Seis funcionarios provinciales han sido imputados formalmente por el delito de defraudación a la administración pública en el marco de una causa penal federal relacionada con la fallida construcción de una escuela secundaria en Caspalá, Jujuy. Esta situación ha generado un gran revuelo en la comunidad, que exige justicia tras la desaparición de 43 millones de pesos destinados a la obra.
Contexto de la imputación
La denuncia que dio origen a esta causa se remonta a noviembre de 2022, cuando el entonces gobernador Gerardo Morales anunció la construcción de una escuela en un terreno que, según la comunidad, era un espacio comunitario. La situación se agravó cuando la Legislatura aprobó la expropiación de un terreno perteneciente a la familia Cruz, lo que llevó a la destrucción de un antigal en una propiedad privada, expropiada de manera ilegal.
Los funcionarios imputados son:
- María Teresa Bovi, exministra de Educación
- José Torrejón, actual funcionario del área de Infraestructura Educativa
- María Cecilia Rotondo, asesora legal del Ministerio de Educación
- María Victoria Martínez Fascio, secretaria de Infraestructura del Ministerio de Educación
- Diego Ignacio Montenovi, funcionario de la Fiscalía de Estado
- Natividad Apaza, excomisionado y actual vocal de la Comisión Municipal de Caspalá
La jueza federal de Garantías, Carina Inés Gregoraschuk, y la fiscal federal Lucía Romina Orsetti están a cargo del proceso judicial.
Reacción de la comunidad
Durante la audiencia del lunes, pobladores de Caspalá se congregaron en la plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, para reclamar justicia. La comunidad ha estado en pie de lucha desde que se iniciaron las obras, que consideraron una violación a sus derechos y a su patrimonio cultural. Esta mañana, comunidades indígenas se reunieron en la plaza central de la capital jujeña, con carteles que decían «Caspalá será Justicia», «Sentencia a los Morales», y «Defendiendo nuestros territorios», entre otras expresiones.
La abogada Alejandra Cejas, que representa a la comunidad, explicó que la investigación penal preparatoria tiene un plazo de 45 días. «Estamos hablando de fraude y corrupción, más allá del daño al patrimonio ancestral», afirmó Cejas, quien también indicó que se solicitará la ampliación de la denuncia con nuevas pruebas.
Detalles de la causa
La causa se centra en la defraudación a la administración pública, donde se solicitó financiamiento para la construcción de una escuela que nunca se realizó. «Se pidieron fondos para construir una escuela y no se hizo absolutamente nada. Y en cambio se dañó y se destruyó«, enfatizó Cejas.
La jueza también rechazó el pedido de algunos imputados de salir de vacaciones al extranjero, lo que refleja la seriedad del proceso judicial. «La corrupción que se plantea es sobre los fondos para la construcción de una escuela a Nación y no se hizo», reiteró Cejas.
Hostigamiento a los abogados
Las abogadas que representan a la comunidad, Cejas y Silvana Llanes, han denunciado hostigamiento y persecución. «Desde junio del año pasado aparecen camionetas sin patente preguntando a los vecinos sobre nuestros horarios», relató Llanes, lo que ha generado un clima de temor en la comunidad.
Acuerdo de Reparación
En noviembre de 2022, la jueza Gregoraschuk homologó un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal Federal y la Fiscalía de Estado, que otorga al Estado provincial 30 días hábiles para reparar los daños causados en Caspalá. Sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido información sobre la restauración de la cancha comunitaria y la finca de la familia Cruz Moyoja.
«El daño fue enorme y vamos a estar atentos a las actividades que se hagan», advirtió Llanes. La comunidad espera que se restablezca el estado anterior a los hechos de noviembre de 2022.
Audiencia virtual y proceso judicial
La audiencia virtual para formalizar las imputaciones se llevó a cabo con la presencia de todos los imputados, aunque solo José Torrejón decidió declarar. La querella, representada por Cejas y Llanes, se mostró satisfecha con el avance del proceso, aunque reconocieron que aún queda un largo camino por recorrer.
«Es una causa muy compleja, vamos a ampliar con pruebas acreditadas«, manifestó Llanes. La comunidad de Caspalá ha sido víctima de un avasallamiento por parte del Estado provincial, y ahora busca justicia.
La Voz de la Comunidad
Pablo Moyoja, un miembro de la comunidad afectada, expresó su satisfacción por el apoyo legal que ha recibido. «Estoy conforme con la ayuda de las doctoras, y que sea beneficioso para la comunidad. Veremos qué pasa con los antigales», señaló, refiriéndose a la importancia cultural y patrimonial de los sitios que han sido dañados.
Su familia ha sufrido enormemente desde el desalojo, y Moyoja compartió que «estamos enfermos, traumatizados, pero espero que pase esto y que nos sirva a nosotros como vecinos para no tener esta clase de dirigentes que destruyen nuestra comunidad». Este sentimiento de angustia y esperanza se repite entre muchos miembros de la comunidad.
Lidia Balcarce, otra residente de Caspalá, también compartió su perspectiva. «Empiezo a ver un poquito de justicia después de tanto tiempo. Todo este lapso que hemos vivido después de la imputación, seguir escuchando que todo es mentira, y eso nos molesta», comentó. Balcarce espera que los responsables paguen por el daño psicológico, económico y físico que han sufrido desde el 18 de noviembre de 2022.
La Falta de Información sobre la Reparación
A pesar del acuerdo de reparación integral homologado por la jueza, la comunidad ha manifestado su frustración por la falta de información y acción por parte del gobierno provincial. «No hemos recibido ninguna información sobre la restauración», reiteró Llanes, quien enfatizó que la querella participará activamente en el proceso de restauración y en la restitución de los derechos de la familia Cruz Moyoja.
La comunidad de Caspalá ha estado en constante vigilancia sobre las acciones del gobierno, y han dejado claro que no permitirán que se revictimice a su pueblo. «El daño que se ha causado es enorme, y necesitamos que se nos escuche», afirmó Llanes.
La lucha de las comunidades indígenas
La situación en Caspalá no es un caso aislado. Durante la audiencia, se hicieron presentes representantes de otras comunidades indígenas que también enfrentan conflictos en sus territorios. La comunidad kolla de Caspalá, junto con comunidades de Lumara, Chocoite, Guerrero, El Cóndor, Los Nogales, Suripujio y Yavi, se unieron en un llamado a la justicia.
«Se ha dado un paso histórico en la provincia, donde una comunidad ha sido diezmada, ha sido golpeada. Hoy están empezando a hacer un poco de justicia», expresó Llanes, destacando la importancia de la solidaridad entre comunidades en la lucha por sus derechos.
Conclusiones y perspectivas futuras
La imputación de los seis funcionarios por defraudación a la administración pública en el caso de la fallida construcción de la escuela en Caspalá marca un hito en la lucha de la comunidad por la justicia. A medida que avanza el proceso judicial, la comunidad se mantiene unida y vigilante, esperando que se haga justicia y que se reparen los daños causados.
La próxima etapa del proceso judicial se centrará en la presentación de pruebas y en la ampliación de las imputaciones. La comunidad de Caspalá, junto con sus representantes legales, está decidida a seguir luchando por sus derechos y por la restauración de su patrimonio cultural.
La historia de Caspalá es un recordatorio de la importancia de la justicia social y del respeto por los derechos de las comunidades indígenas. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la comunidad espera que su voz sea escuchada y que se tomen medidas concretas para reparar el daño causado.
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