El juez Roberto Assef declaró inadmisible la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra Nahuel Morandini y Roque Villegas, los dos ciudadanos jujeños que pasaron 53 días en prisión preventiva por publicar rumores sobre la vida privada del exgobernador Gerardo Morales en redes sociales. La resolución judicial, dictada el 9 de febrero de 2026, determinó que la fiscalía no presentó pruebas suficientes ni fundamentación adecuada para llevar el caso a juicio oral, según confirmó la abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta en declaraciones a medios nacionales.
El caso, conocido públicamente como «Los Tuiteros», inició el 4 de enero de 2024 cuando ambos fueron detenidos tras una denuncia presentada por Tulia Snopek, esposa del entonces gobernador Morales. Las publicaciones en cuestión replicaban un rumor sobre una supuesta infidelidad de Snopek con un músico local, contenido que circulaba masivamente en grupos de WhatsApp y redes sociales de la provincia.
53 días de encierro por una publicación digital
Morandini, profesor universitario de Ecología en la Universidad Nacional de Salta, y Villegas, trabajador independiente serigrafista, fueron recluidos en el Penal N°1 de Gorriti con una prisión preventiva inicialmente fijada en 60 días. Durante su detención, ambos denunciaron haber sido víctimas de torturas y vejaciones sistemáticas en el pabellón de castigo, donde permanecieron durante los primeros días de encierro.
Según relató Morandini en entrevistas publicadas en Jujuy Dice, «Esta es una causa vergonzosa y persecutoria… son malas personas que se dirigen a uno con un desprecio y hacen un juicio de valor anticipado y sin hechos». El docente cuestionó la calidad institucional del proceso y denunció que el Estado jujeño realizó tareas de ciberinteligencia y espionaje ilegal entre el 26 de diciembre de 2023 y el 4 de enero de 2024, es decir, antes de que existiera una denuncia formal.
La liberación de ambos se produjo el 26 de febrero de 2024, después de 53 días de privación de libertad y tras una intensa campaña de organismos de derechos humanos, sindicatos, familiares y medios de comunicación nacionales. El vocero presidencial Manuel Adorni llegó a manifestar la preocupación del gobierno nacional por «una situación que tiene lugar en Jujuy, con relación a detenciones por hacer uso de la libertad de expresión en las redes sociales», según reportó Infobae el 26 de febrero de 2024.
Acusación sin sustento y figuras penales «forzadas»
El fiscal Walter Rondón, quien llevó adelante la investigación inicial, acusó a Morandini y Villegas de «lesiones psicológicas leves en contexto de violencia de género» contra Tulia Snopek y de «alteración de la identidad de una menor», en referencia a la hija del matrimonio Morales-Snopek. La fiscalía intentó utilizar como prueba capturas de pantalla de Twitter (ahora X) y mensajes de grupos privados de WhatsApp.
Además, el MPA llegó a imputar temporalmente a Lucía González, una arquitecta amiga de la familia de Morandini, acusándola de viralizar el rumor en un grupo privado de WhatsApp. González nunca fue detenida porque se encontraba fuera del país al momento de la orden judicial.
El juez Roberto Assef determinó que la acusación presentada era «vaga, imprecisa e inadmisible» para avanzar hacia un juicio oral. Según consignó Chaco Día por Día, el magistrado le indicó a la fiscalía que «esta pieza con la que vos querés mandar a juicio a estas personas, está mal hecha» y señaló que no quedaban claros cuáles eran los hechos concretos que sustentaban los cargos.
Espionaje estatal antes de la denuncia formal
Una de las revelaciones más críticas del proceso es la confirmación de tareas de inteligencia previas a la denuncia formal. Morandini denunció que el Estado jujeño realizó ciberpatrullaje y recolección de datos en sus redes sociales durante una semana antes de que Snopek presentara la denuncia oficial el 4 de enero de 2024.
«Ellos decían que la justicia de Jujuy es independiente, cuando ellos eran querellantes directos en la causa», declaró Villegas en entrevista con Jujuy Dice, cuestionando el rol de instituciones estatales como el Consejo Provincial de la Mujer y la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes, que actuaron como querellantes en el caso.
Vejaciones en el Penal de Gorriti: 23 penitenciarios imputados
Las denuncias de malos tratos durante la detención llevaron a una investigación paralela a cargo del fiscal Diego Funes, quien en abril de 2024 solicitó el enjuiciamiento de 23 agentes del Servicio Penitenciario, incluido el director Julio Arnaldo Vaca. Según el requerimiento fiscal al que accedió Infobae el 5 de abril de 2024, los imputados habrían sometido a Morandini y Villegas a «vejaciones y severidades» sistemáticas.
«Nos dicen que el ingreso al penal es hasta las 19 horas, a nosotros nos llevaron pasadas las 22 horas, rodeados del personal del GEOP, como si fuéramos terroristas», relató Villegas en declaraciones reseñadas por Jujuy Dice. Ambos denunciaron que fueron obligados a desnudarse, comer con las manos, permanecer en celdas de castigo y fueron filmados en esas condiciones degradantes.
Las vejaciones documentadas incluyen haberlos obligado a permanecer en celdas donde «dejaban en el piso la única comida diaria que recibían, colocada al lado del agua para limpiar sus celdas, repleta de orín y defecaciones de otros detenidos», según el dictamen del fiscal Funes.
Causa en limbo judicial: 30 días más de investigación
A pesar de declarar inadmisible la acusación, el juez Assef no dictó el sobreseimiento definitivo de Morandini y Villegas. En cambio, otorgó a la fiscalía un plazo de 30 días adicionales para reformular la acusación y realizar nuevas tareas de investigación, según informó Jujuy Dice el 10 de febrero de 2026.
Esta decisión mantiene a los imputados en un «limbo judicial» de incertidumbre. Morandini expresó su preocupación ante esta prórroga: «Nos pone en una situación siempre de vulnerabilidad y de alerta, de no saber qué va a pasar». El docente sostuvo que el origen de la causa está viciado y que el juez podría haber cerrado el caso definitivamente mediante el sobreseimiento.
Además, el magistrado extendió las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y de publicaciones que pesan sobre ambos acusados, a pedido de la fiscalía y las querellas.
Un precedente para la libertad de expresión en Argentina
El caso de los «tuiteros de Jujuy» ha generado un intenso debate sobre los límites de la libertad de expresión en la era digital y el uso del aparato penal como herramienta de disciplinamiento social. Organismos de derechos humanos, universidades y sindicatos repudiaron la detención desde el inicio, calificándola como una violación a la Constitución Nacional y a tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La defensa, encabezada por Gómez Alcorta y Marcos Aldazabal, presentó ante la justicia provincial pedidos de sobreseimiento por inexistencia de delito, argumentos que todavía no han sido resueltos definitivamente. La abogada anunció que recurrirán a instancias superiores para investigar específicamente el espionaje ilegal y cerrar el caso por completo.
Para Villegas, la estrategia del gobierno de Morales fue clara: «Sí salía bien la jugada, el pueblo de Jujuy estaba sumergido en el atropello del gobierno. Silenciamos a dos y silenciamos al que queremos. Entonces nadie va a querer opinar si están encarcelando por opinar».
El fiscal Walter Rondón, quien lideró la acusación inicial, fue removido de su cargo en el MPA en febrero de 2025 tras una auditoría que investigó irregularidades en otras causas bajo su responsabilidad.
La batalla continúa
A dos años del inicio de este escándalo judicial, la causa contra Morandini y Villegas permanece abierta sin resolución definitiva. El fallo de inadmisibilidad del juez Assef representa un revés para el aparato acusatorio jujeño, pero no garantiza el cierre definitivo del proceso.
La Coordinadora por la Libertad de Nahuel y Roque, conformada por docentes, estudiantes, trabajadores y familiares, mantiene activa la campaña de visibilización del caso. Las denuncias sobre espionaje estatal, tortura sistemática y el uso político de la justicia siguen sin respuestas claras ante los tribunales provinciales.
Este caso plantea interrogantes fundamentales sobre la protección de las libertades individuales en Argentina: ¿hasta qué punto puede el Estado criminalizar la opinión en redes sociales? ¿Qué mecanismos existen para controlar el abuso del poder punitivo cuando se utiliza para silenciar voces disidentes?
La respuesta a estas preguntas determinará si el precedente de Jujuy se consolida como una advertencia democrática o como una lección sobre los límites que la ciudadanía está dispuesta a tolerar en el ejercicio del poder estatal.
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