de la escala salarial nacional de la UTA (Unión Tranviarios Automotor). Los informes de analistas locales señalan más de 140 despidos —70 solo en Santa Ana— de choferes que reclamaron el pago de sus haberes.
Los trabajadores denuncian además la existencia de «listas negras» que impiden a los choferes desplazados conseguir empleo en otras empresas del sector. Las acusaciones apuntan también a referentes gremiales como Freddy Berdeja (CGT) y al interventor de la UTA, Julio Ramírez, a quienes se sindica como parte de un esquema de contención de los reclamos en beneficio de las patronales.
Frente a esta situación, la UTA emitió un comunicado garantizando la «continuidad laboral» y la protección de la antigüedad de los empleados transferidos a las nuevas prestatarias, pero el malestar en las bases del sector no cedió.
El debate de fondo: ¿servicio público o negocio privado?
La adjudicación del transporte urbano en Jujuy expone una tensión estructural que trasciende el proceso licitatorio en sí. Ante un servicio deteriorado, tarifas que superan los $105.000 mensuales por pasajero y trabajadores en la incertidumbre, sectores de izquierda plantean la estatización del sistema bajo control de choferes y comités de usuarios como alternativa al sistema de subsidios sin control.
Mientras tanto, la Municipalidad defiende la adjudicación presentándola como el resultado de un proceso técnico transparente y unánimemente avalado. La misma administración avanza en la digitalización de otros servicios —como el sistema de turnos del portal «Tu Jujuy» para la Dirección Provincial de Inmuebles— mientras el transporte, el servicio que más directamente impacta en la vida cotidiana de miles de vecinos, parece regirse por una lógica opuesta a la modernización prometida.
La pregunta que recorre los barrios populares de la capital jujeña no admite respuestas evasivas: ¿cómo es posible que una empresa involucrada en accidentes por fallas mecánicas, con deudas millonarias con sus propios trabajadores y señalada por el uso de unidades obsoletas, haya resultado la gran ganadora de una licitación que debía garantizar un servicio seguro, eficiente y competitivo?
La respuesta, por ahora, sigue pendiente en los despachos municipales.
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