Un violento desalojo en Humahuaca dejó al menos diez personas heridas, tres viviendas destruidas y ocho menores de edad temporalmente separados de sus familias, luego de que la policía de Jujuy ejecutara el lunes 10 de agosto una orden judicial sobre tierras que la comunidad indígena Santa Rosa ocupa desde hace generaciones.
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El operativo, dispuesto por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Juan Pablo Calderón, según confirmó TodoJujuy, fue ejecutado por efectivos de la Policía de la Provincia de Jujuy y desató una ola de repudio de organismos de derechos humanos, legisladores y abogados que ya iniciaron acciones judiciales.
Represión desproporcionada: heridos, detenidos y casas demolidas
Según el relato de testigos difundido por RosarioPlus, la intervención policial dejó al menos diez personas heridas y tres viviendas destruidas, mientras efectivos de Infantería avanzaban sobre el predio con gases lacrimógenos y balas de goma.
El vicecomunero Ángel Mendoza relató a Radio 2, en declaraciones reproducidas por Los Primeros TV: «Entraron tirando balas de goma y gases lacrimógenos».
La abogada Alejandra Cejas denunció casos de comuneros con hasta 20 impactos de proyectiles de goma en el cuerpo, disparados a corta distancia durante el desalojo.
Menores de edad y ancianos, entre los más afectados
Uno de los datos más graves del desalojo en Humahuaca es la denuncia por la desaparición temporal de ocho niños tras el operativo, según consignó Jujuy al Momento. Las familias reportaron horas de incertidumbre antes de reencontrarse con los menores.
Personas con discapacidad y adultos mayores también fueron desalojados por la fuerza, mientras la maquinaria pesada demolía las viviendas del predio.
El origen del conflicto: un plano con errores reconocidos desde 2009
El trasfondo del litigio no es reciente. La disputa territorial se remonta al Plano N° 0809, aprobado por la Dirección Provincial de Inmuebles en 2009, que superpuso de forma errónea los límites de un particular sobre el territorio comunitario de Santa Rosa.
Enrique Farfán, presidente de la comunidad de Chocoya, explicó a Indymedia Argentina que el error catastral ya fue admitido por el propio organismo estatal: «Inmuebles reconoció que el plano está mal», al señalar que una vivienda de la familia Soruco quedó incorrectamente ubicada en la documentación catastral utilizada en la causa, según publicó Indymedia Argentina.
Pese a ese reconocimiento oficial, el juez Calderón avanzó con la medida. La misma fuente indica que las familias también responsabilizan a la jueza de Paz Fabiola Salas por no haber respetado los derechos colectivos de la comunidad sobre el territorio.
Referentes de la zona anticiparon el conflicto días antes del desalojo. La comunera Yolanda Soruco había advertido, en diálogo con El Submarino Jujuy: «No pueden hacer el desalojo porque la comunidad se presenta como tercero (…) somos reconocidos por la Constitución Nacional, somos reconocidos ancestralmente en el territorio».
Conflicto de intereses en la causa judicial
Uno de los puntos más cuestionados del expediente es la identidad del abogado de la parte demandante: Rubén Tabarcache, quien además se desempeña como secretario de Espacios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Esa doble función alimenta las sospechas sobre posibles influencias políticas en la celeridad del proceso judicial que derivó en el desalojo en Humahuaca.
Habeas corpus y repudio legislativo
Tras el operativo, un grupo de abogadas presentó un recurso de habeas corpus. Según informó Jujuy al Momento, la defensa denunció abuso de autoridad, lesiones con balas de goma y vulneración de menores, además de cuestionar la falta de asistencia médica durante el procedimiento.
En el plano legislativo, la diputada provincial Natalia Morales presentó pedidos de informe tanto en la Legislatura de Jujuy como en el Concejo Deliberante de Humahuaca. La misma fuente periodística precisa que Morales vinculó el accionar policial con intereses inmobiliarios, turísticos y el avance del negocio vitivinícola en la región.
Comuneros consultados por Medios Rioja fueron contundentes al describir el operativo: «En vez de cuidarnos, nos reprimen con palos y balas».
Un debate que excede a Jujuy
El desalojo en Humahuaca se produjo en paralelo al debate nacional sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que había obtenido media sanción días antes en el Senado. Esa coincidencia temporal reforzó las críticas de organizaciones indígenas y campesinas de todo el país, que advierten sobre la falta de relevamientos territoriales actualizados que protejan la posesión comunitaria.
Organismos de derechos humanos remarcan que la Constitución Nacional, en su Artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y la propiedad comunitaria indígena, un marco que —según los denunciantes— fue desconocido por el fallo del juez Calderón.
Comunidades de la región emitieron un pedido urgente para visibilizar el caso. Según La Noticia Web, el objetivo es romper el cerco informativo y exigir el cese de la persecución contra los pueblos indígenas que defienden sus territorios ancestrales.
Solidaridad tras el desalojo
Con sus viviendas demolidas, las familias de Santa Rosa pasaron la noche a la intemperie custodiando sus pertenencias. Se activó una campaña solidaria en Humahuaca y Tilcara para recolectar ropa de abrigo, calzado y alimentos no perecederos, con puntos de recepción en la Casa Socialista de Humahuaca y contacto telefónico en Tilcara.
El caso continúa bajo investigación judicial, mientras crece la presión social para que se determinen responsabilidades políticas y administrativas por el error catastral que originó el conflicto.
¿Alcanzará la presión legislativa y social para frenar nuevos desalojos en comunidades indígenas de Jujuy mientras persistan errores administrativos sin corregir en el sistema catastral provincial?
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