Los vendedores ambulantes y feriantes de San Salvador de Jujuy atraviesan un momento crítico debido a las nuevas regulaciones municipales que establecen cánones de pago y procesos de empadronamiento obligatorio. El conflicto se intensifica especialmente en torno a la histórica Feria Medalla Milagrosa de Alto Comedero, donde comerciantes con más de dos décadas de actividad enfrentan amenazas de desalojo y reubicación forzosa.
La tensión entre la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y los trabajadores de la economía popular ha escalado tras la implementación de nuevas medidas que buscan formalizar el uso de espacios públicos, pero que según los afectados representan una amenaza directa a su subsistencia económica.
El plan municipal de formalización
La Dirección de Espacios Públicos municipal ha puesto en marcha un proceso de empadronamiento que busca, según las autoridades, «tener una información certera de las personas que en realidad necesitan» estos espacios comerciales. El objetivo oficial es «afianzar el cumplimiento de la ordenanza» que establece requisitos específicos para los comerciantes de la economía popular.
Entre los criterios establecidos para el empadronamiento se incluyen ser residente de San Salvador de Jujuy, mantener un solo puesto por grupo familiar y, fundamentalmente, «que no tenga empleo» formal. Esta medida, según el municipio, busca proteger a quienes no cuentan con obra social ni otros ingresos.
El municipio presenta el empadronamiento como «un avance, una transición» hacia un «sistema único municipal» que otorgaría a los comerciantes la «seguridad» y «legitimidad de tener un espacio otorgado por el municipio» durante las inspecciones.
Los cánones en disputa
Uno de los puntos más controvertidos del nuevo sistema son los cánones mensuales que deben abonar los feriantes. Mientras el municipio afirma que estos montos son «mínimos», oscilando «entre $10.000 a $20.000», los vendedores ambulantes consideran estas sumas completamente inaccesibles para su realidad económica.
Gladys Zambrano, presidenta de la Asociación de Vendedores Ambulantes y Feriantes, denuncia que los comerciantes reciben facturas de «$12.800, 15.000 algunos 20.000 para pagar» y argumenta que «una mantera que vende 500, 800 pesos al día no puede pagar eso».
La disparidad entre los ingresos diarios de los feriantes y los cánones exigidos evidencia una desconexión entre la política municipal y la realidad económica de este sector. Muchos de los comerciantes son jubilados, pensionados o personas mayores que dependen exclusivamente de estas ventas para su supervivencia diaria.
La administración por centros vecinales
Como parte de su estrategia de reorganización, la Municipalidad planea transferir la administración de las ferias barriales a los Centros Vecinales. Este modelo busca que las organizaciones vecinales recauden los cánones y destinen los recursos «para beneficios barriales», mientras el municipio continúa colaborando con limpieza, mantenimiento y luminarias.
El objetivo declarado es «evitar de que personas extrañas quieran cobrar, quieran administrar recursos que no rinden a nadie». Sin embargo, esta medida ya ha mostrado consecuencias negativas en algunos casos, como en la feria B6, donde según los feriantes, la transferencia administrativa resultó en que «se dejó a la gente sin trabajo».
El caso emblemático de la Feria Medalla Milagrosa
La Feria Medalla Milagrosa de Alto Comedero se ha convertido en el símbolo de resistencia contra las nuevas regulaciones municipales. Con más de 20 años de historia, esta feria representa un «claro ejemplo» de la economía popular, donde «muchos manteros, muchas ropa usada» y personas mayores («abuelos», «abuelas») dependen de estas ventas para sobrevivir.
Los feriantes denuncian que fueron «obligados a reempadronar bajo amenaza, diciéndoles que no iban a pagar nada, que no los iban a sacar y resulta que ahora los quieren sacar». Esta situación ha generado un clima de incertidumbre y temor entre los comerciantes, quienes ven amenazada su principal fuente de ingresos.
La intención municipal de trasladar la Feria Medalla Milagrosa al sector B6 ha encontrado una fuerte oposición. Los vendedores ambulantes argumentan que este traslado perjudicaría gravemente sus ventas, ya que perderían la clientela fija que han construido durante décadas. «Vienen de alrededores con sus carritos caminando» y «vecinas de acá del barrio» buscan específicamente a estos comerciantes en su ubicación tradicional.
Don Quispe, un vecino que «estuvo con el centro vecinal más de 20 años» y «hizo todo lo que vos ves acá», representa el sentimiento de muchos cuando afirma que el municipio «no puso nunca ni un granito de arena acá y ahora quiere venir digamos a lucrar con los espacios estos públicos».
Las denuncias de presión y amenazas
Los feriantes han denunciado sistemáticamente la existencia de «aprietes», «robos y operativos ilegales» por parte de inspectores municipales. Según Gladys Zambrano, la coordinadora Nazarena Brandan y el señor Tabarcachi están a cargo de estas acciones que incluyen amenazas de desalojo y decomiso de mercadería.
El área de Control Comercial del municipio capitalino ha sido específicamente señalada por estas prácticas, que según los vendedores ambulantes constituyen una presión indebida para forzar el cumplimiento de las nuevas regulaciones.
Impacto en la subsistencia de los feriantes
Las nuevas regulaciones municipales tienen un impacto directo y significativo en la subsistencia de los feriantes. Muchos de estos comerciantes son personas mayores, jubilados o individuos sin empleo formal que han encontrado en la venta ambulante su única fuente de ingresos.
La Feria Medalla Milagrosa alberga a vendedores que ofrecen productos básicos como pan, facturas o ropa usada, con ganancias diarias muy limitadas. La imposición de cánones que pueden representar el equivalente a 15 o 25 días de ventas resulta económicamente insostenible para este sector.
Los feriantes han desarrollado durante años un sistema de «colaboración» voluntaria para financiar servicios como recolección de basura, limpieza y seguridad. Este modelo autogestivo contrasta con la propuesta municipal de formalización que implica pagos obligatorios y administración externa.
Respaldo político transversal
El conflicto ha generado respuestas desde diferentes sectores políticos, evidenciando la relevancia social del problema. El Frente de Izquierda Unidad, a través del concejal capitalino Guillermo Alemán y el diputado nacional Alejandro Vilca, ha expresado «total solidaridad y apoyo irrestricto al derecho al trabajo de vendedores ambulantes y feriantes».
Desde esta perspectiva política, se denuncia la incapacidad del municipio y gobierno provincial de «garantizar trabajo con derechos para el sector informal y precario» y se «repudia enérgicamente cualquier intento represivo por parte del municipio».
Por otro lado, Federico Canedi, diputado provincial electo por La Libertad Avanza, también expresó «solidaridad con los trabajadores de La Feria de la Medalla Milagrosa», aunque desde una perspectiva diferente. Canedi destaca el ingenio de los feriantes para sustentarse «frente a la crisis que nos ha dejado tanto tiempo de prebendalismo estatal».
«El futuro de nuestra Argentina vendrá de la mano del sector privado», afirmó Canedi, quien considera que la feria es «economía viva, es orden comunitario, es esfuerzo real. Es, en esencia, la expresión más honesta de lo que sucede cuando el Estado deja de entorpecer y la gente se organiza sola».
La resistencia organizada
La unidad y organización de los feriantes ha demostrado ser efectiva para resistir las medidas municipales más drásticas. En el caso de la Feria Medalla Milagrosa, la resistencia organizada logró que las autoridades municipales se comprometieran, «al menos de manera temporal, a mantener la feria» en su ubicación actual.
Esta capacidad de organización y resistencia de los vendedores ambulantes evidencia no solo su necesidad económica, sino también su conciencia sobre la importancia de defender sus espacios de trabajo y medios de vida.
Recuperación de espacios públicos
Desde la perspectiva municipal, los operativos buscan «recuperar espacios que estaban siendo ocupados sin autorización o en perjuicio de algún barrio, espacios verdes, espacios destinados a la actividad infantil». Esta justificación oficial presenta el conflicto como una cuestión de ordenamiento urbano y uso adecuado del espacio público.
Sin embargo, los feriantes cuestionan esta narrativa, argumentando que sus actividades no perjudican el uso comunitario de estos espacios, sino que forman parte integral de la vida barrial y económica de las comunidades donde se desarrollan.
Consecuencias de las reubicaciones
Los casos de reubicación ya implementados muestran las consecuencias negativas de estas medidas. Los feriantes reportan «daños económicos y psicológicos» derivados de los traslados, incluyendo la pérdida de ventas durante períodos prolongados.
Un ejemplo concreto son los seis domingos sin vender en la feria 13 de Junio y tres domingos en Copa Cabana, períodos durante los cuales los vendedores ambulantes no tuvieron ingresos mientras se definía su situación.
El municipio «no entiende que cada vendedor ya tiene sus clientes», una realidad que se construye durante años de trabajo en ubicaciones específicas y que no puede trasladarse simplemente a un nuevo espacio.
Perspectivas y desafíos futuros
El conflicto entre vendedores ambulantes y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy refleja tensiones más amplias sobre el rol del Estado en la economía popular y la gestión de espacios públicos. Mientras el municipio busca implementar un modelo de formalización y ordenamiento urbano, los feriantes defienden un sistema que les ha permitido subsistir durante décadas.
La intervención de actores políticos de diversos espectros ideológicos subraya la complejidad del problema, que trasciende las diferencias partidarias para ubicarse en el terreno de los derechos económicos y sociales fundamentales.
La Feria Medalla Milagrosa y otros espacios similares representan más que simples puntos de venta: constituyen redes de subsistencia económica, espacios de socialización comunitaria y ejemplos de autogestión popular que han surgido ante la ausencia de alternativas formales de empleo.
El desafío para las autoridades municipales radica en encontrar mecanismos de regulación que no destruyan estos espacios de subsistencia, mientras que los feriantes enfrentan la necesidad de organizarse para defender sus derechos laborales y sus medios de vida.
La resolución de este conflicto requerirá un diálogo genuino entre todas las partes involucradas, que considere tanto las necesidades de ordenamiento urbano como la realidad socioeconómica de los miles de trabajadores que dependen de la economía popular para su supervivencia diaria.
La capacidad de resistencia y organización demostrada por los vendedores ambulantes sugiere que cualquier solución duradera deberá incorporar sus voces y necesidades, reconociendo su papel como actores legítimos en la economía urbana de San Salvador de Jujuy.
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