El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy anunció este lunes 1° de junio de 2026 la imposición de la multa más alta de la historia provincial en materia de caza furtiva: dos infractores deberán pagar aproximadamente 89 millones de pesos cada uno —equivalente a 39.600 litros de nafta Infinia YPF— por la matanza ilegal de 9 vicuñas ocurrida en febrero de este año en la zona de Pasaje Piscuno, Cieneguillas, departamento Santa Catalina.
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La sanción se suma a una condena penal de dos años de prisión de ejecución condicional que la jueza del Juzgado Ambiental, la doctora Laura Flores, ya había dictado en abril pasado tras un acuerdo de juicio abreviado. Es, según las propias autoridades provinciales, un antes y un después en la defensa del patrimonio natural de la Puna jujeña.
Los hechos: disparos desde un vehículo en plena Puna
De acuerdo a la investigación llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación, los hechos ocurrieron durante los primeros días de febrero de 2026 en la zona de la localidad de Piscuno, en la puna jujeña, donde se constató la muerte de al menos nueve ejemplares de vicuña, especie protegida por la normativa vigente. Se acreditó que los acusados persiguieron y dieron muerte a los animales utilizando un arma de fuego larga calibre 22, efectuando disparos desde un vehículo.
En el marco de las medidas investigativas, se realizaron registros en la localidad de Cieneguillas, donde se secuestraron cueros de animales silvestres compatibles con vicuña, un arma de fuego, municiones, cuchillos y otros elementos vinculados a la actividad ilícita. También se halló un arma de fuego larga oculta en un predio cercano a uno de los domicilios allanados. El operativo evidenció un circuito organizado de caza y faenamiento clandestino en plena zona protegida de la Puna.
La condena judicial: el acuerdo abreviado del 7 de abril
El acuerdo de juicio abreviado fue homologado el 7 de abril de 2026 por la jueza del Juzgado Ambiental, la doctora Laura Flores, conforme a los requisitos legales vigentes. Durante la audiencia, se desempeñó como representante del Ministerio Público de la Acusación el doctor Luis Miguel Cavanna y como defensor de los imputados participó el doctor Diego Yanicelli. Estuvieron presentes también el doctor Héctor Núñez y la licenciada Malvina Quintana, Directora de Biodiversidad y Áreas Protegidas, ambos en representación del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, como autoridad de aplicación de la Ley de Fauna Nº 22.421.
Los condenados deberán cumplir una reparación económica mediante la donación de insumos médicos a los puestos sanitarios de Santa Catalina y Cieneguillas. El fallo también impone la obligación de financiar acciones de comunicación para concientizar sobre la protección de la vicuña, que serán ejecutadas por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. En caso de incumplimiento, la jueza advirtió que se revocará la ejecución condicional de la condena.
La multa récord: 4.400 litros de combustible por vicuña
Sobre esa base judicial, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático procedió ahora a cuantificar y ejecutar la sanción económica administrativa, que constituye la más elevada registrada en la historia de Jujuy para este tipo de infracciones. El cálculo responde a la fórmula establecida por la normativa vigente: 4.400 litros de combustible por cada ejemplar cazado. Con nueve vicuñas muertas, el total por cada infractor asciende a 39.600 litros de nafta Infinia, que al valor de mercado equivalen a alrededor de 89 millones de pesos.
La sanción fue determinada en el marco de la Ley Provincial N° 3014 de Protección de la Fauna Silvestre y la Ley Nacional N° 22.421, que prohíben la caza, captura y comercialización ilegal de especies protegidas. Tal como informó la Prensa Oficial del Gobierno de Jujuy, la multa fue establecida «en función del daño ambiental ocasionado» y opera en forma independiente de la condena penal ya firme.
El Ministerio de Ambiente como querellante: un rol que se expande
Desde el organismo provincial destacaron que el seguimiento permanente del caso —con presencia activa en todas las instancias judiciales— marcó un punto de inflexión en la forma en que el Estado jujeño enfrenta los delitos contra la biodiversidad. El ministerio no solo actuó como autoridad de aplicación, sino que avanza en consolidar su rol como querellante directo en causas ambientales. Se trata de una decisión institucional de largo alcance: si el organismo logra constituirse formalmente como parte acusadora en futuros juicios, los cazadores furtivos enfrentarán simultáneamente la persecución penal del fiscal, la sanción administrativa del ministerio y la acción civil del Estado en un único proceso.
La protección de la vicuña se encuentra respaldada por un sólido marco normativo a nivel internacional, nacional y provincial. Instrumentos como el Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña y la Convención CITES establecen su resguardo y regulan estrictamente su aprovechamiento. A nivel nacional, la Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre y la Ley General del Ambiente N° 25.675 prohíben la caza ilegal y establecen principios de prevención y responsabilidad ambiental.
La vicuña: especie clave e irreemplazable de los ecosistemas altoandinos
La vicuña (Vicugna vicugna) es un camélido silvestre que habita en forma exclusiva las zonas altoandinas por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. En Jujuy, está presente en los departamentos de la Puna y la Quebrada, constituyendo un componente ecológico, cultural y económico indispensable para las comunidades originarias que históricamente convivieron con la especie bajo el sistema del chaku, la caza ritualizada y sustentable practicada por pueblos como los Atacameños y los Kollas. Su fibra es considerada una de las más finas y valiosas del mundo, y los ecosistemas donde habita dependen de su presencia para mantener el equilibrio de los pastizales de altura.
La caza furtiva no solo destruye ejemplares individuales: desintegra manadas, altera las dinámicas de reproducción y priva a las comunidades locales de un recurso que, gestionado legalmente, podría ser fuente de ingresos sostenibles. Según datos del propio Ministerio de Ambiente, Jujuy alberga una de las poblaciones de vicuñas más significativas del país, lo que convierte a la provincia en un territorio prioritario para la conservación de la especie a escala regional.
Señal inequívoca para los infractores
El fallo subraya la vigencia de controles estrictos y la colaboración entre la justicia, el Ministerio Público de la Acusación y las autoridades ambientales para enfrentar la caza furtiva en la provincia. Las autoridades fueron terminantes en su mensaje: la caza furtiva en Jujuy no tiene margen de impunidad y las sanciones —penales y económicas— serán aplicadas «sin excepciones, en defensa del patrimonio natural de todos los jujeños», según consignó la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto de Jujuy.
El caso de Piscuno-Cieneguillas quedará, probablemente, como el precedente jurídico más contundente en la historia de la protección de la fauna silvestre en la provincia. Para quienes operan en las redes de caza y tráfico de pieles en la Puna, la señal es clara: el costo de matar una vicuña en Jujuy ya no se mide solo en riesgo penal, sino en deuda económica millonaria de cumplimiento obligatorio, con prisión efectiva como consecuencia directa del incumplimiento.
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