Concesiones de LIMSA y Vía Parking: Críticas por falta de transparencia en Jujuy

Las recientes aprobaciones de la continuidad de las concesiones de los servicios de recolección de residuos (LIMSA) y estacionamiento tarifado (Vía Parking/Tacuar SRL) por parte del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy han generado una fuerte controversia y preocupación en la opinión pública y sectores de la oposición.

Las críticas principales se centran en la falta de transparencia, la ausencia de audiencias públicas, el secretismo en la fijación de tarifas, la presunta complicidad de concejales con el poder ejecutivo y los intereses empresariales, y la ampliación de servicios sin consulta ciudadana. Se denuncia que el Concejo Deliberante actúa como una «escribanía» del intendente Raúl Jorge, validando decisiones ya tomadas que benefician a intereses privados en detrimento del bienestar colectivo y los derechos de los trabajadores.

Rol del Concejo Deliberante: De representante a «escribanía»

La función del Concejo Deliberante, que debería ser la representación de los intereses de los vecinos, ha sido cuestionada. Fuentes denuncian que los concejales «parecen olvidar su verdadera función» y actúan «en complicidad con el intendente, priorizando órdenes superiores y dejando de lado el cumplimiento de la ley y la democracia».

El concejal electo Gustavo Martínez (La Libertad Avanza) afirma que el cuerpo deliberativo «termina siendo una mera escribanía para lo que impulsa el intendente Raúl Jorge». Se critica que temas «tan importantes, tan medulares y tan sensibles a los jujeños» pasaron «sin pena ni gloria, totalmente desapercibidos en una sesión rápida, sin debate, y a carpeta cerrada».

Validación de decisiones sin debate

Los contratos de concesión, según se señala, «ya estaban firmados, con los cuadros tarifarios y el decreto municipal», lo que contradice la percepción del Vicepresidente 1º del Concejo Deliberante, Gastón Millón, quien sostiene que su sistema es «bastante más abierto y quizás republicano». Millón argumenta que las licitaciones «arrancan desde el Concejo Deliberante», pero la realidad parece indicar lo contrario.

Falta de transparencia y audiencias públicas

El Artículo 42 de la Constitución Nacional establece que toda decisión sobre contratos, tarifas o prórrogas debe contar con una audiencia pública previa, que asegure transparencia, información adecuada y participación ciudadana. Sin embargo, este requisito es ignorado consistentemente.

El concejal del FIT-U, Guillermo Alemán, denuncia que la tarifa del servicio de recolección de residuos se ha fijado «en forma totalmente oculta, sin audiencias públicas ni espacios de participación ciudadana». Las decisiones sobre cuánto se cobra y cómo se fijan las tarifas «las discuten a puertas cerradas el intendente, sus funcionarios y el concesionario, en este caso (Rubén Armando) Rivarola, sin consultar ni escuchar a los vecinos ni a los usuarios del servicio».

Gustavo Martínez añade que los vecinos «no tienen idea, se van a desayunar en estos días con que se ha ampliado la zona del LIMSA, sus domicilios, con los números brutales que hay que pagar por este servicio».

Irregularidades en la concesión de LIMSA (Recolección de Residuos)

El contrato de LIMSA, otorgado inicialmente en 2012, ha superado los plazos establecidos, incluso con prórrogas. La prórroga «única y excepcional» de 2023, que debía durar 120 días, no se respetó. A fines de 2023, una nota solicitando información sobre estas irregularidades al municipio no fue respondida.

El artículo 1º del contrato prevé la expansión del servicio de LIMSA, empresa de Rubén Rivarola, «aliado peronista clave del gobierno provincial», a barrios donde antes el servicio era municipal, como Higuerillas o Norte, «sin participación de los vecinos, sin consultar a la comunidad, y sin que se respeten los mecanismos democráticos». Esto podría afectar el empleo de los recolectores municipales.

Además, el concejal Alemán denuncia que el contrato de LIMSA reafirma el servicio como esencial, lo que «da lugar al cercenamiento al derecho a huelga de los trabajadores».

Concesión de Vía Parking (Estacionamiento Tarifado)

La falta de transparencia también se extiende a la concesión de Vía Parking. La empresa TACUAR SRL no rinde cuentas de la recaudación del servicio, lo que ha generado críticas por parte de la oposición, que ha solicitado informes sin obtener respuesta. Esta situación plantea serias dudas sobre la gestión y el uso de los recursos generados por este servicio.

La dependencia del sector público es otro punto de controversia. Se critica que el servicio privado de estacionamiento tarifado «cuenta con el trabajo del sector público» (inspectores de tránsito municipales) para su funcionamiento, mientras el municipio cubre este negocio que «recauda una importante suma de dinero por día». Desde la izquierda, se plantea que el servicio de estacionamiento tarifado «tranquilamente se podría llevar adelante con trabajadores de la municipalidad», sugiriendo incluso la creación de convenios con instituciones, como la universidad nacional, o la contratación de personal calificado.

Posicionamiento de concejales y Partidos Políticos

La oposición ha sido férrea en su crítica a estas concesiones. El Frente de Izquierda y el concejal Guillermo Alemán han denunciado irregularidades y falta de transparencia en el proceso de concesión. Alemán propone un servicio de higiene urbana «único, estatal, administrado bajo control de trabajadores, vecinos y profesionales», lo que contrasta con la actual gestión que, según él, favorece a intereses privados.

La Libertad Avanza también se suma a las críticas, con Gustavo Martínez enfatizando el rol de «escribanía» del Concejo y la falta de información pública. Esta situación ha llevado a cuestionar la legitimidad de las decisiones tomadas por el Concejo Deliberante, que parece actuar más como un apéndice del ejecutivo que como un órgano representativo de la ciudadanía.

Concejales «Opositores» que validaron

Se señala la «hipocresía» de concejales que, a pesar de ser supuestamente opositores, han validado estas concesiones. Liliana Giménez (Partido LyDER) se abstuvo en la votación, argumentando «su no participación sobre la discusión previa del mismo, con lo cual no pudo acceder al estudio de tarifas y otros aspectos vinculados al contrato». Por otro lado, Graciela Carrasco (Primero Jujuy) votó a favor de la aprobación, a pesar de que su referente político, Carlos Haquim, había «resaltado su férrea defensa a la figura de las audiencias públicas en el tratamiento de los servicios públicos concesionados».

Impacto en los vecinos y la democracia

Las decisiones sobre tarifas y la ampliación de zonas de servicio afectan directamente el bolsillo de los jujeños. Los costos «brutales» que se han establecido en algunos casos «se acercan al precio del alquiler» para oficinas con mínima generación de residuos. Esta situación ha generado un descontento generalizado entre los ciudadanos, quienes sienten que sus derechos están siendo vulnerados.

El debilitamiento institucional es otro aspecto preocupante. Las irregularidades y la falta de participación se consideran un «problema institucional grave» que «viola derechos fundamentales y principios básicos del estado de derecho». Esta situación no hace más que debilitar la democracia en Jujuy, donde las decisiones se toman «a espaldas del pueblo, sin transparencia, sin discusión real y sin respetar la ley».

Conclusión

Las recientes aprobaciones de las concesiones de LIMSA y Vía Parking ponen de manifiesto una profunda crisis de transparencia y representación en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. La sistemática omisión de las audiencias públicas, el secretismo en la fijación de tarifas, la aparente influencia de intereses privados y la falta de respuesta a los pedidos de información generan un escenario donde la ciudadanía se siente desprotegida y sus derechos vulnerados.

La situación exige una revisión urgente de los mecanismos de control y participación ciudadana para restaurar la legitimidad de las decisiones que afectan directamente la vida de los vecinos. La falta de transparencia y la complicidad entre el poder ejecutivo y el Concejo Deliberante no solo afectan la calidad de los servicios públicos, sino que también socavan la confianza de la ciudadanía en sus representantes y en el sistema democrático en su conjunto.