Una represión policial brutal en la sede del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL) el pasado 30 de diciembre escaló un conflicto que ya arrastraba más de 50 días de tensión entre la dirección sindical y un grupo de delegados autoconvocados. El episodio dejó múltiples heridos, denuncias de violencia de género y una profunda fractura interna que expone la crítica situación de más de 300 trabajadores despedidos durante 2025 en el Ingenio Ledesma, propiedad de la familia Blaquier.
La intervención de la policía provincial con infantería, escudos, bastones y caballería, impidió violentamente el ingreso de cientos de afiliados a una asamblea extraordinaria convocada por la conducción del sindicato, liderada por Luciano Lezano. El objetivo declarado de la asamblea era, según denuncian los trabajadores, expulsar a cinco delegados opositores que encabezan las protestas contra los despidos masivos y la falta de aumentos salariales en la empresa azucarera.
Violencia policial y represión garantizada por el estado
El operativo policial desplegado en las puertas del SOEAIL actuó como garantía de una asamblea que los propios trabajadores califican de «trucha» y antidemocrática. Según confirmó El Submarino Jujuy, la convocatoria no fue publicada según los plazos establecidos en el estatuto del gremio, lo que invalida todo el procedimiento.
La diputada nacional de la izquierda Myriam Bregman responsabilizó directamente al gobernador Carlos Sadir por los hechos de violencia: «La policía del gobernador Carlos Sadir con represión impide el ingreso de afiliados a una asamblea antidemocrática impulsada por la conducción del sindicato azucarero SOEAIL para expulsar a delegados combativos de la oposición», publicó en sus redes sociales.
El legislador jujeño de la izquierda Alejandro Vilca agregó: «Con escudos, bastones y caballeriza, la policía del Gobierno de Jujuy garantiza la asamblea convocada por la directiva del sindicato azucarero para expulsar a delegados de la oposición que son parte de la lucha contra los despidos. El gobernador Carlos Sadir es responsable de cualquier hecho de violencia hacia los trabajadores», según reportó La Izquierda Diario.
Entre los heridos se encuentra Mauro Tabak, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), quien recibió un golpe en la cabeza mientras acompañaba a los trabajadores en su reclamo. El hecho fue ampliamente denunciado por organizaciones de derechos humanos y figuras políticas de la oposición.
Los despidos que encienden el conflicto
El conflicto en el Ingenio Ledesma comenzó a principios de 2025 cuando la empresa, argumentando la necesidad de «mayor competitividad» en un contexto económico complejo, anunció el despido de 165 trabajadores, una cifra que según los delegados y medios como Bichos de Campo y El Destape, terminó superando las 300 desvinculaciones a lo largo del año.
La patronal justificó los despidos señalando que durante 2025 los salarios aumentaron 220% por paritarias mientras que los precios del azúcar en góndola bajaron, afectando la rentabilidad. Sin embargo, los trabajadores denuncian que durante el ejercicio 24/25 la producción de caña aumentó un 10,8%, alcanzando 3.470.656 toneladas, lo que contrasta con el argumento de crisis empresarial.
La conducción del SOEAIL es acusada por los sectores opositores de inacción total frente a los despidos y de no haber obtenido paritarias salarial digna. Esta pasividad alimentó el surgimiento de un grupo de delegados autoconvocados que, sin el acompañamiento formal del sindicato, sostienen desde hace más de 50 días un acampe en las puertas de la planta industrial para visibilizar la crisis laboral.
Acusaciones de fraude y compra de votos
El delegado Gonzalo Mercado, una de las figuras centrales de la oposición interna, denunció ante Jujuy Dice que la asamblea del 30 de diciembre fue organizada con el objetivo explícito de proscribir a los delegados combativos. Mercado afirmó: «Esta asamblea se arma para expulsar a los delegados autoconvocados que venimos acampando en forma de protesta a la empresa Ledesma, Lezano pagó 70 mil a cada afiliado para que vote para expulsarnos».
Además, el secretario de actas del sindicato, Daniel Salcedo, confirmó que no fue notificado oportunamente sobre la asamblea, lo que viola las normas internas del gremio. Ante la imposibilidad de ingresar, Salcedo labró un «acta volante» firmada por los presentes para dejar constancia formal de la maniobra antidemocrática y de la represión policial.
Los trabajadores también denuncian que tras la represión, se anunció la suspensión de la asamblea para descomprimir la situación, pero esto fue, según Mercado, «una mentira» para fraguar una reunión con partidarios de Lezano y firmar un acta de expulsión de cinco delegados y la ex comisión directiva.
Denuncia por violencia de género contra el líder sindical
En medio del caos, emergió una grave acusación de violencia de género contra el secretario general Luciano Lezano. La docente Paula Retambay, miembro de la comisión directiva del CEDEMS (sindicato de docentes de media y superior) y afiliada presente en solidaridad con los trabajadores, presentó una denuncia formal contra Lezano tras ser agredida física y verbalmente cuando intentó acceder a un sanitario en la sede sindical.
Según la denuncia presentada y citada por Jujuy Dice, Retambay relató: «de manera ligera y con un lenguaje corporal muy violento, insultando a mi persona de manera grosera y violenta ‘hija de xxxx salí de mi gremio’, ante el insulto le exigo que abra la puerta es cuando de manera muy agresiva abre la puerta y procede a empujarme hacia afuera del gremio, previo a expresar ‘vaya a mear a la mierda'».
El ataque ocurrió frente a efectivos policiales que no intervinieron, lo que configura, según la denuncia, un caso de violencia institucional definida por la Ley 26.485 como aquella realizada por agentes estatales que obstaculizan el ejercicio de derechos. Además, la agresión es calificada como «violencia pública-política contra las mujeres», al utilizar la intimidación por razones de género para menoscabar la participación de una mujer en la actividad sindical.
Un laboratorio de reforma laboral
Dirigentes políticos y activistas sindicales de izquierda, trokistas y progresistas aseguran que lo que ocurre en Ledesma no es un conflicto aislado, sino un «laboratorio» para la imposición de una reforma laboral de facto a nivel nacional. La diputada de izquierda Myriam Bregman sintetizó esta visión en declaraciones recogidas por medios especializados: «Queda claro que la reforma laboral pedida por patronales como la de Ledesma es con el accionar de la burocracia sindical y diezmando a los que luchan».
Este plan para «diezmar a los que luchan» ya tiene expresión concreta: además de las expulsiones, la conducción del SOEAIL está «recortando cupos para la elección de delegados», lo que dejaría a sectores enteros sin representación. Esta maniobra fue denunciada por los trabajadores autoconvocados, quienes señalan que áreas como «laboratorio» pasarían de tener un cupo a no tener ninguno.
Las elecciones de delegados están convocadas para el 5 de enero de 2026, fecha que coincide con el período en que muchos trabajadores no están presentes porque la zafra ya finalizó, lo que es interpretado como otra estrategia para vaciar la participación y consolidar un sindicato alineado con los intereses empresariales.
Respaldo nacional e Internacional al reclamo
La gravedad de la situación en Ledesma ha generado un amplio respaldo a los delegados perseguidos y a los trabajadores despedidos. Según informó La Izquierda Diario, figuras como Adolfo Pérez Esquivel (premio Nobel de la Paz), los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá, junto a Osvaldo Barrios de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, la abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta, y más de cien referentes sindicales y de derechos humanos de todo el país, firmaron un petitorio en apoyo a los delegados combativos.
El documento denuncia la política de «persecución interna y proscripción ilegal» contra los delegados que luchan contra los despidos y exige que se respete la democracia sindical y se frenen las expulsiones arbitrarias.
Las voces de los trabajadores
Los trabajadores del Ingenio Ledesma dejaron constancia de su posición en un acta firmada tras la represión: «Trabajadores afiliados al SOEAIL asistimos a nuestra sede sindical por una supuesta asamblea extraordinaria, sin convocatoria legal alguna, siendo impedidos de ingresar, dejamos constancia que cientos de trabajadores y afiliados, incluyendo despedidos quedamos afuera de nuestro sindicato y fuimos reprimidos por la policía, que bloqueó el portón, sumando compañeros con lesiones. Defendemos la democracia sindical. No a los despidos ni expulsiones en el sindicato», según publicó Jujuy Dice.
Los delegados autoconvocados mantienen su compromiso de seguir con el acampe y las medidas de protesta hasta lograr la reincorporación de todos los despedidos, el cese definitivo de las desvinculaciones, un bono extraordinario, la revisión paritaria pendiente y la garantía de estabilidad laboral para las familias azucareras.
Perspectivas de un conflicto sin resolución
A menos de una semana de las elecciones de delegados del 5 de enero, el conflicto en el SOEAIL permanece sin resolución. La empresa Ledesma mantiene su postura de no reincorporar a los despedidos, la conducción sindical avanza con sus planes de expulsión de los opositores, y el gobierno provincial de Carlos Sadir es acusado de garantizar con represión policial una maniobra que viola la democracia sindical.
El resultado de esta pulseada en Jujuy es crucial no solo para los trabajadores azucareros, sino para el conjunto del movimiento obrero argentino. Si la empresa, en complicidad con el sindicato y el gobierno, logra su objetivo de silenciar a los sectores más combativos, sentará un peligroso precedente sobre cómo imponer una reforma laboral de hecho en el resto del país, utilizando a la burocracia sindical como herramienta de disciplinamiento.
Mientras tanto, los trabajadores del Ingenio Ledesma continúan su lucha, enfrentando no solo al poder económico de una de las patronales más poderosas de Argentina, sino también a los fantasmas de un pasado autoritario que parece resurgir en el presente.
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