El pasado viernes, Gendarmería Nacional llevó a cabo un allanamiento en la Comisión Municipal de Caspalá, un hecho que ha puesto en el foco la situación que enfrenta la comunidad kolla de Caspalá.
La medida se realizó como parte de la Causa Penal Federal Expediente 9787/2023, cuyo objetivo es investigar la presunta destrucción de la cancha ancestral de la comunidad y de otros sitios patrimoniales, acciones que se consideran una infracción a la Ley de Patrimonio 25.743.
Morales puso fin al conflicto en Caspalá y afirmó la construcción de escuela y una nueva cancha
Este allanamiento es un capítulo más en una serie de eventos que han afectado a esta comunidad, que ha denunciado una serie de abusos e irregularidades en los últimos años.
Contexto del Conflicto: Una Comunidad en Busca de Justicia
La comunidad kolla de Caspalá ha enfrentado dificultades para hacer valer sus derechos en el ámbito judicial. Las denuncias iniciales se presentaron en la justicia provincial, pero al no recibir respuestas satisfactorias, la comunidad apeló a organismos nacionales y finalmente logró que la causa fuera tramitada a nivel federal. El conflicto se originó en noviembre de 2022, cuando la comunidad denunció la destrucción de su cancha ancestral y de antigales, sitios con un profundo valor cultural y arqueológico.
Según la abogada de los vecinos, Silvana Llanes, el daño causado por el uso de maquinaria pesada no solo afectó los terrenos de la comunidad, sino también los andenes de cultivo y otros elementos patrimoniales. Llanes comentó: “Se pasó por alto la legislación que protege tanto el patrimonio arqueológico como los derechos de la comunidad. Se hicieron denuncias contra el Estado y los funcionarios involucrados, pero la respuesta ha sido insuficiente”.
El Procedimiento del Allanamiento y sus Obstáculos
El operativo comenzó el viernes por la mañana, pero enfrentó demoras significativas debido a la postura de la comisionada municipal, Rosa Haydee Apaza, quien inicialmente se resistió a colaborar. Miembros de la comunidad kolla relataron: “La comisionada se negó a entregar las llaves para el ingreso a la Comisión. Tuvimos que esperar más de media hora hasta que accedió a abrir las puertas”.
Documentación Recolectada y Hallazgos
Durante el allanamiento, Gendarmería secuestró una serie de documentos, incluidos papeles y notas relevantes para la causa. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de libros de actas, ordenanzas y otros registros formales. Llanes comentó: “La comisión parecía una tierra arrasada. No encontramos ordenanzas ni habilitaciones de la actual ni de la anterior gestión. Esto plantea interrogantes sobre el funcionamiento de la Comisión Municipal y la transparencia de su accionar”.
El proceso de recopilación de documentos se llevó a cabo para verificar si existían informes de impacto ambiental o autorizaciones que justificaran la construcción de una escuela en la cancha comunitaria, proyecto que, según la comunidad, no contó con la consulta previa e informada requerida por el Convenio 169 de la OIT. La abogada añadió: “La Comisión utiliza terrenos de la comunidad como si fueran de su propiedad sin seguir los procedimientos necesarios. Esto es lo que estamos tratando de esclarecer con la documentación obtenida”.
Una Historia de Violencia Institucional
El allanamiento se inscribe en un contexto más amplio de violencia institucional que la comunidad de Caspalá ha denunciado en los últimos años. Según testimonios, en noviembre de 2022, el pueblo fue escenario de una represión por parte de las fuerzas de seguridad provinciales, una medida que se ordenó para facilitar la toma de la cancha comunitaria y proceder con la construcción. La comunidad asegura que esta represión fue desmedida y que marcó un punto de quiebre en la relación con el gobierno provincial.
El gobierno expropió una finca de la familia Paz para justificar la construcción de la nueva cancha, un proyecto que implicó la destrucción de sitios arqueológicos y andenes de cultivo. Este tipo de obras, que se presentan bajo la premisa del desarrollo turístico, han sido impulsadas por el exgobernador Gerardo Morales y defendidas por funcionarios locales, incluidos comisionados municipales como Natividad Apaza. Los críticos señalan que este desarrollo se realiza “a cualquier precio” y sin considerar el impacto en las comunidades que habitan la región.
La Voz de la Comunidad y las Exigencias
Miembros de la comunidad han expresado en repetidas ocasiones la necesidad de que se realicen consultas libres, previas e informadas, como lo establece el Convenio 169 de la OIT. La falta de este tipo de consultas es una de las quejas más repetidas en los relatos de los representantes comunitarios. Uno de los líderes locales comentó: “No estamos en contra del desarrollo, pero tiene que hacerse con nosotros, no a costa de nuestra historia y nuestros derechos”.
El impacto de estos eventos ha trascendido a la comunidad de Caspalá y ha resonado en otras comunidades indígenas de la región que ven en este caso un precedente preocupante. La abogada Llanes señaló que este tipo de prácticas representan “un avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios y la falta de independencia de los poderes del estado”. Agregó que esperan que con la documentación obtenida se pueda avanzar en la causa y llevar el caso a juicio.
La Importancia del Patrimonio y la Identidad
El patrimonio cultural y arqueológico de Caspalá es reconocido tanto a nivel nacional como internacional. Sus antigales y andenes de cultivo son testimonio de la rica historia de la región y de la sabiduría ancestral de la comunidad kolla. La comunidad se ha esforzado por preservar estos sitios como parte de su identidad y sustento cultural.
El antropólogo Luis Ariza, especializado en patrimonio cultural, explicó: “La destrucción de estos espacios no solo implica una pérdida material, sino también una fractura en la relación de la comunidad con su historia. Es fundamental que se respeten los derechos de las comunidades a gestionar sus propios recursos y tradiciones”.
Próximos Pasos en la Investigación
La instrucción penal de la causa federal se espera que finalice este mes, momento en el cual se decidirá si el caso se eleva a juicio. Llanes afirmó que los documentos secuestrados durante el allanamiento podrían proporcionar pruebas cruciales para el avance de la causa. “Es fundamental que se aclare la responsabilidad de los funcionarios involucrados y que se garantice el respeto a los derechos de la comunidad”, añadió.
El proceso no solo implica a la Comisión Municipal y a la comisionada Apaza, sino que podría alcanzar a exfuncionarios y otras figuras de relevancia en la provincia. “Es un caso que podría sentar un precedente importante en la forma en que se gestionan las relaciones entre el Estado y las comunidades indígenas”, explicó Llanes.
La Reacción de las Autoridades y la Opinión Pública
Hasta el momento, las autoridades provinciales no han emitido declaraciones oficiales sobre el allanamiento. La comunidad y los observadores esperan que, con el avance de la causa, se brinden explicaciones sobre las decisiones tomadas y se promuevan políticas que incluyan a las comunidades en la toma de decisiones. En la opinión pública, el caso ha suscitado un debate sobre la importancia de preservar los derechos de las comunidades indígenas y cómo los intereses de desarrollo deben equilibrarse con la protección del patrimonio cultural.
Conclusión: Un Llamado a la Reflexión
El allanamiento en Caspalá es un recordatorio de la necesidad de que las políticas públicas se implementen con un enfoque de inclusión y respeto hacia las comunidades indígenas. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas para otras comunidades que enfrentan situaciones similares y sentar las bases para un diálogo más equitativo entre las autoridades y los pueblos originarios. La comunidad kolla de Caspalá, como tantas otras en el país, busca que se respeten sus derechos, se valore su historia y se garantice su lugar en el futuro de la región.
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