Familia campesina de Jujuy, descendiente de Teresa Canchi, desalojada pese a fallo a favor. Denuncian irregularidades y buscan justicia.
El pasado viernes, los descendientes de Teresa Canchi fueron desalojados de su propiedad familiar de más de cien hectáreas en el paraje Los Nogales, ubicado entre las localidades de Yala y Lozano, en la provincia de Jujuy. El desalojo ha generado indignación y controversia, dado que la familia Colqui Canchi había obtenido previamente fallos judiciales a su favor, reconociendo su posesión legítima de las tierras.
Antecedentes judiciales: Fallos ignorados
En 2016, los tribunales jujeños de primera y segunda instancia, y posteriormente la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, resolvieron a favor de los Colqui Canchi en la disputa por la posesión de la finca Los Sauces. Sin embargo, estas sentencias fueron dejadas de lado el pasado viernes cuando el fiscal Diego Cussel llegó con la policía jujeña a la propiedad con una orden de desalojo emitida por el juez de Control Martín de Athayde Moncorvo.
Una orden controvertida
El abogado Miguel Ángel Villagrán, quien representa a la familia Canchi, explicó que la orden de desalojo se basó en un pedido previo realizado en 2018 por el juez, ahora jubilado, Isidoro Cruz. Este juez, en su momento, consideró verosímil la denuncia de la familia Martiarena, quienes alegaron que los Colqui Canchi eran usurpadores recientes del catastro A-25144, del cual ellos afirman ser los titulares registrales.
Denuncias cruzadas: Martiarena vs. Canchi
Los descendientes de José Humberto Martiarena, ex gobernador jujeño y ex legislador nacional, presentaron una denuncia penal acusando a los Colqui Canchi de usurpar las tierras. Aseguran que las familias campesinas nunca habitaron la finca, contradiciendo lo demostrado en el proceso civil que favoreció a Teresa Canchi y sus descendientes. La familia Martiarena sostiene que los Canchi son intrusos recientes, mientras que los Canchi afirman ser legítimos poseedores desde hace más de 50 años.
El desalojo: Impacto y consecuencias
El desalojo ha tenido un impacto devastador en la familia Canchi. Erminia Colqui, una de las hijas de Teresa Canchi, describió la situación con profunda tristeza. «Estamos a la deriva. Rompieron nuestras casas, nos llevaron nuestras pertenencias a la comisaría de Yala«, relató entre lágrimas. Además, mencionó que la situación ha afectado gravemente a los niños de la familia, quienes no pueden asistir a la escuela porque han perdido todas sus pertenencias.
«Desalojaron a mi hermano y su señora, sus cuatro hijos, mi otro hermano y mi cuñada, mis dos hijos y yo«, detalló Erminia. Añadió que su madre les prestó una habitación en la finca, ya que su casa no fue afectada directamente. «Nosotros somos la quinta generación en la finca. La tranquilidad se fue cuando llegaron los de la política», lamentó.
La respuesta de la comunidad y el pedido de justicia
Tras el desalojo, la familia Colqui Canchi ha recibido apoyo de la comunidad, especialmente en forma de donaciones de alimentos, frazadas, colchones y garrafas. «Si no fuera por la gestión de la gente de derechos humanos de Jujuy, mi mamá y mis hermanos no tendrían comida ni agua», expresó una de las hermanas desalojadas.
Mientras tanto, la Policía jujeña continúa custodiando el ingreso a la finca, impidiendo la libre circulación de la familia Canchi. La familia exige justicia y denuncia que tanto el fiscal Cussel como el juez De Athayde Moncorvo han ignorado la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy que en 2016 resolvió a su favor.
El conflicto de tierras: Un problema estructural
El conflicto por la tierra en Jujuy no es un caso aislado. En toda la provincia, las disputas territoriales entre campesinos y grandes propietarios o políticos son recurrentes. En este caso, el conflicto se enmarca en una larga historia de disputas por la posesión y titularidad de las tierras en la región de las Yungas.
El abogado Villagrán argumentó que el ex legislador jujeño José Luis Martiarena «entorpeció la investigación y destruyó elementos de prueba», refiriéndose a la importancia de preservar el inmueble como objeto del delito en una causa por usurpación. Villagrán aclaró que los Canchi no reclaman la posesión de las 500 hectáreas completas del catastro, sino aproximadamente una quinta parte de esa superficie.
Irregularidades en el proceso judicial
El abogado Villagrán ha señalado varias irregularidades en el proceso de desalojo. Según él, el juez Martín de Athayde Moncorvo no tuvo en cuenta los procedimientos establecidos en el Código Procesal Civil para proteger el interés superior de niños, niñas, adolescentes e incapaces. «El juez constató que había menores, pero no le dio participación al Ministerio Público de la Defensa«, explicó Villagrán. En cambio, se involucró a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Jujuy, que según Villagrán, no tiene competencia en estos casos.
El impacto en los niños y adolescentes
Entre los descendientes de la familia Canchi, hay 11 niños, niñas y adolescentes, uno de ellos con discapacidad motriz y otro con trastorno del espectro autista. El abogado resaltó la gravedad de la omisión por parte del juez, ya que no se tomaron los recaudos necesarios para proteger a estos menores durante el desalojo.
«En las imágenes que circularon de momentos previos al desalojo, se ven uniformados rodeando a menores de edad que resultan atrapados contra una reja. Es una situación penosa y una imagen que nos remonta a otras épocas», señaló Villagrán.
Una lucha que continúa
La familia Colqui Canchi continúa su lucha por recuperar sus tierras y hacer valer los derechos reconocidos por la justicia en 2016. Este caso pone de manifiesto las tensiones y desigualdades en el acceso a la tierra en Jujuy, donde las familias campesinas a menudo se encuentran en desventaja frente a poderosos actores políticos y económicos. La demanda de justicia sigue viva, y la comunidad observa con atención el desarrollo de este conflicto que, lejos de resolverse, parece estar en una fase crítica. (Con información de Página/12)
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