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El 7 de julio de 2025, la comunidad originaria Cueva del Inca en Tilcara, fue víctima de un violento desalojo por parte de un gran número de efectivos policiales y bomberos. Este operativo, que comenzó alrededor de las 6 de la mañana, resultó en la destrucción de viviendas, la detención de al menos 11 o 12 personas, y un clima de desesperación y violencia.
Contenido de la Noticia
La comunidad denuncia que este desalojo es un «avance sobre el territorio que les pertenece» y que la justicia jujeña ha favorecido a un «empresario hotelero» sin permitirles una defensa adecuada. Este incidente no es el primero, ya que ha habido intentos previos de desalojo y denuncias por daños arqueológicos.
Detalles del operativo y violencia ejercida
Sorpresivo y violento
Silvia Durán, vicepresidente de la comunidad Cueva del Inca, describió el desalojo como «sorpresivo» y «horrendo». Los policías «entraron a la fuerza con los golpes» mientras la gente se resistía. Durante el operativo, se reportó que «una casa se estaba incendiando», lo que añadió a la «desesperación» del momento. La violencia ejercida por las fuerzas del orden fue evidente, generando un ambiente de caos y temor entre los miembros de la comunidad.
Gran despliegue de fuerzas
Más de un centenar de policías y bomberos participaron en el operativo. Las fuerzas policiales rodearon el predio, impidiendo el acceso y la visibilidad a los comuneros y sus apoyos. Este despliegue masivo de fuerzas generó una sensación de asedio, donde los miembros de la comunidad se sintieron completamente desprotegidos y vulnerables.
Corte de suministros
Durante el desalojo, se «cortaron la luz de ese sector» donde se llevaba a cabo el operativo, lo que oscureció la zona y dificultó la observación de los hechos. Este acto fue interpretado como una táctica para desorientar a los comuneros y evitar que recibieran apoyo externo.
Destrucción de viviendas
Los testimonios indican que las fuerzas policiales y bomberos «destruyeron viviendas» y levantaron techos, lo que se considera un «desalojo injusto». La comunidad sostiene que el área no es parte de Finca La Cortadera, como se alega en la orden judicial. La destrucción de sus hogares ha dejado a muchas familias en una situación precaria, sin un lugar donde vivir.
Detenciones y estado de los comuneros
Número de detenidos
Se reporta la detención de «once personas» o «12 personas» de la comunidad. Entre los trasladados a la Comisaría Local de Maimará se encuentran Jorge Mamaní, Miriam Alfaro (presidente de la comunidad), Carlos López, Andrea Martínez, y Rosa Valdiviezo. Las detenciones han generado una ola de indignación y preocupación entre los miembros de la comunidad y sus defensores.
Traslado y comunicación
Los detenidos fueron inicialmente llevados a un hospital (el de Tilcara y luego a Maimará) y posteriormente a la Comisaría Local de Maimará. Se informó que estaban «detenidos e incomunicados», con un detenido alertando por mensaje de WhatsApp poco antes de ser incomunicado: «Hermanos, nos están rodeando… estamos siendo llevados en una patrulla». Esta falta de comunicación ha generado un clima de incertidumbre y temor entre los familiares de los detenidos.
Exigencias de la Comunidad
La comunidad exige la «liberación inmediata de los detenidos» y el «cese del operativo represivo». Estas demandas reflejan la urgencia de la situación y la necesidad de que se respeten los derechos humanos de los miembros de la comunidad.
Contexto Judicial y Denuncias Previas
Antecedentes de Desalojo
La comunidad Cueva del Inca ha sufrido «múltiples intentos de desalojo» en los últimos años, vinculados a «proyectos inmobiliarios y turísticos que avanzan sin consulta previa». Este patrón de desalojo ha generado un clima de tensión y desconfianza entre la comunidad y las autoridades.
Denuncias previas y posteragaciones
En abril, la comunidad denunció desalojos y daños arqueológicos, logrando una postergación de 48 horas tras una presentación ante la Justicia Federal. Una ampliación de denuncia posterior «calmó las aguas» por unos meses, pero la situación se ha vuelto a agravar con este último desalojo.
Orden judicial controversial
La orden de desalojo proviene del Juzgado de Primera Instancia Nº 7 –secretaría 13, jueza Liz Valdecantos Bernal, con expediente 100406/2017, en el caso «Cruz, Simona Natividad y Vásquez Carlos Gustavo, contra Mamaní Javier, integrante de la Comunidad Cueva del Inca». La orden faculta al juez de paz a «allanar el domicilio y hacer uso de la fuerza pública y requerir servicio de cerrajero». Esta orden ha sido cuestionada por la comunidad, que sostiene que no se respetaron los procedimientos legales adecuados.
Críticas a la Justicia
Silvia Durán declaró que «La justicia de Jujuy, la verdad que es un desastre, es horrendo, es una impunidad terrible lo que se vive, porque ese juicio que ellos han resuelto, estos jueces, la verdad que nunca nos han dejado defendernos a nosotros como comunidad y la han favorecido a un empresario hotelero». Estas declaraciones reflejan la frustración y el descontento de la comunidad con el sistema judicial.
Falta de orden judicial y protocolos
La comunidad denuncia que «no se presentó orden judicial ni se respetaron los protocolos de diálogo o consulta previa establecidos por la legislación vigente». Este incumplimiento de los procedimientos legales ha llevado a la comunidad a cuestionar la legitimidad del desalojo y a exigir una revisión exhaustiva de las acciones de las autoridades.
Disputa territorial
La comunidad insiste en que la Quebrada de Sarahuaico, donde se llevó a cabo el desalojo, «no responde a la ubicación de Finca La Cortadera», que es el padrón I-820 mencionado en la orden judicial. Esta disputa territorial es fundamental para entender el contexto del desalojo, ya que la comunidad sostiene que sus derechos sobre la tierra no han sido debidamente reconocidos.
Reacciones y apoyos
Resistencia comunitaria
Los miembros de la comunidad «se resistieron» y se «refugió adentro para defender su casa». Miriam Alfaro, presidente de la comunidad, se encuentra en el lugar «resistiendo en defensa del territorio comunitario». Esta resistencia ha sido un símbolo de la lucha de la comunidad por sus derechos y su territorio.
SERPAJ
El Servicio Paz y Justicia de Argentina (SERPAJ) exigió una «resolución que ponga freno definitivo al despojo de tierras» y que se «garantice la defensa a los miembros de la comunidad». La organización ha manifestado su apoyo a la comunidad y ha denunciado las violaciones a los derechos humanos que se han producido durante el desalojo.
Llamado a organismos de derechos humanos
Se ha solicitado la «intervención urgente de organismos de derechos humanos» y se reitera el «pedido de apoyo urgente y visibilización»: “No permitamos estos atropellos a comunidades indígenas”. Este llamado refleja la necesidad de una respuesta inmediata ante la situación crítica que enfrenta la comunidad.
Comentarios en medios
Lectores en noticias relacionadas expresaron indignación, calificando las acciones como «atropellos y uso de la violencia contra mismos comprovincianos» y «corrupto y amoral» por la complicidad de la justicia. Muchos señalaron que «El despojo continúa en el siglo XXI, los siguen expoliando y usurpando la vida». Estas reacciones en los medios evidencian un creciente apoyo a la causa de la comunidad y un rechazo a las acciones de las autoridades.
Contexto ancestral y patrimonial
Territorio ancestral
La Comunidad Cueva del Inca «habita ancestralmente un territorio en la Quebrada de Humahuaca», la cual ha sido declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Este reconocimiento internacional subraya la importancia cultural y patrimonial del territorio, así como la necesidad de protegerlo de cualquier forma de despojo.
Derechos de comunidades originarias
Las fuentes subrayan la violación de los derechos de las comunidades originarias, haciendo hincapié en la falta de consulta previa y el avasallamiento de sus territorios. La situación de la comunidad Cueva del Inca es un reflejo de un problema más amplio que enfrentan muchas comunidades indígenas en Argentina y en toda América Latina.
Conclusión provisional
El desalojo de la Comunidad Cueva del Inca representa un grave atropello a los derechos de los pueblos originarios en Jujuy, marcado por la violencia policial, la destrucción de propiedades y un proceso judicial cuestionado por la comunidad. La situación demanda una investigación exhaustiva y la intervención de organismos de derechos humanos para garantizar la protección de la comunidad y sus territorios ancestrales. La lucha de la comunidad Cueva del Inca es un llamado a la acción para todos aquellos que defienden los derechos humanos y la justicia social.
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