Un conflicto que se extiende por 28 años ha llegado a un punto crítico en la provincia de Jujuy. La usurpación masiva de tierras en el área de Bajo La Viña, que dio origen al autodenominado Barrio Obrero, involucra a más de 4.000 familias que ocupan ilegalmente 142 hectáreas de propiedad privada. Los propietarios, la familia Issa, han iniciado un juicio contra el Estado provincial solicitando una indemnización integral tras considerar que la recuperación del inmueble es imposible debido al daño ambiental y urbanístico irreparable.
La problemática, que comenzó en 1997 con un pequeño grupo de ocupantes, experimentó un crecimiento exponencial a partir de 2015 cuando dirigentes sindicales encabezaron una toma masiva. A pesar de múltiples órdenes judiciales de desalojo, el gobierno provincial se negó sistemáticamente a cumplirlas, priorizando las implicaciones sociales sobre el derecho constitucional a la propiedad privada.
Origen y evolución de la ocupación ilegal
La toma de tierras en el predio de la familia Issa (matrícula A-36.873, Parcela 376-5 Padrón A-46409) se inició en 1997 con un grupo reducido de familias. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en mayo de 2015, cuando se produjo una usurpación a gran escala liderada por dirigentes sindicales del SEOM (Sindicato de Empleados y Obreros Municipales) y ATSA (Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina).
La ocupación masiva del 5 de mayo de 2015 fue «dirigida por sindicalistas» y «movilizada por intereses gremiales, intereses políticos, intereses electorales», según revelan las fuentes del caso. Entre los principales organizadores se encontraban Carlos Santillán, secretario general del SEOM Jujuy, junto a Santiago Seillant, Yolanda Canchi, Alberto Arias y Álvaro Sandoval, quienes posteriormente fueron condenados judicialmente por estos hechos en 2021.
El crecimiento de la ocupación fue exponencial: de las 300-400 familias iniciales en 2015, el asentamiento creció hasta albergar entre 3.000 y 5.000 familias en la actualidad. La superficie afectada abarca entre 76 y 142 hectáreas del predio total, representando aproximadamente el 53.48% de la superficie remanente, con una densidad de ocupación de 35 lotes por hectárea.
Los dirigentes sindicales justificaron la toma argumentando la «falta de vivienda» y la «crisis estructural» en la ciudad y la provincia. Según sus declaraciones, la población «no da para más» ante la inaccesibilidad de planes de vivienda y terrenos a precios razonables ofrecidos por el gobierno provincial.
Inacción estatal y obstaculización judicial
La respuesta del Estado provincial ante la usurpación masiva ha sido objeto de severas críticas por parte de los propietarios afectados. A pesar de que jueces en fueros civil y penal emitieron «órdenes de desalojo inmediato» desde 2015, estas nunca se cumplieron debido a la intervención directa del poder político.
El punto de inflexión se produjo cuando el entonces Ministro de Gobierno y Justicia, Dr. Alberto Matuk, durante la gestión del exgobernador Eduardo Fellner, «emite la orden de no cumplimiento de esa orden judicial». Esta decisión se sostuvo en el tiempo, demostrando que «el poder político fue más fuerte que el poder judicial», según denuncian los abogados de la familia Issa.
El Dr. Matuk llegó incluso a emitir una resolución el 19 de noviembre de 2015, ordenando al juez no cumplir la orden de desalojo con el pretexto de que «previamente debían realizarse ‘constataciones'». Esta acción constituye, según los denunciantes, un delito de desobediencia judicial.
La negligencia estatal se extendió más allá de la simple inacción. Los propietarios acusan al Estado de ser «reticente y/o negligente para proteger la propiedad privada, evitar usurpaciones constantes y desalojos». Un abogado de la familia Issa enfatizó que «El Estado abandonó el trámite, no protegió los derechos constitucionales del derecho de propiedad, que es la base esencial del sistema republicano».
Paradójicamente, mientras el Estado se negaba a cumplir las órdenes de desalojo, proporcionó a los ocupantes servicios básicos de luz y agua potable o permitió sus conexiones clandestinas, incluyendo la instalación de medidores, transformadores y alumbrado público de forma irregular.
Impacto ambiental devastador
La ocupación masiva ha generado consecuencias ambientales de magnitud irreversible. La deforestación «a mansalva» y el «talado de árboles del cerro que está junto al río» han eliminado el 75% de la cobertura vegetal original del área.
Esta devastación ambiental ha creado un «grave peligro para personas y bienes» debido a posibles «aluviones en el período de lluvias». Las construcciones precarias se han establecido en zonas de alta pendiente donde «no es posible vivir» y que desembocan en arroyos, situación que «podría causar un desastre».
La gravedad de la situación ambiental llevó a que en noviembre de 2019, el Ministerio de Ambiente declarara el área como «Zona de Riesgo Ambiental» por dos años, lo que hace «imposible allí un proceso de urbanización». Simultáneamente, el Juzgado de Faltas Municipal ordenó la paralización de «todo tipo de obra» en el Barrio Obrero.
El Juzgado Ambiental también intervino ordenando el cese de desmontes y solicitando que el Estado provincial y municipal presentaran un relevamiento y plan de mitigación. Sin embargo, tanto el Estado Provincial como la municipalidad «se negaron a realizar» estos estudios «por la situación económica y por los costos que ello implicaría».
Condiciones precarias de vida
A pesar de la magnitud de la ocupación, las más de 4.000 familias que habitan el Barrio Obrero viven en condiciones extremadamente precarias. Las instalaciones son descritas como «todo precario, todo colgado», sin que los habitantes tengan «una vida digna y las condiciones básicas de saneamiento».
La problemática se agrava por la corrupción interna dentro del propio asentamiento. En 2020, vecinos del Barrio Obrero denunciaron la venta ilegal de terrenos por parte de una «comisión» liderada por Lidia Mamani y sus hijas, quienes «apretarían» a quienes se oponen y «se escudan en que tienen necesidad llevando niños».
Adicionalmente, han surgido conflictos entre «viejos ocupantes» y «nuevos que llegaron», con acusaciones de que los recién llegados «son gente que no necesita y vino a ocupar esos terrenos» y buscan conflictos que podrían «agilizar un desalojo».
Demanda de indemnización integral
Ante la imposibilidad de recuperar la propiedad y el reconocimiento de que la situación se ha vuelto «absolutamente consolidada y consumada», la familia Issa ha cambiado su estrategia legal. En lugar de insistir en el desalojo, han iniciado un juicio ordinario por indemnización de daños y perjuicios contra el Estado Provincial (Expte. C-172.562/2021).
La demanda busca una indemnización integral por daños y perjuicios materiales y morales, reconociendo que se trata de «un problema social de gran dimensión» donde el inmueble ya no es recuperable ni «en lo urbanístico y en lo ambiental».
Para los propietarios, la usurpación representa «una verdadera confiscación de un bien de mucha importancia en su patrimonio». La familia Issa ha estado impedida de disponer de sus 142 hectáreas durante 28 años, tiempo durante el cual el terreno tenía potencial para desarrollo urbanístico.
Los abogados de la familia han anunciado que están abiertos a instancias conciliatorias con el Estado respecto a la compensación, pero advierten que si no obtienen respuesta del ejecutivo provincial, «vamos a incursionar inexorablemente en las autoridades federales».
Respuesta gubernamental y programas alternativos
El gobierno provincial de Jujuy ha implementado el programa «Jujuy Hábitat« como respuesta a la problemática habitacional. Este programa busca ofrecer un «sistema de acceso legal a la tierra fiscal» mediante sorteos públicos, desincentivando las usurpaciones y advirtiendo que «no vamos a permitir usurpaciones porque hay muchas personas que necesitan una solución».
Una medida significativa del programa establece que quienes tienen antecedentes de usurpación no podrán ser beneficiarios de un lote fiscal, buscando desincentivar estas prácticas ilegales.
La Fiscalía de Estado, al contestar la demanda de indemnización, reconoció que no es factible llevar adelante un desalojo masivo con el consiguiente problema social, y que la administración pública tiene la facultad discrecional de analizar la mejor manera de proceder.
Condenas judiciales a dirigentes sindicales
La justicia jujeña ha avanzado en la responsabilización de los organizadores de la toma masiva de 2015. En mayo de 2021, varios dirigentes sindicales municipales fueron condenados a realizar tareas comunitarias por la toma de tierras.
Entre los condenados se encuentran Carlos Santillán, Santiago Seillant, Alberto Arias y Álvaro Sandoval. En noviembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia confirmó la elevación a juicio oral de estos dirigentes por usurpación, rechazando los recursos presentados por la defensa.
Precedente y advertencias
Los representantes legales de la familia Issa, Héctor Moisés y Rosa Bertoni, advierten que la inacción estatal sienta un precedente peligroso: «Hoy les tocó a esta familia que nosotros representamos, mañana les tocará otro y esto significa que vamos a un trámite inexorablemente de que puede terminar mal».
La situación es considerada de «gravedad social importante» y tendrá una «implicancia económica» significativa para la provincia. El caso ilustra una clara «tensión entre Justicia y Política», donde las órdenes judiciales fueron sistemáticamente desobedecidas por el poder ejecutivo.
Propuestas de solución
Para abordar el complejo problema, se han propuesto diversas alternativas:
Declaración de utilidad pública: Una solución específica propuesta es que el Estado impulse la declaración de utilidad pública del predio, lo que permitiría proteger a las familias que residen allí y resarcir a los propietarios damnificados.
Reubicación ordenada: En marzo de 2022, el Juzgado Ambiental ordenó al Estado Provincial y Municipal que procedieran de manera urgente a reubicar a las familias que habitan el inmueble, aunque esta orden nunca se cumplió.
Intervención federal: Los abogados que representan a la familia Issa han anunciado que, si no obtienen respuestas del ejecutivo provincial, acudirán a las «autoridades federales» buscando una solución integral que contemple tanto la situación de las familias ocupantes como el resarcimiento a los legítimos propietarios.
Un conflicto sin resolución a la vista
El caso del Barrio Obrero en Bajo La Viña representa uno de los conflictos de usurpación de tierras más complejos y prolongados de la provincia de Jujuy. Con 28 años de evolución, la situación ha trascendido el ámbito meramente judicial para convertirse en un problema social, ambiental y político de gran magnitud.
La vulneración de los derechos constitucionales de propiedad, combinada con la crisis habitacional que afecta a miles de familias, plantea un desafío sin precedentes para las autoridades provinciales. La inacción estatal y la obstrucción de órdenes judiciales han consolidado una ocupación que hoy se considera irreversible.
Mientras la familia Issa busca obtener una indemnización justa por la pérdida de su patrimonio, las más de 4.000 familias del Barrio Obrero continúan viviendo en condiciones precarias sobre un terreno declarado zona de riesgo ambiental. La solución a este conflicto requerirá una respuesta integral que contemple tanto los derechos de propiedad como las necesidades habitacionales de la población más vulnerable.
El caso se ha convertido en un símbolo de las tensiones entre el derecho a la propiedad privada y las políticas sociales, evidenciando las consecuencias de la falta de planificación urbana y la ausencia de políticas habitacionales efectivas en la provincia de Jujuy.
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