La provincia quedó fuera del esquema de $400.000 millones dispuesto por Milei para 12 distritos, mientras enfrenta una caída histórica en sus recursos, deudas millonarias del PAMI y rutas en estado crítico. El Gobierno de Sadir respondió con un decreto de austeridad que congela la planta estatal y recorta gastos políticos, pero los sectores más frágiles ya sienten el impacto.
La crisis financiera que atraviesa Jujuy llegó a un punto de inflexión crítico en abril de 2026. La relación entre la provincia y el Gobierno Nacional sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que Jujuy quedara fuera del esquema de adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones. La medida alcanzó a doce provincias —Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán— pero Jujuy no figuró entre los beneficiados, en el peor momento fiscal que registra la provincia en más de una década.
El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi, fue directo al describir la situación en conferencia de prensa: «La provincia está siendo castigada». El funcionario, periodista con tres décadas de trayectoria antes de asumir el cargo, vinculó la exclusión con el delicado panorama que atraviesan las finanzas provinciales y resumió con una frase el impacto en la vida cotidiana: «Si a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, tampoco le alcanza a la provincia».
La caída más profunda en trece años
Los números detrás de la crisis son contundentes. El gobernador Carlos Sadir reconoció que la coparticipación viene cayendo entre el 6% y el 7% en términos reales, y el primer bimestre de 2026 fue el peor en trece años. El desglose trimestral muestra una sangría sostenida: -8,3% en enero, -8,9% en febrero y -7,1% en marzo. A esto se suma la exclusión de Jujuy de la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que profundiza aún más el cuadro de restricción financiera.
Según datos del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), la pérdida acumulada de fondos no automáticos para Jujuy desde el inicio de la gestión de Milei asciende a $191.413 millones. En términos de impacto mensual, esto representa más de $191 millones menos en las arcas provinciales en forma sistemática, según se desprende del mismo informe citado por Infobae.
La combinación de menores ingresos nacionales y caída de la recaudación propia —producto del deterioro del consumo local— provocó la transición de la provincia desde el superávit fiscal al déficit, un giro de timón que obligó a actuar con urgencia. Como señaló el propio Sadir tras reunirse con el ministro del Interior, Diego Santilli, en las últimas semanas: «Jujuy necesita decisiones urgentes».
El decreto 5084: ajuste sin despidos
Ante este escenario, el gobernador implementó un ajuste de «shock administrativo» mediante el Decreto 5084/2026, que establece hasta diciembre de este año el congelamiento de la planta de personal, el pago de horas extra solo para casos excepcionales, la reducción de cargos y contratos, la prohibición de alquilar vehículos y el congelamiento de la pauta publicitaria oficial. También se suspenden las transferencias financieras extraordinarias a municipios y comunas, y se exige autorización expresa del titular del Poder Ejecutivo para iniciar toda obra pública.
La premisa que guió la medida fue explicitada por Siufi: «El recorte que lo viva la política y que no lo sufra la gente. El Gobierno de Jujuy no va a echar gente, pero tampoco podemos pagar más de lo que estamos pagando». La estabilidad laboral del empleo estatal quedó, por tanto, blindada como línea roja que la gestión se niega a cruzar. El ajuste, en cambio, se orienta a la estructura política: viáticos, combustibles, gastos de representación y erogaciones no esenciales de la administración.
Sin embargo, la medida no está exenta de controversias. La suspensión de transferencias extraordinarias a municipios y comunas pone en duda la promesa de sanción de una ley de coparticipación provincial que Sadir había anunciado en la apertura de sesiones de 2024. Para los gremios del sector público, la señal de alarma fue inmediata: el SEOM convocó a una reunión de emergencia para exigir garantías sobre el pago de salarios municipales. La oposición legislativa más dura, nucleada en el PTS-FITU, calificó el decreto como un ajuste que «castiga a los trabajadores».
El PAMI y la deuda silenciosa de la salud
Uno de los flancos más graves es el sanitario. Tras un relevamiento en los 286 centros de salud de la provincia, los datos revelan una deuda que el Estado nacional no reconoce: durante 2025, el sistema provincial realizó 86.512 atenciones a afiliados del PAMI —incluyendo tratamientos de altísimo costo como diálisis, oncología, discapacidad y medicación para VIH— sin recibir la compensación económica correspondiente del organismo. A eso se suma la incertidumbre sobre la continuidad del Plan Remediar, que garantiza más de 70 medicamentos esenciales para los sectores más vulnerables de la provincia.
Cuando la Nación deja de financiar programas como Incluir Salud o de gestionar la atención de sus propios afiliados, no desaparece la necesidad: simplemente cambia de ventanilla. En este caso, la provincia la absorbe con sus propios y cada vez más escasos recursos.
Rutas «detonadas» y fondos viales desviados
El estado de la infraestructura vial es otro síntoma agudo del deterioro. El Gobierno provincial denuncia que el 28,58% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles —que por ley debe destinarse al Sistema Vial Integrado y que para 2026 representa $1,165 billones a nivel nacional— no está llegando a las provincias para el mantenimiento de rutas. En Jujuy, las arterias nacionales presentan un deterioro crítico que afecta la conectividad, la producción y la seguridad de los ciudadanos.
La respuesta provincial fue un convenio de emergencia donde la Nación aporta maquinaria y Jujuy pone los materiales, una anomalía técnico-administrativa que pone en evidencia la distorsión del federalismo fiscal: la provincia financia el asfalto de rutas que no le pertenecen para evitar el colapso.
Cauchari 4 y 5: la inversión bloqueada por una firma
La mayor paradoja política del momento radica en el sector energético. Jujuy tiene en carpeta los proyectos solares Cauchari 4 y 5, capaces de generar 42 millones de dólares anuales adicionales y de habilitar una tarifa social diferenciada para los jujeños. El financiamiento es internacional —no requiere un solo peso del Tesoro Nacional— pero la obra está bloqueada por la falta del aval técnico del Ejecutivo Nacional, un acto administrativo de costo cero para la gestión de Milei que, sin embargo, no llega. La negativa a estampar esa firma mantiene paralizada una inversión estratégica que aliviaría de forma concreta el ahogo financiero de la provincia.
La llegada puntual de algunos fondos frescos a otras provincias tiene como subtexto la admisión implícita del Gobierno Nacional sobre el panorama delicado en todo el territorio. Para Jujuy, sin embargo, ese reconocimiento llega con la exclusión: una combinación que, para la administración de Sadir, huele más a disciplinamiento político que a una simple contingencia presupuestaria.
El horizonte inmediato es incierto. La provincia sostiene su sistema de transporte urbano —BEGU, BEGUP, abono docente— con una inversión propia de más de 2.600 millones mensuales, mientras el AMBA recibe subsidios nacionales que los jujeños también financian con sus impuestos. La tensión con los gremios docentes persiste, con paros activos. Y los proyectos de energía renovable que podrían cambiar la ecuación financiera permanecen, por ahora, en el freezer de la burocracia nacional.
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