Desde 2017, Jujuy enfrenta una problemática creciente: el cierre de escuelas rurales, con un impacto directo en comunidades indígenas y sectores vulnerables. Según estimaciones, más de 60 instituciones educativas han dejado de operar debido a decisiones políticas y administrativas que priorizan la reducción de costos sobre las necesidades sociales y educativas.
La nuclearización de establecimientos y la falta de designaciones docentes para el 2025 agravan la situación, dejando en incertidumbre el futuro educativo de cientos de niños y niñas en regiones de la puna y quebrada.
Impacto en comunidades indígenas y rurales
El cierre de escuelas afecta principalmente a las localidades más aisladas y desfavorecidas de Jujuy, como Paicone, Molulo, y Rodeo. Estas comunidades, integradas en su mayoría por pueblos indígenas, dependen de las escuelas rurales no solo como centros de enseñanza, sino como puntos de cohesión social. Catalina Vargas, docente de la Escuela Primaria Nº 103 de Coyahuaima, expresó: “Las escuelas rurales son el núcleo de las comunidades. Cuando se cierran, los niños y adultos se sienten marginados. Es como si se les negara un derecho fundamental”.
Las decisiones administrativas afectan tanto a instituciones de nivel inicial como primario. Según la resolución 2914 del Ministerio de Educación, en 2025 no se cubrirán vacantes en escuelas con baja matrícula. Esto incluye 106 instituciones educativas, de las cuales 27 corresponden a la Región II (Tilcara, Maimará, y Humahuaca), 24 a la Región VII (Abra Pampa), y 22 a la Región I (La Quiaca).
La controversia de la nuclearización
El plan de nuclearización propuesto por el Ministerio de Educación consiste en fusionar instituciones y grados en zonas con menor matrícula estudiantil. Aunque la medida busca optimizar recursos, genera incertidumbre y rechazo en las comunidades afectadas. Según Vargas: “Los niños construyen su identidad a través de su entorno y su comunidad. Al ser obligados a trasladarse, pierden esa conexión. Es una vulneración de derechos”.
El modelo educativo propuesto también compromete el acceso al derecho a la educación para muchos niños, especialmente aquellos que viven en localidades alejadas o sin medios de transporte adecuados.
El incumplimiento del Pacto Social por la Educación
En 2018, el gobierno de Jujuy, bajo la gestión de Gerardo Morales, destinó un préstamo de 300 millones de dólares para proyectos educativos, incluyendo la construcción de nuevas escuelas y capacitación docente. Sin embargo, el reciente ajuste contradice estos compromisos, perjudicando a más de 60 comunidades al cerrar instituciones educativas.
Además, la falta de cobertura para cargos docentes genera preocupación entre los habitantes locales. Muchas familias temen que, sin escuelas cercanas, se vean obligadas a migrar o a retirar a sus hijos del sistema educativo.
Repercusiones sociales y educativas
El cierre de escuelas rurales no solo afecta a los estudiantes, sino también a las comunidades en su conjunto. Las instituciones educativas rurales cumplen un rol esencial en la transmisión de valores culturales, la formación comunitaria, y el desarrollo de habilidades prácticas. Según Vargas: “Los niños se sienten discriminados al ver cómo su escuela desaparece. Esto genera un impacto emocional y social que compromete su desarrollo”.
Además, esta decisión pone en riesgo la continuidad educativa en contextos de alta vulnerabilidad. Los alumnos que no pueden trasladarse a otras escuelas enfrentan dificultades para completar su formación, aumentando las tasas de deserción escolar.
Respuestas y movilizaciones
El pasado fin de semana, comunidades indígenas realizaron una asamblea en Chocoite para abordar la problemática. Los asistentes, incluyendo padres y docentes, repudiaron las medidas del gobierno provincial. Una de las comuneras declaró: “Estamos aquí por el presente y futuro de nuestros niños. Decimos no al cierre de nuestras escuelas”.
El reclamo se centra en garantizar el acceso igualitario a la educación y en la necesidad de políticas que consideren las realidades de las comunidades rurales e indígenas. Sin embargo, hasta el momento no se han obtenido respuestas concretas por parte del Ministerio de Educación.
La educación como derecho fundamental
El cierre de escuelas rurales en Jujuy es un tema urgente que pone en cuestión los compromisos políticos en materia educativa y los derechos de las comunidades más vulnerables. La ausencia de medidas inclusivas y la falta de diálogo con los afectados agravan la situación, dejando a cientos de niños y niñas sin acceso a una educación adecuada.
Garantizar el acceso a la educación es un derecho fundamental que debe ser protegido, especialmente en regiones donde las escuelas rurales son el único medio para alcanzar oportunidades de desarrollo y cohesión social. La sociedad y el gobierno deben trabajar en conjunto para encontrar soluciones que prioricen el bienestar de los niños y las comunidades.
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