El Gobierno de Jujuy oficializó este 20 de julio la emergencia energética y tarifaria en toda la provincia, a través del Decreto-Acuerdo N° 5658. La medida llega tras un temporal de viento zonda que dejó a más de 80.000 familias sin luz durante el fin de semana, con cortes que en algunos barrios superaron las 30 horas.
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La emergencia energética Jujuy regirá hasta el 31 de diciembre de 2027 y busca ordenar un sistema eléctrico que arrastra denuncias de sobrecostos, parques solares sin conectar y una empresa distribuidora, EJESA, señalada por su falta de respuesta ante el temporal.
El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, explicó que el Ejecutivo detectó una empresa «desbordada» y sin capacidad operativa. Según indicó, el gobernador Carlos Sadir debió intervenir personalmente para gestionar la llegada de cuadrillas y grúas desde Tucumán.
El temporal que desnudó las falencias
El viento zonda azotó la provincia durante el fin de semana con ráfagas que provocaron voladuras de chapas, caída de árboles sobre las líneas eléctricas y daños en transformadores. Las zonas más afectadas fueron Alto Comedero, San Pedrito, Los Perales, Susques y localidades de la Quebrada y la Puna.
EJESA atribuyó la falla al que definió como el peor fenómeno climático de los últimos 30 años. El Gobierno provincial rechazó esa explicación y recordó que el viento norte es un fenómeno habitual en la región, con un antecedente similar registrado el 7 de mayo.
«El viento norte es una cuestión habitual en la provincia. Estos eventos se pueden prevenir y se tienen que poder prevenir. Lo que no nos conforma es la capacidad de respuesta que tuvo la empresa», sostuvo Siufi, según Somos Jujuy.
Los vecinos, en tanto, insisten en que el problema no es solo climático. En barrios como Campo Verde y Chijra, la infraestructura de distribución supera los 30 años sin inversiones preventivas, lo que agrava cada corte de suministro.
Qué establece el decreto de emergencia
El nuevo marco regulatorio introduce protecciones directas para los usuarios de la categoría T1, el segmento residencial de menor consumo. Entre las medidas más relevantes se destacan:
Suspensión de cortes por falta de pago hasta que se cumplan 20 días corridos de mora contados desde la segunda factura consecutiva impaga, un plazo más amplio que el vigente hasta ahora.
Prohibición de retirar el medidor durante los 60 días posteriores a un corte de servicio, lo que evita costos adicionales de reconexión para las familias.
Eliminación del cobro de intereses punitorios en las facturas de energía y de agua potable mientras dure la emergencia, tanto para EJESA como para la empresa de Agua Potable de Jujuy.
Un esquema de descuentos automáticos que la SUSEPU deberá aplicar sobre las facturas subsiguientes, en proporción directa a las horas que cada usuario permaneció sin suministro.
Mecanismos de resarcimiento extraordinario para reclamar la reparación o el reemplazo de electrodomésticos dañados y de mercadería perdida en comercios y pymes durante los cortes.
La medida se enmarca además en la prórroga de la emergencia energética nacional, oficializada mediante el DNU 585/2026, que extiende hasta la misma fecha las condiciones de excepción para los segmentos de generación, transporte y distribución eléctrica en todo el país, según Tiempo de San Juan.
El trasfondo: un tarifazo del 3.000%
La declaración de emergencia no surge de manera aislada. Se apoya sobre un reclamo social que viene creciendo desde fines de 2023, cuando comenzó el fuerte incremento en el precio de la energía eléctrica en la provincia.
Según datos del Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidor de Jujuy (CODECUC), las tarifas escalaron entre un 2.500% y un 3.000% entre noviembre de 2023 y abril de este año. El costo del kilovatio se multiplicó por 25 respecto de los valores de 2024.
«Estamos en un estado de indefensión total. Los funcionarios pasan, pero los ciudadanos somos los que quedamos sufriendo un servicio malo y caro que afecta directamente nuestra calidad de vida», planteó el abogado Alejandro Mur, referente de CODECUC.
A esto se suma una particularidad tarifaria: Jujuy es la única provincia del país que traslada íntegramente a la factura del usuario el llamado Cargo por Uso de Red, por una resolución de la SUSEPU dictada en 2022. En muchos casos, ese ítem supera el valor del consumo real de energía.
El escándalo de los parques solares sin conectar
Otro capítulo que alimenta el reclamo por la crisis eléctrica en Jujuy es la denuncia sobre ocho parques solares del Proyecto Solar Distribuido que, según el diputado provincial Rubén Armando Rivarola, no inyectan energía a la red pese a los pagos mensuales que recibe la empresa contratista.
«Pusieron ocho paneles solares (…) no están dando electricidad a EJESA, no están conectados, están así puestos nomás. ¿Sabe cuánto les pagamos para no estar conectado y por tener la palabra Secco? 106 mil dólares por mes, sin darnos ni un gramo de electricidad a nadie», denunció Rivarola, de acuerdo con una publicación de Jujuy Dice.
El legislador calculó que ese pago mensual a Industrias Juan F. Secco S.A. representa más de 1.200 millones de pesos al año por un servicio que, según su denuncia, no se presta. Los parques cuestionados se ubican en el camino hacia Perico, El Carmen, Monterrico y Chalicán.
El esquema fue autorizado originalmente durante la gestión del entonces gobernador Gerardo Morales, dentro de un plan que contemplaba ocho plantas solares distribuidas en distintos puntos de la provincia, entre ellas Chalicán, Cannava en Finca El Pongo, Humahuaca y el Parque Industrial de Perico.
Los organismos de control, bajo la lupa
Asociaciones de consumidores y legisladores de la oposición cuestionan además el rol de la SUSEPU, el organismo encargado de regular el servicio eléctrico provincial. Sostienen que actúa más como un resguardo para EJESA que como garante de los derechos del usuario.
La Justicia Federal, por su parte, ya había avalado reclamos del CODECUC para eliminar la percepción compulsiva de tasas municipales en las boletas de luz y agua, amparándose en la normativa nacional vigente. El Gobierno provincial, sin embargo, presentó recursos judiciales para sostener esos cobros.
También continúa bajo cuestionamiento la administración del Fondo Provincial de Energía de Jujuy (FOPEJ), señalado por destinar fondos recaudados a los usuarios para financiar el alumbrado de predios donde se realizan eventos privados con fines de lucro.
Subsidios que se mantienen
Pese al contexto de ajuste, el decreto de emergencia ratifica el sostenimiento de dos beneficios sociales clave: la Tarifa Social, que alcanza a 70.000 familias jujeñas, y el subsidio del 50% para los usuarios de la región de la Puna, previsto por la Ley 4.773.
El Gobierno provincial busca con estas medidas contener el impacto inmediato del temporal sobre los hogares, al tiempo que promete avanzar con una auditoría sobre el estado de la infraestructura de distribución y el cumplimiento de los contratos vigentes con EJESA.
Qué puede pasar de ahora en más
La emergencia energética Jujuy abre un plazo de casi año y medio para que la Secretaría de Energía y la SUSEPU rediseñen los mecanismos regulatorios y contractuales que rigen el servicio eléctrico provincial.
Queda por verse si la auditoría anunciada sobre EJESA logra esclarecer la situación de los parques solares sin conectar y si los descuentos automáticos por horas de corte realmente llegan a las facturas de los usuarios afectados por el temporal de julio.
Para los vecinos de barrios como Campo Verde, Chijra o Alto Comedero, la pregunta de fondo sigue abierta: ¿alcanzará esta nueva emergencia para resolver un problema que, según denuncian, tiene tres décadas de infraestructura sin mantenimiento?
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